LA PAZ, martes 28 de septiembre de 2010 (ZENIT.org).- En un momento en que en Bolivia se debate un proyecto de ley contra el racismo y la discriminación, la Conferencia Episcopal advirtió este lunes, en un comunicado, que esta norma “produce inseguridad jurídica” y “corre el riesgo de judicializar la opinión pública”. La Iglesia pide evitar “la imposición de un pensamiento único”.
El comunicado es una respuesta a la invitación del Gobierno a manifestar opiniones y aportar con criterios al proyecto de ley contra el racismo y la discriminación que se está gestando.
La Conferencia Episcopal expresa su deseo de “recomendar el análisis de la propuesta, aportar a una reflexión crítica y positiva, y advertir sobre algunos riesgos que pueden resultar de su aprobación y aplicación, todo ello con miras a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria”.
Todo Estado democrático, indica “debe garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno de sus derechos y la seguridad jurídica de que podrá expresar libremente sus opiniones, sin afectar los derechos de los demás, de que no será juzgado por hechos que no estén claramente determinados, ni perseguido sin justa causa”.
“Esta condición –añade- permitirá una pacífica y armónica convivencia, necesaria para toda sociedad organizada”.
La Iglesia, señala el comunicado, “por principio rechaza toda forma de discriminación y racismo, conductas que vulneran la libertad e igualdad de las personas, y fundamenta su compromiso en la ley natural universal y en los valores propios de nuestras culturas, porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza y, por lo tanto, iguales en dignidad (cf. Gen 1, 26)”.
El compromiso por una sociedad que supere formas de discriminación, advierten los obispos, “no puede anteponer los intereses de unos sobre otros, sino que debe buscar construir una sociedad donde ‘todos sean uno’ en el respeto de la diversidad (cf. Jn 17, 21)”.
En este sentido, los prelados bolivianos advierten que “la forma en la cual ha sido planteado el contenido del proyecto de ley da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas, que no cuentan con un parámetro claro de cuáles son las conductas que serán calificadas y juzgadas como discriminatorias, base fundamental para regular la conducta de un pueblo”.
La capacidad de interpretación que se delega a las autoridades públicas, advierten, “deja abierta la posibilidad de innumerables vulneraciones de derechos y rompe la lógica jurídica de la seguridad que todo estado de derecho debe brindar”.
Aunque reconocen que “es necesario luchar contra actitudes discriminatorias” en la sociedad boliviana, afirman que “es importante garantizar que cualquier legislación al respecto sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación en valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales”.
“Lo contrario –indican- supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático”.
Según la Iglesia, el proyecto que actualmente es objeto de debate legislativo “corre el riesgo de judicializar la opinión pública que es por definición libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad y cuya función es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente con relación al poder constituido. Con la aprobación de esta ley desaparecerá el ejercicio democrático de este derecho”.
El alcance y consecuencias de la ley exigen, según los obispos, que “ pueda ser suficientemente difundida, socializada y consensuada, a través del debate social y abriéndose a los aportes de todas las organizaciones vivas de una sociedad”.
“Una consideración parcial, acrítica y precipitada sólo generará malestar social y resistencia”, puntualizan.
Y concluyen llamando a la ciudadania, como Iglesia católica, “a interesarse por el contenido, alcances y consecuencias de una ley que, si bien pretende aportar a la erradicación de prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, tal como está redactada entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales”.
