AYAVIRI, sábado 26 de febrero de 2011 (ZENIT.org).- Publicamos la carta pastoral que ha enviado monseñor Kay Schmalhausen Panizo SCV, obispo prelado de Ayaviri, en Perú, en pleno debate sobre el aborto con motivo de la actual campaña electoral que vive el país.
La presencia de la Iglesia en el debate público
y algunos criterios éticos con relación a la propuesta de legalización del aborto
Queridos hermanos,
En el debate público con ocasión de las próximas elecciones presidenciales y congresales se han puesto a consideración por parte de algunos candidatos ciertas propuestas de profundas implicancias morales, con la posibilidad de serias consecuencias sociales en lo que concierne al futuro de nuestra nación. Es positivo que en los procesos democráticos de cada nación puedan exponerse y debatirse temas de orden político, económico, social y moral. Esto además de resultar sumamente positivo, requiere de madurez democrática y altura intelectual.
Algunas de las propuestas mencionadas y sacadas a luz con cierta ligereza en el debate político, no deberían ser tocadas simplemente de un modo superficial y por la conveniencia del momento. Exigen un debate serio y profundo que esclarezca tanto los principios más hondos sobre los que se quieren fundamentar así como las consecuencias sociales y morales que conllevarían para el Perú.
1. La participación de la Iglesia en el debate público:
En los últimos meses se ha criticado la intervención de la Iglesia al pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que son de interés nacional, advirtiendo de los graves riesgos morales y sociales que conllevan las propuestas. Hablamos de las legalizaciones del aborto, de las uniones homosexuales equiparadas al matrimonio y de la comercialización y consumo de drogas.
Se dice que la Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos de política. Participar en el debate de ideas y decisiones que conciernen al interés de todos los ciudadanos, no es hacer política partidaria. La finalidad de los debates públicos es la de escuchar el aporte de los ciudadanos y atendiendo a sus ideas conocer las necesidades, inquietudes y propuestas de cara al futuro del país. Un debate en que no se escuche con respeto al que asume una posición diversa ni se sea capaz de razonar sobre las ideas de su oponente sería más bien un monólogo y tiene el peligro de convertirse en una dictadura de las ideas.
La Iglesia Católica, parte integrante desde los comienzos de la historia y la vida social de nuestra nación, tiene el derecho -como lo es de toda institución o persona -de pronunciarse al respecto de las cosas públicas, en este caso las que atañen a la fe y moral de los católicos, siempre en fidelidad a las enseñanzas de su Maestro, no faltando en nada ni contra nadie al hacerlo en espíritu de verdad y con caridad. Esta enseñanza pública de la fe y la moral es constitutiva a la misión de la Iglesia y no constituye agravio a nadie.
Resulta por lo menos incoherente que se quiera acallar la voz de la Iglesia cuando, sin pretender inmiscuirse en asuntos de política partidaria, se pronuncia con una clara visión del hombre y de la sociedad, sobre temas que pueden contrariar gravemente los derechos fundamentales del ser humano o atentar contra aspectos inherentes a su naturaleza, su altísima dignidad y su vocación.
Más aún, una nación que se precia de su democracia al contar con la voz de la Iglesia encuentra en ella una posibilidad más de enriquecerse en su capacidad de diálogo, estimular la reflexión política y de la sociedad civil, y elevar el nivel cultural y espiritual de sus hijos. No es dable que para algunos se pida tolerancia y para otros se actúe de forma intolerante, queriendo callar una voz porque pueda incomodar.
Por otro lado, al hacer oír su voz la Iglesia cumple con la misión de instruir a los fieles católicos, que constituyen una gran mayoría de esta nación, quienes no solo tienen el deber de conocer sino el derecho de escuchar los argumentos de fe y de razón sobre las implicancias morales y sociales de temas que aparecen en el debate político nacional.
