El cardenal Rouco afirma que «Educación para la Ciudadanía» es «anticonstitucional»

En su conferencia de clausura del curso «Educación para la Ciudadanía», organizado por la Fundación García-Morente y la Universidad CEU San Pablo, titulada «Reflexión teológica y jurídica sobre la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía», el cardenal Rouco señaló que sería bueno recordar experiencias históricas recientes de Europa y España en las que Estado ha entrado directamente a regular elementos tan trascendentes de la persona, en contra del Estado de Derecho, porque «el sistema queda gravemente dañado».

Según informa «Análisis Digital», para el cardenal Rouco, «Educación para la Ciudadanía» «es una asignatura, tal y como se presenta, anticonstitucional».

En este sentido, señaló que el Estado es «implícitamente el responsable de la formación moral de los jóvenes» vulnerando así el artículo 27.3 de la Constitución española que dice que el titular del derecho a la educación moral de los hijos son los padres.


Análisis Jurídico
Destacando la necesidad de conocer la asignatura desde la instancia que la ha ordenado, hizo un análisis jurídico y ético sobre la misma. Desde el punto de vista jurídico, afirmó que «la Constitución está por encima de todos los órganos del poder del Estado y la obediencia es de todos; gobernantes, legisladores y jueces», pero, lamentó que la ley que regula «Educación para la Ciudadanía» es una ley orgánica (LOE) que la introduce «de forma sobria» puesto que no se dice en qué consiste la asignatura y si uno quiere conocer más datos tiene que leerse el preámbulo, donde se recoge la intención del legislador.

Se refirió, además, a los Reales Decretos que la regulan y destacó que «no se trata de educar al ciudadano, sino que se trata de educar al hombre, a la totalidad de la persona humana». «La educación de la persona –agregó- se la concibe de una forma determinada, por lo menos por omisión. Se omite toda dimensión trascendente de la persona. El hombre camina en un horizonte sin referencia y sin coordenadas. Sin sentido moral, sin sentido ético, que va más allá de la realidad mundana».

El cardenal Rouco dijo, también, que no se trata sólo de enseñar y transmitir conocimientos sobre lo que es el hombre, sino que se trata de educar en la práctica de que es ese horizonte y aseguró que «es una asignatura que visto sus principios, sus objetivos, su programación a las competencias básicas y criterios de evaluación, es una doctrina sobre el hombre vistas también desde el punto de vista individual». «Una cosa es la moral social y otra la moral personal, diferenció». Así, argumentó que «el Gobierno tiene que entrar en la educación subsidiariamente».

Análisis ético
Desde el punto de vista del análisis ético, defendió que la educación moral de la persona está «estrechamente unida a los padres que le han dado la vida y todo intento de romper esto, es causar un grave daño a la persona». «El derecho de los padres es anterior al Estado», apostilló.

A su juicio, introducir obligatoriamente la educación moral de la persona, «tan fundamental, sin contar con el libre consentimiento de los padres de familia, es éticamente rechazable». «Cuando el Estado -añadió- éticamente se justifica porque es un ejercicio del poder para el bien común, pero cuando se sale de ese marco, el Estado deja de ser justo».

Frente a ello, propuso reaccionar responsablemente y manifestó que, «sin necesidad de cambiar la ley, se podría obtener otra asignatura, calificarse de opcional o convertir el programa en verdadera educación cívica y no doctrinal». Si no se consigue, explicó que los afectados tendrían que recurrir a lo que mismo Estado de derecho provee: recursos administrativos y contencioso-administrativos.

Sin embargo, si estos recursos tampoco funcionan, recordó que se puede recurrir a la objeción de conciencia por parte de los padres de familia y de los titulares de los centros con ideario propio, inspirados en la visión cristiana del mundo de la vida o de otra confesión diferente. Para ello, aludió a la nota de los obispos en la que «invitan a usar todos los medios legítimos para modificar ‘Educación para la Ciudadanía’».

«Los titulares de los colegios con ideario católico –agregó- tienen que tener en cuenta la calificación jurídica y ética de esta asignatura, que implica, a juicio de la CEE, una infracción o no respeto de derechos fundamentales de la persona y el juicio de inconstitucionalidad así como la posibilidad práctica de que la asignatura sea compatible con el ideario suyo. Hay un deber de solidaridad de los colegios con ideario con los demás».

En un coloquio posterior con los periodistas, el cardenal Rouco recordó que en los Reales Decretos los contenidos están anunciados de una forma muy genérica «por lo que son susceptibles de tratamientos diversos» pero ahondó en que el problema es que el Estado imponga una asignatura de esa naturaleza. «Es un problema moral y ético grave», subrayó. Así, señaló que una democracia que funciona bien se fundamenta en el conocimiento previo de esas cuestiones fundamentales y no las pone en cuestión. A su entender, no se puede pensar que el proceso electoral puede ir bien si las personas no tienen sus derechos reconocidos previamente.

«La asignatura, tal y como está configurada en la ley, el Gobierno la ha desarrollado de una forma no constitucional sin necesidad jurídica», concluyó.