SAN BERNARDINO, viernes, 15 junio 2007 (ZENIT.org–El Observador).- Las comisiones de movilidad humana de las conferencias episcopales de México y Estados Unidos, han emitido un comunicado conjunto sobre la reforma migratoria integral que pretende la Iglesia católica para los cerca de los 12 millones de latinoamericanos que se encuentran viviendo y laborando en Estados Unidos.
Recientemente, el senado de este país refutó la posibilidad de una reforma migratoria comprehensiva, que estaba promoviendo el propio presidente George W. Bush. A raíz de este acontecimiento, ambas conferencias episcopales se han reunido en la ciudad de San Bernardino, California, para definir la situación y la postura de la Iglesia.
Por su interés, Zenit-El Observador publica el documento en su integridad.
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En el 2003, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y la Conferencia del Episcopado Mexicano publicaron una carta pastoral conjunta, «Ya no Somos Extranjeros: Juntos en el Camino de la Esperanza», la cual demanda reformas integrales en las leyes migratorias de los Estados Unidos y México.
Siguiendo lo planteado en esa carta pastoral y en un espíritu de solidaridad, nosotros, los presidentes del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos y la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ofrecemos nuestros puntos de vista en relación a la situación de la legislación sobre la reforma migratoria integral ante el Congreso de los Estados Unidos.
De parte de nuestras dos Conferencias Episcopales, exhortamos al Senado de los Estados Unidos a que apruebe, lo antes posible, un proyecto de ley para una reforma migratoria integral y justa. Se debe prestar particular
atención en la legislación para mejorar los programas de legalización y trabajadores temporales y preservar la unión familiar.
El asunto de la reforma migratoria impacta la dignidad, los derechos y las vidas de los seres humanos. Los migrantes continúan sufriendo explotación, abuso y hasta la muerte al tratar de encontrar empleos y proveer manutención a sus familias. La justicia demanda un rechazo a un status quo inmoral y que se logre una reforma humana a las leyes migratorias de los Estados Unidos.
Exhortamos también al gobierno mexicano a que adopte reformas económicas que originen empleos que proporcionen salarios que provean manutención para los obreros mexicanos no calificados. Los ciudadanos mexicanos y sus familias no deben enfrentar la opción de vivir en la pobreza o emprender un camino peligroso y costoso a los Estados Unidos para encontrar empleo. Deben tener la opción de proveer lo necesario a sus familias en sus lugares de origen.
Nuestros dos gobiernos deben colaborar para poner fin al sufrimiento que afecta a los migrantes en nuestros dos países. Este sufrimiento debe terminar. Los migrantes son prenda de un sistema binacional «de facto» que beneficia económicamente a ambas naciones a costa de los derechos que Dios ha dado a nuestros hermanos como seres humanos.
La Iglesia Católica en los Estados Unidos y México persiste en su compromiso de defender los derechos de los migrantes en ambos países. Continuaremos luchando por ellos hasta que se haga justicia.
Acordado el 11 de junio de 2007 en San Bernardino, California.
Monseñor Gerald R. Barnes
Obispo de San Bernardino, California
Presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos.
Monseñor Rafael Romo Muñoz
Arzobispo de Tijuana, México
Responsable de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la
Conferencia del Episcopado Mexicano.
Monseñor John C. Wester
Obispo de Salt Lake City, Utah
Miembro del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos
Monseñor John Manz
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago, Illinois
Consultor del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos.
Monseñor Gustavo Rodríguez Vega
Obispo Auxiliar de Monterrey
Presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social en México
