ROMA, domingo, 14 junio 2009 (ZENIT.org).- La situación de los derechos humanos en China ha sido, una vez más, el foco de atención al conmemorarse el 20 aniversario de la represión sangrienta de las protestas pro democracia en la Plaza de Tiennanmen de Pekín.
La mayor parte de los medios se ha centrado en los derechos civiles y políticos, pero la negación del derecho de las familias a elegir cuántos hijos quieren sigue oprimiendo a muchos chinos.
El 7 de mayo, LifeNews.com publicaba un reportaje detallando los resultados de una investigación encubierta de Colin Manson en China.
Las multas por tener un hijo ilegal son ahora de tres a cinco veces los ingresos de la familia, informaba LifeNews. No es de sorprender que, cuando las parejas se enfrentan con la perspectiva de tal multa, muchas consientan en abortar o ser esterilizadas.
Según Mason, en la provincia de Guangxi, los bebés que nacen fuera de los límites establecidos por el gobierno son recogidos bajo la custodia de los funcionarios del gobierno, quienes se los quedan hasta que los padres son capaces de pagar las fuertes multas.
El 15 de febrero el Times de Londres informaba de que las fuertes restricciones del gobierno están provocando amplias protestas.
Según el reportaje, los medios chinos y los comentaristas de internet están rompiendo las restricciones para informar de los abusos en el control de nacimientos.
Entre los abusos, el Times mencionaba que las mujeres que ya tienen un hijo se enfrentan a tests de embarazo regulares, así como a la presión de ser esterilizadas. Los medios utilizados para obligar a las mujeres van desde penas económicas hasta la amenaza de ser despedidas de sus puestos de trabajo.
Aborto a la fuerza
Un caso mencionado por el Times era el de Zhang Linla, que cometió el error de quedarse embarazada cuando ya había tenido una niña. Sólo seis días antes de la fecha en que tenía que dar a luz fue sometida a un aborto forzado.
El artículo mencionaba otros ejemplos que implicaban esterilizaciones forzados y bebés vivos que se han dejado morir.
El 17 de noviembre, la página web Christian Post informaba del caso de Arzigul Tursun, una mujer musulmana uigur que se enfrentó a la amenaza de un aborto a la fuerza. En el momento del artículo estaba embarazada de seis meses y las autoridades la presionaban para que abortase puesto que ya tenía dos hijos.
El 5 de octubre, el periódico South China Morning Post publicaba un largo artículo relatando las medidas coercitivas a las que se enfrentan las parejas que no obedecen las estrictas leyes de planificación familiar.
El artículo detallaba la naturaleza invasiva de las restricciones a las familias. Cada pareja casada tiene que responder ante la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar. Cada aldea y cada calle en las ciudades están supervisadas por una clínica de planificación familiar controlada por esta Comisión.
Según el periódico, hay oficialmente 650.000 personas empleadas para imponer las leyes de planificación familiar. Sin embargo, estimaciones no oficiales dice que el número verdadero supera el millón.
El South China Morning Post daba el ejemplo de Jin Yani, que fue sometida a un aborto forzado por su incumplimiento de los estrictos límites. El aborto se llevó a cabo de forma tan brutal que estuvo en peligro de muerte y pasó 44 días en el hospital, como consecuencia. A resultas de lo ocurrido nunca podrá volver a concebir.
Según el artículo, las autoridades pueden actuar sin control en las zonas rurales y emplean métodos brutales, que incluyen la destrucción de las casas y las esterilizaciones forzadas.
El periódico citaba a Mark Allison, investigador para el Este asiático de Amnistía Internacional, quien afirmaba que los abortos forzados siguen siendo algo común.
Castigos
El 22 de mayo, el South China Morning Post informaba de que las autoridades del gobierno habían renovado su determinación de hacer cumplir los estrictos límites de planificación familiar. Entre las medidas recientes anunciadas están la distribución libre de anticonceptivos a los trabajadores emigrantes, y el aumento de los castigos por los niños extra.
