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Apr 28, 2009 00:00
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BOGOTÁ, martes, 28 abril 2009 (ZENIT.org).- El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Rubén Salazar Gómez, aseguró que es necesario atender las causas que generan el desplazamiento forzado en el país, para dar una respuesta efectiva a esta problemática.
El anuncio se hizo en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), en el marco de la realización del Seminario "Tierras y Desplazamiento Forzado", que forma parte de los informes de verificación en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, sobre los derechos de la población desplazada.
"La Corte constitucional ha planteado muy bien unas exigencias, que el Gobierno tendría que tenerlas más en cuenta. Nosotros estamos permanentemente llamando la atención sobre todo lo que implica la atención a los desplazados. Y por lo tanto en la medida de lo posible pidiendo al Gobierno que cumpla con sus responsabilidades", aseguró monseñor Salazar Gómez en diálogo con los periodistas, según informa la CEC.
"Somos conscientes que no es fácil porque es un número considerable de desplazados y por lo tanto las exigencias de reparación son altísimas. Se habla que el año pasado hubo cerca de trescientas mil personas desplazadas. Los problemas del país continúan y mientras no haya una solución a fondo de esta problemática seguirá habiendo desplazados", afirmó el presidente de la CEC.
Aprovechó para hacer un llamamiento al Gobierno nacional a tomar conciencia de la situación y a analizar las causas de fondo de esta problemática. "Si seguimos atacando sólo el efecto, que es el desplazamiento mismo, indudablemente que va a seguir presentándose y el problema va a ser cada día más grave", agregó.
Por su parte, el senador Juan Fernando Cristo, quien estuvo presente en el Seminario en la sede del Episcopado, criticó la manera como el Gobierno ha manejado el problema del desplazamiento.
Explicó que además de los miles de desplazados, le preocupa que haya seis millones de hectáreas de tierras en poder de los actores violentos.
"No hay política alguna de desplazamiento que pueda solucionar esta tragedia colombiana, si no hay una política de devolución de las tierras a esos desplazados y una política de retorno al campo de esos desplazados y garantía de no repetición por parte de los grupos armados al margen de la ley. Eso es lo que el Estado colombiano hoy no está en capacidad de ofrecer en muchas zonas del país", dijo el senador Cristo.
Agregó que el Gobierno pretende que "con un presupuesto oficial, unas colchonetas, unos mercados, una comida y una atención mínima, está resolviendo el problema del desplazamiento en Colombia. El problema es mucho más integral y amplio, más grave, atraviesa el conflicto armado. Es el despojo a las tierras de los desplazados".
Por solicitud de la Corte Constitucional, desde el año 2007, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, ha venido desarrollando una serie de informes de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
La Comisión de Seguimiento está integrada por el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS/Cáritas Colombiana); la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Plan Internacional; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Viva la Ciudadanía; y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
El Seminario se hizo en el Auditorio Regina Apostolorum con la participación de representantes del Congreso, la Iglesia Católica, académicos, líderes sociales y miembros de la comunidad internacional, quienes presentaron sus reflexiones sobre los derechos de la población desplazada, el despojo de tierras y la reparación a las víctimas del desplazamiento, y la aplicación de políticas públicas idóneas y eficaces.