2. En cuanto a la legalización del aborto provocado.
He mencionado al inicio de esta carta pastoral tres temas de importancia aparecidos en el debate público. Quiero ahora referirme solamente al primero de los tres, el aborto, dejando los otros dos para un futuro próximo. En este sentido, con relación a la legalización del aborto los fieles católicos tengamos en cuenta en primer lugar que el «aborto voluntario o provocado» constituye siempre un grave atentado contra la vida humana y es de suyo un crimen.
Su legalización no lo convierte nunca en un acto moral indiferente ni mucho menos bueno. La ley, aunque debiera hacerlo, es de lamentar que no siempre marche al paso de la ética y los principios de la moral.
Legitimar o despenalizar el aborto tiende a anestesiar la conciencia moral de las sociedades y este crimen se disfraza bajo el ropaje de un supuesto bien para la comunidad humana. Pero la verdad es que se desampara a los seres más directamente involucrados y vulnerados: las madres gestantes y sus hijos por nacer.
Muchas veces se justifica la práctica del aborto como un asunto de salud pública. Matar los hijos en el vientre de sus madres no puede ser considerado jamás como un asunto de salud, ni debe convertirse mucho menos en política de Estado.
En las últimas décadas se ha conseguido tras fuertes presiones mediática y políticas, financiadas con cuantiosos recursos, y por medio de constantes argucias legales introducir el aborto legal en los sistemas jurídicos de muchas naciones, legitimando su práctica. Que una práctica sea común o esté amparada por la ley, no quiere decir que sea buena. Además debemos tener en claro que el aborto provocado es siempre contrario al derecho fundamental a la vida, el cual es debido a todo ser humano.
Hoy en día hay que decir en voz alta que al derecho fundamental de todo ser humano a la vida, consagrado por la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» suscrita por las naciones del orbe, le corresponde el deber inherente a todas las sociedades de protegerla y si es necesario defenderla.
En nuestra país la Constitución Política del Estado reconoce que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, por lo cual tiene derecho a la vida y a su integridad física. Por su parte el Código Civil reconoce expresamente que la vida humana comienza con la concepción y que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. Asimismo, el Código de los Niños y Adolescentes reconoce expresamente que se considera niño a todo ser humano desde su concepción y que todo niño tiene derecho a la vida desde su concepción.
Contrario a nuestras leyes se ha esgrimido muchas veces en el debate público el argumento de que el «embrión humano» no debería ser considerado un «ser humano», y por tanto no gozaría del derecho fundamental a la vida ni de su legítima defensa en caso de que se encuentre en riesgo. Debemos preguntarnos si existe alguna autoridad
que posea el derecho de quitar el estatuto de ser humano al concebido no nacido.
Los católicos, llevados por serios argumentos de razón, además de tener la firme convicción de que la vida humana es un don de Dios y en cuanto tal es intangible defendemos el estatuto de «ser humano» del niño por nacer desde el momento mismo de su concepción.
Afirmamos además que no existe ninguna autoridad humana ni es capaz el voto democrático de las mayorías para determinar el día o la hora a partir del cual el concebido pasaría a tener la categoría de persona humana o establecer la fecha antes de la cual sería catalogable como simple materia de desecho.
Los católicos todos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos, sentimos el gravísimo deber de rechazar privada y públicamente tanto la práctica del aborto como su legitimación. En este sentido los criterios y principios morales en torno al aborto provocado no son una cuestión opinable sino que obligan a los católicos a la comunión de fe y moral con la Iglesia.
Finalmente de cara a nuestro país no está demás preguntarse: ¿qué se puede esperar de una nación que legitima el asesinato de los hijos en el vientre de sus madres? ¿Qué futuro puede esperarle al Perú cuando edifica su vida social sobre leyes que amparan un genocidio que aunque callado y oculto resulta una verdadera carnicería humana de proporciones masivas? ¿Es este el Perú que queremos dejar a las futuras generaciones de nuestro país?
