LAGO DE GUADALUPE, jueves, 23 de abril de 2009 (ZENIT.org–El Observador).- El sacerdote italiano Luigi Ciotti, presidente de la asociación antimafia Libera, recomendó a los obispos mexicanos que fomenten la participación comunitaria para combatir los estragos que el crimen organizado ha dejado en las comunidades más sencillas de la población, según lo ha reproducido la página oficial de la Confrerencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En el marco de la 87 Asamblea Plenaria de la CEM, el sacerdote italiano fue muy claro al asegurar que «la sociedad civil debe ser quien administre los recursos incautados al crimen organizado y no el Estado mismo pues es la comunidad la que sabe la mejor manera de utilizarlos en beneficio de todos, en la prevención del crimen y la exploración de nuevas vías económicas que corten el ánimo de jóvenes de enrolarse en las mafias mexicanas».
«Los recursos incautados a la mafia debieran ser manejados, como en Italia, por sociedades civiles y que ellas mismas sean las encargadas de utilizarlos para financiar cooperativas o para proyectos ciudadanos», aseguró Ciotti ante los obispos tal y como ya había expresado ante legisladores del Distrito Federal esta misma semana.
Recientemente fue aprobada en México la Ley Federal de Extinción de Dominio, con la cual el Estado podrá incautar los bienes y los recursos provenientes del crimen organizado y crear un fondo para reparar el daño económico causado a las víctimas.
El sacerdote italiano mencionó que en el caso particular de Italia las autoridades solamente se encargan de incautar los bienes a la mafia pero que al final, dijo, «la sociedad es la que hace uso de sus recursos» y, claramente, la Iglesia tiene los mecanismos, las instancias y la experiencia idónea para participar de estos recursos en la reconstrucción del tejido social.
Según informaciones oficiales, en México operan seis carteles de las drogas que, se calcula, obtienen miles de millones de dólares por el trasiego de drogas a Estados Unidos y en la conformación de un mercado activo y demandante de enervantes en el país.