Las reglamentaciones revisadas de planificación familiar fueron hechas públicas por el Consejo de Estados que anunció que las multas impuestas a los trabajadores emigrantes que violasen la política de un solo hijo serían determinadas en base a lo que pudieran ganar en el lugar en que trabajasen, en lugar de hacerlo de acuerdo a los niveles de ingresos de sus lugares de origen.
Al fijar la multa por quebrantar la ley de planificación familiar en la ciudad donde están viviendo dará lugar a penas más altas.
Los incentivos por seguir las restricciones oficiales incluyen días de vacaciones adicionales para quienes esperen hasta tener más edad para tener hijos, o para aquellos que voluntariamente se sometan a esterilización. Las parejas obedientes también recibirán un tratamiento preferente de las autoridades al poner a funcionar negocios propios o recibir ayuda social.
Estas restricciones van en contra de lo que quieren la mayoría de las mujeres chinas, como admiten incluso los funcionarios del gobierno. Según un reportaje de la BBC el 16 de enero, los funcionarios chinos de planificación familiar afirman que sus investigaciones muestran que el 70% de las mujeres quieren tener dos o más hijos.
Según la BBC, la investigación se llevó a cabo en el 2006, pero sólo se ha hecho pública ahora. Según la encuesta, la mayoría de las mujeres – el 83% – quieren un hijo y una hija.
Menos chicas
Aparte de los abusos cometidos por las autoridades, otro grave problema es la peligrosa diferencia en el número de chicos y chicas que nacen. Una combinación de preferencia tradicional por tener al menos un niño, más las restricciones en los nacimientos, ha dado lugar a que millones de niñas hayan sido abortadas.
Según un reportaje el 10 de abril de Associated Press, los últimos datos revelan que China tiene 32 millones de hombres jóvenes más que mujeres.
Las estimaciones provienen de un informe publicado en el British Medical Journal. Se espera, además, que este desequilibrio empeore en los próximos años.
El estudio mostraba que China tiene 119 nacimientos masculinos por cada 100 femeninos, comparados con los 107 por cada 100 de los países industrializados.
El estudio encontró que el mayor desequilibrio chico-chica está en el grupo de edad de 1 a 4 años – lo que significa que China tendrá que enfrentarse a los efectos de esto cuando los niños alcancen la edad reproductiva dentro de 15 a 20 años.
Aunque el gobierno ha prohibido el uso de pruebas de ultrasonido para determinar el sexo del feto, es algo que todavía es muy común.
Las consecuencias de la falta de chicas ya se están experimentando, como informaba el 31 de mayo el Sunday Times. El periódico informaba del creciente nivel de secuestros de chicas jóvenes. Las chicas son secuestradas para ser esposas de hombres en las regiones donde ha habido una grave falta de nacimientos de niñas.
El artículo afirmaba que el ministerio de seguridad pública admite que de 2.000 a 3.000 niñas y mujeres jóvenes son raptadas cada año, pero los medios locales elevan la cifra hasta las 20.000.
Una página web creada para que los padres puedan exponer los detalles de sus hijas desaparecidas tiene información de más de 2.000 familias. Son pocas, sin embargo, las esperanzas de que estos secuestros se resuelvan. Después de dos años, esta página sólo ha resuelto siete casos.
Principios esenciales
El aniversario de Tiennanmen ha tenido lugar poco después de que las Naciones Unidas conmemorasen el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El arzobispo Silvano Tomasi, observador p
ermanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, trataba el tema de los derechos humanos en un discurso pronunciado el 12 de diciembre.
«Al hablar del derecho a la vida, del respeto por la familia, del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, de la libertad de religión y conciencia, de los límites de la autoridad del Estado ante los valores y derechos fundamentales, no se está diciendo nada nuevo o revolucionario», comentaba.
Los derechos humanos no son simples accesos a privilegios, apuntaba el representante Vaticano. Desgraciadamente en China y otros países los derechos básicos de la familia no son respetados aún, una situación que clama que se rectifique.
Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado
