SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, viernes 25 noviembre 2011 (ZENIT.org).- El obispo de San Cristóbal de las Casas aborda en su habitual colaboración un tema fundamental, la educación. Pone como ejemplo a Brasil, un país no confesional católico, en el que hay clases de religión en las escuelas públicas, siendo los padres quienes eligen la de su preferencia. Un asunto de plena actualidad también en Europa, como parte de los derechos humanos fundamentales.
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+ Felipe Arizmendi Esquivel
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Hace dos semanas, los obispos terminamos nuestra asamblea plenaria sobre la emergencia educativa, tanto la formal, que se imparte en las escuelas, como la informal, que se recibe en la familia, la sociedad, los medios de comunicación y también en instancias eclesiales. Elaboramos un documento que, después de unas afinaciones, se hará público. Ofrecemos unos criterios sobre todo de índole antropológica, para que la educación no se reduzca a una acumulación de conocimientos y habilidades, sino que incluya la formación de actitudes y comportamientos, que haga madurar integralmente a las personas; que eduquemos seres humanos justos, solidarios, responsables, trabajadores, honestos, confiables.
Hay voces inconformes porque abordamos estos puntos. En un programa semanal de radio que tengo, al que llegan mensajes de toda índole, alguien expresó: “¿Por qué el interés de ustedes en intervenir en la educación pública? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanto oscurantismo? ¿Con qué calidad humana van a transmitir conocimientos, si en ustedes hay pederastia, perversión, etc.?”. Sin negar nuestras deficiencias, tenemos obligación de ofrecer a padres de familia y a autoridades educativas, sin imponerlos, criterios para que tomen decisiones, que en primer lugar corresponden a los padres, antes que al Estado.
JUZGAR
Brasil, que no es un Estado confesional católico, nos da ejemplo en democracia y educación. Hay clases de religión en las escuelas públicas, siendo los papás quienes escogen la de su preferencia, católica o de otro signo. Hay un Acuerdo entre ese país y la Santa Sede, firmado en 2008, en que el Estado reconoce ese derecho para todos.
El 31 de octubre pasado, el Papa Benedicto XVI, al recibir al nuevo embajador, le dijo: “La Iglesia espera que el Estado reconozca que una sana laicidad no debe considerar la religión como un simple sentimiento individual que se puede relegar al ámbito privado, sino como una realidad que, al estar también organizada en estructuras visibles, necesita que se reconozca su presencia comunitaria pública. Por eso, corresponde al Estado garantizar la posibilidad del libre ejercicio de culto de cada confesión religiosa, así como sus actividades culturales, educativas y caritativas, siempre que ello no esté en contraste con el orden moral y público.
Ahora bien, la contribución de la Iglesia no se limita a iniciativas asistenciales, humanitarias y educativas concretas, sino que incluye, sobre todo, el crecimiento ético de la sociedad, impulsado por las múltiples manifestaciones de apertura a lo trascendente y por medio de la formación de las conciencias, sensibles al cumplimiento de los deberes de solidaridad.
El papel de la educación no se puede reducir a una mera transmisión de conocimientos y habilidades que miran a la formación de un profesional, sino que debe abarcar todos los aspectos de la persona, desde su faceta social hasta su anhelo de trascendencia. Por este motivo, es conveniente reafirmar que la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, lejos de significar que el Estado asume o impone un credo religioso determinado, indica el reconocimiento de la religión como un valor necesario para la formación integral de la persona. Y esa enseñanza no se puede reducir a una genérica sociología de las religiones, pues no existe una religión genérica, aconfesional. Así, la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, además de no herir la laicidad del Estado, garantiza el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, contribuyendo de ese modo a la promoción del bien común”.
ACTUAR
Legisladores, políticos, líderes de opinión: dialoguemos abiertamente sobre estos asuntos. Reitero mi petición de que comparen legislaciones de otros países, y verán que nuestros artículos 3, 24 y 130 no garantizan el derecho a una plena libertad religiosa. No sigan reiterando que pretendemos imponer el catolicismo a todo mundo; no es así; queremos libertad para todos, también para los no creyentes. Que haya apertura de mentes y de corazones.
