ROMA, domingo, 10 de abril de 2011 (ZENIT.org).-Según un informe de Amnistía Internacional, hecho público el 28 de marzo, la pena de muerte ha seguido su tendencia a la baja durante el año 2010.
El informe «Sentencias y Ejecuciones de Muerte en 2010» elogiaba los avances logrados en la última década, aclarando que en este periodo no menos de 31 países habían abolido la pena de muerte por ley o en la práctica.
Amnistía Internacional eleva a 527 el número de ejecuciones del año pasado, por debajo de las 714 de 2009. Las cifras del informe no recogen las de China, que mantiene su número en secreto. Amnistía Internacional estimaba que el año pasado hubo miles de ejecuciones en China, pero no ha podido aportar una cifra precisa.
Además de China, los países con mayor número de ejecuciones fueron: Irán, 252; Corea del Norte, 60; Yemen, 53; Estados Unidos, 46; y Arabia Saudita, 27.
Amnistía Internacional admitía que sus cifras son provisionales, debido a la falta de datos de oficiales en la mayoría de los países. Bielorrusia, China y Mongolia consideran secreto de estado la información sobre la pena de muerte. Vietnam prohíbe por ley que se publiquen datos sobre la pena de muerte.
El informe añadía que había poco información de Malasia, Corea del Norte y Singapur. En algunos países, además, como Bielorrusia, Bostwana, Egipto y Japón, no se advierte de su ejecución a quienes están en el corredor de la muerte, ni a sus familiares o abogados.
El informe observaba que el número de nuevas sentencias de muerte supera ampliamente al de las ejecuciones, con un mínimo de 2.024 sentencias de muerte impuestas en 67 países.
Pakistán encabezaba la lista de sentencias con 365, seguido de Irak, con 279, Egipto, con 185, y Nigeria, con 151. En Estados Unidos ha habido 110 sentencias de muerte, mientras que en Afganistán fueron 100.
Amnistía Internacional aventuraba como una cifra para todo el mundo de al menos 17.833 personas que, a finales del 2010, estaban condenadas a muerte.
Mapamundi de las ejecuciones
Aunque durante el año pasado se ha reducido la imposición de la pena de muerte, el número de países en los que se aplica ha aumentado en 4 hasta un total de 23.
El informe señalaba que este cambio contrasta con el descenso de los años anteriores. A mediados de los noventa, cada año 40 países de media llevaban a cabo ejecuciones. A comienzos del nuevo milenio, las ejecuciones tenían lugar en una media de 30 países.
En 2008 el número descendió hasta los 25 países y, en 2009, se alcanzó el record de sólo 19.
El número de países que han abolido por ley la pena de muerte, o que en la práctica lo han hecho, ha aumentado de modo considerable, desde los 108 de 2001 hasta los actuales 139.
En 2010, Gabón cambió sus leyes para poner fin a la pena de muerte. Y a finales de año se habían propuestos leyes para abolirla, pendientes de su tramitación parlamentaria, en el Líbano, Mali, Mongolia y Corea del Sur.
El informe observaba, además, que se han dado progresos en algunos países en los que se siguen utilizando la pena de muerte. Por ejemplo, en marzo del año pasado, se consideró inconstitucional en Bangladesh la imposición obligatoria de la pena de muerte, sin tener en cuenta las circunstancias del delito o las del culpable.
En Kenia, el Tribunal de Apelación del país dictaminó en julio que la pena de muerte por asesinato era incompatible con la constitución. En octubre, el parlamento de Guyana adoptaba finalmente una nueva ley que abolía la imposición de la pena de muerte por asesinato.
Estados Unidos
Una publicación presentada a finales de año, «La Pena de Muerte en 2010: Informe de Fin de Año» aportaba un análisis más profundo sobre la situación de la pena de muerte en Estados Unidos.
Publicado por la organización Death Penalty Information Center, el informe decía que el año pasado se vivió un grave enfrentamiento en torno a cuestiones como el alto coste de la pena capital y la controversia por la utilización de la inyección letal.
De hecho, las ejecuciones se redujeron un 12% respecto a 2009 y, en un 50%, respecto a 1999. Además, el número de nuevas sentencias – 114 – fue más o menos el mismo que el año anterior, que tuvo la cifra más baja en 34 años. En 1996 se llegó a la cifra más alta, 315.
En el momento de la publicación del informe había un total de 3.261 presos en el corredor de la muerte, comparados con los 3.297 que había el año anterior por la misma época.
Según el informe, aunque 35 estados mantienen la pena de muerte, sólo 12, la mayoría en el sur, han llevado a cabo ejecuciones en 2010.
En Texas, líder en el recurso a la pena de muerte, tuvo lugar un gran descenso en el número de ejecuciones, con un 29% menos de sentencias ejecutadas.
Este descenso ha tenido lugar en un año en el que se tuvo conocimiento de errores cometidos en las ejecuciones. El ex condenado a muerte en Texas Anthony Graves salió de la cárcel tras 16 años después de que se retiraran todos los cargos contra él.
Otro caso tenía que ver con un hombre ejecutado en 2004. Un tribunal creado para investigar el tema encontró que las evidencias utilizadas para condenarle eran muy poco fiables. Según el informe, en todo el país se han producido 138 exoneraciones de condenados a muerte desde 1973.
Estos no son ni mucho menos los únicos casos que plantean dudas sobre la aplicación de la pena de muerte. El informe señalaba algunas ejecuciones controvertidas, como la de Teresa Lewis en Virginia, una abuela con un coeficiente intelectual de 72. No participó físicamente en los asesinatos que supusieron su condena de muerte y la cadena perpetua para otros dos acusados que fueron quienes dispararon a las víctimas.
Alabama ejecutó a un preso, Holly Wood, con un coeficiente intelectual de 70, el nivel en que se presume que se tiene discapacidad intelectual.
El informe comparaba este caso con el de Salvatore Vitale, de Nueva York, un jefe criminal que confesó 11 asesinatos, pero sólo fue sentenciado a una pena de cárcel, y fue liberado siete años después por colaborar con el gobierno.
Otro factor que está llevando a reconsiderar la pena de muerte es su coste. Las comisiones legislativas han comparado el coste de la pena capital con otras formas de afrontar los crímenes violentos en Illinois, New Hampshire y Pensilvania.
En Illinois, la comisión descubrió que, en los últimos siete años, se habían gastado 100 millones de dólares para ayudar a los condados en los procesos de pena de muerte, precisamente en un momento en que el déficit del estado había crecido hasta convertirse en uno de los mayores del país.
Cultura de la vida
Illinois decidió hace poco abolir la pena de muerte, después de haber mantenido una moratoria de una década en su utilización, informaba el 9 de marzo Associated Press.
Al anunciar la decisión, el gobernador Pat Quinn declaró que conmutaría las sentencias de 15 condenados a muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
En enero, el congreso del estado votó abolir la pena de muerte y Quinn reflexionó durante unos meses si firmaría o no la ley.
La decisión fue acogida con satisfacción por los obispos católicos del estado. «El fin de la aplicación de la pena de muerte es un paso adelante en el desarrollo de una cultura de la vida en nuestro estado», afirmaban en una declaración el 9 de marzo.
«Además, la sociedad seguirá estando protegida y aquellos que cometan crímenes seguirán teniendo que rendir cuenta a través de otras alternativas a la pena de muerte, como la cadena perpetua», observaban.
Continúa habiendo ejecuciones, como la Eric John King, el 29 de marzo en el estado de Arizona, pero quienes se oponen a la pena de muerte también seguirán presionando por su ab
olición.
La aplicación de la pena capital, cuando hay otros medios a mano para mantener segura a la sociedad, «es un acto de venganza, de ojo por ojo, que va en contra de los valores de nuestra nación y que niega la dignidad y santidad de la vida humana», declaraban los obispos católicos de Arizona el día anterior a la ejecución. Un punto de vista que cada vez comparte más gente.
Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado
