LA PAZ, lunes, 11 junio 2007 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Bolivia difundió el pasado 9 de junio su propuesta dirigida a la Asamblea Constituyente en la que rechaza la posibilidad de que el Estado se declare confesional, pero pide que el nuevo ordenamiento jurídico respete la profesión de fe tanto en el ámbito colectivo como privado.
La propuesta de la Conferencia Episcopal de Bolivia recuerda que la institucionalidad de la Iglesia católica está amparada por el Derecho Público Internacional y las otras Iglesias, por el derecho privado nacional, en virtud de que la Iglesia católica forma parte de la Santa Sede.
El documento se hizo público después de que el cardenal Julio Terrazas exhortara en su homilía de Corpus Christi, este domingo, a los creyentes a que pierdan el temor de hablar de su fe, y dijo que era necesario que las personas asuman el desafío de cambiar los momentos de dolor.
El Coordinador de la Representación de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ante la Asamblea Constituyente, Juan Carlos Velásquez Silvestre, sostiene en la propuesta, que la Santa Sede está reconocida en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que como cualquier otro Estado, tiene su representación diplomática en el Nuncio Apostólico.
Esta es una reafirmación de la separación entre Estado e Iglesia católica, sin embargo, su doctrina social destaca que «la recíproca autonomía de la Iglesia y la comunidad política no comporta una separación tal que excluya la colaboración».
Remarcó que la Iglesia contribuye al Estado desde un papel subsidiario, que no comporta renunciar a su misión, mediante obras sociales como educación, salud, hogares y otros campos del desarrollo humano.
Cita como ejemplo Santa Cruz, donde existen 450 obras de educación, más de 250.000 alfabetizados en 30 años de trabajo de IRFACRUZ, 38 obras de salud, 36 hogares administrados por congregaciones religiosas, 10.000 personas que diariamente acuden a los comedores populares y un centenar de proyectos de desarrollo social rural y urbano que representan ingentes recursos financieros y humanos.
Dice que por eso, la Iglesia pretende como garantía para la continuidad de estos servicios, el reconocimiento constitucional de su estatus jurídico, en cuyo marco puede suscribir convenios con el Estado relativos a obras sociales y al desarrollo social, al igual que con otras Iglesias y denominaciones religiosas reconocidas conforme a ley.
A tiempo de justificar que es posible un acuerdo, aclara que la Iglesia, para allanar la actual coyuntura constituyente, está renunciando implícitamente al sostenimiento estatal, que en la actual redacción constitucional la hace aparecer «oficial», aunque en la práctica resulta simbólico, ya que según una ex autoridad pública, representa aproximadamente 120.000 dólares anuales que recibe del Estado.
Asume el derecho fundamental y universal de la libertad religiosa bajo el principio de igualdad y pluralidad religiosa, sin pretensión de privilegio religioso alguno.
No pretende privilegio religioso alguno, pero pide que la nueva Constitución refleje la realidad religiosa del pueblo boliviano, no para que el Estado se reconozca confesional ni buscando ningún efecto jurídico, sino sólo como establecimiento de la memoria y relevancia histórica.
En su planteamiento señala que la Iglesia católica cree y espera que prime la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano, el reconocimiento de los Derechos Humanos, el respeto a los valores y principios universales y el establecimiento de una nueva Constitución que sólo será legítima, si incorpora el sistema de creencias de más del 90% de la población boliviana.
Concluye señalando que la Iglesia reconoce una gran oportunidad de apertura a la esperanza en la Asamblea, que mueve a tender puentes de encuentro y reconciliación, de diálogo, transparencia y búsqueda de consensos indispensables para una democracia verdadera, en la que todos podamos ejercer en libertad los derechos y obligaciones.