3. Algunas falacias sobre el aborto:
En el debate público sobre el aborto se esgrimen un sinnúmero de razones aparentes con las cuales se le quiere justificar. No siempre quedan en claro a los oyentes las argucias o falacias que entrañan y por tanto son muchos los que pueden sentir confusión. A continuación se esclarecen algunos de estos argumentos:
-Ante quienes afirman que la madre tiene derecho para decidir sobre su cuerpo dando implícitamente por sentado que el niño que llevan en su vientre es no un ser autónomo y propio sino solo una parte de su cuerpo: hay que recordar que con este argumento se ignora o quiere hacer ignorar los avances científicos que evidencian que cada embrión humano tiene un genoma o código genético propio y que éste le da el carácter de un ser único y distinto al de la madre.
-Ante quienes afirman que la madre que ha concebido un hijo como resultado de una violación tiene el derecho de no vivir traumatizada con el fruto de esa relación y de abortarlo, e invocan además para ello una supuesta razón de piedad; hay que decir que callan gravemente el hecho de que con el aborto, el primer trauma de la violación, es agravado con un segundo trauma, el del asesinato del hijo en las entrañas de la madre. Legalizar la práctica del aborto en caso de violación no constituye jamás un acto de misericordia sino una gravísima humillación y condena a la madre. Son innumerables los testimonios de mujeres que a causa del aborto provocado sufren el «síndrome post aborto» (depresión, ansiedad, insomnio, ideas suicidas y de autocastigo, sentimientos de culpa, etc.) consecuencia del trauma de ver arrebatado el hijo de sus entrañas.
-Ante quienes pretenden legalizar el aborto por razones eugenésicas, es decir que, una madre o unos padres de familia tendrían derecho de procurar el aborto de su hijo en caso que tuviera malformaciones genéticas o adoleciera de deficiencias físicas o mentales, hay que decir lo siguiente: en el actual discurso social se ha dado gran relevancia al concepto de la inclusión. Hoy constituye para todos un valor irrenunciable la inclusión de las minorías marginadas en razón de circunstancias o condiciones especiales. Una ley que pretenda eliminar a los hijos por nacer en razón de sus deficiencias congénitas, sean éstas de índole física o psíquica no solamente es cuestionable desde el punto de vista de que un Estado ampare la selección humana de los miembros de su nación, sino que se estaría incorporando al sistema jurídico peruano de modo formal y sistemático una «exclusión» social horrenda y antihumana. Además, con una ley de esta naturaleza se sentencia para el país que hay peruanos que tienen mayor valor que otros, y que los últimos en razón de sus defectos personales, se les debe negar el derecho a la vida.
-Ante quienes afirman que la legalización del aborto provocado resolvería el problema de los abortos clandestinos que conllevarían un alto índice de mortalidad materna hay que decir: ni el aborto clandestino ni el aborto legal resuelven nada. Ambos son una lacra social. En nuestro país se pretenda imponer la legalización del aborto, sin haber hecho ningún esfuerzo por encontrar otra solución a esta grave problemática en el que están en juego al menos dos vidas humanas: la de la madre y el hijo. El Estado peruano ha hecho muy poco para y tiene la obligación de proteger a las madres gestantes que se encuentran en riesgo de abortar. Ellas son en la mayoría de los casos una población altamente vulnerable que debe ser protegida y ayudada. Esta ayuda no debe de ningún modo contrariar el derecho que tienen los dos, tanto la madre como el niño concebido, a la vida. Ambos deben constituir para el Estado peruano un grupo humano con interés de primer orden sin vulnerar ni la ley ni la moral.
-Aun cuando al parecer existe consenso en aceptar el llamado aborto terapéutico previsto en el Código Penal cuando esta en peligro la vida de la madre, es mi deber como pastor iluminar los errores que ello encierra. En primer lugar cabe señalar que con los avances de la medicina, son muy poco frecuentes los casos en que la presencia del concebido haga peligrar la vida de la madre. No obstante de ocurrir un caso de esta naturaleza se tiene siempre la obligación moral de salvar la vida tanto de la madre como de su niño por nacer. En este contexto moralmente nunca es admisible eliminar una vida para salvar otra. Es muy distinto el caso de la «legitima defensa» en que existe un injusto agresor. El concebido no puede ser nunca considerado como tal sino siempre como un inocente.
-Por último debo advertir de los intentos de ampliar la regulación restrictiva que tiene el aborto terapéutico en el Código Penal del Perú. Se busca establecer un protocolo de aborto terapéutico que pretende abrir una casuística más amplia con mayores variables para practicar el aborto. Esta obsesión por liberalizar el aborto provocado a través de una vía reglamentaria que no pasará por el Congreso debe ser rechazada como una argucia desde todo punto de vista infame.
4. Algunas situaciones particulares y criterios a tener en cuenta:
Es bueno advertir que la enseñanza de la Iglesia sobre el aborto tiene consecuencias prácticas para la vida cristiana del católico, así como para su presencia en la sociedad civil y política o de cara a su vida profesional. A continuación se enumeran algunas de ellas:
1. El fiel católico que voluntariamente comete o que participa material o formalmente en el aborto, advertido de la gravedad de esta falta moral, queda automáticamente excomulgado hasta que dé muestras sinceras de arrepentimiento y busque el necesario perdón de esta falta gra
vísima por medio de la confesión sacramental y enmiende su conducta.
2. Con relación a los políticos y/o personas públicas que afirman ser católicos y que sin embargo públicamente defienden o promueven el aborto, estos tales no puede de ninguna manera ser admitidos a la comunión eucarística. En este sentido todo sacerdote tiene el deber de negar públicamente la comunión a quienes públicamente se definen a favor del aborto. Los fieles laicos tienen a su vez el deber de advertir de esta enseñanza cuando las circunstancias lo ameritan.
3. La elección de los gobernantes de una nación supone siempre un acto de gran responsabilidad por parte de la sociedad civil. Para todo católico es un deber moral conocer las propuestas electorales y juzgarlas a partir de los auténticos criterios éticos y morales que se corresponden con la ley natural y la dignidad humana. Igualmente resulta un deber moral conocer suficientemente estos criterios morales, pues solo así se pueden tomar decisiones conscientes y responsables frente a los candidatos y sus propuestas y dar un voto maduro y libre para el verdadero bien que queremos para nuestra patria y el futuro de nuestros hijos.
4. En este sentido hay que dejar en claro que ningún católico debe nunca votar intencionalmente a favor del aborto. Este criterio debe ser tenido en cuenta por parte de todos los católicos al momento de evaluar a los candidatos y considerar sus propuestas electorales.
5. Además, en el contexto de los procesos electorales existe siempre grave obligación de elegir el bien mayor, y solo dadas las circunstancias extremas el mal menor para una nación. En este sentido junto con la valoración de las propuestas económicas que suelen creerse como prioritarias o únicas, los criterios éticos y morales que aparecen no deben ser considerados nunca de segundo orden. Son éstos los que finalmente definen el nivel cultural, moral y espiritual de una nación y transforman el país o en más grande y digno o en menos humano y cruel.
6. Los católicos laicos que han incursionado en la política u ocupan cargos públicos tienen el no solo el derecho sino en conciencia el deber de apoyar en cuanto esté a su alcance una cultura a favor de la vida humana y específicamente asegurar – de ser posible a su función – una legislación que proteja y promueva la vida humana desde su misma concepción.
7. Finalmente, en el campo laboral son muchos los católicos quienes por su labor profesional (médicos, enfermeras, obstetras, personal del sector salud, educadores,…) se encuentran en circunstancias en las que a veces se ven presionados a participar directa o indirectamente de la práctica del aborto o se les quiera exigir participar en la difusión del ideario pro-abortista, en contra de sus principios y convicciones. Es justo defender el derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, y es de justicia que en asunto tan delicado se goce del derecho de objeción de conciencia, pudiendo invocarlo sin ser discriminado por ello.
Esperando que la presente carta pastoral pueda ser de utilidad y mayor instrucción para los fieles de nuestra Prelatura, les hago llegar con vivo aprecio mi bendición.
Ayaviri, 22 de febrero de 2011, en la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol.
