“No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia, tal como lo plantean las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, señaló este 18 de abril un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) en la fase final del juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el exjefe de Estado de Guatemala Efraín Ríos Montt, y su exjefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
“Estos procesos de justicia son cruciales para la realización de los derechos de las víctimas, incluidos el derecho a la verdad, la justicia, reconstrucción de la memoria histórica, la reparación y las garantías de no repetición –señaló el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff–. Sin embargo, ninguno de estos elementos pueden concebirse como una alternativa a la justicia”, informa la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
Frente a la información recibida por los expertos sobre supuestas amenazas e intimidaciones contra los operadores de justicia involucrados en este juicio, la relatora especial sobre independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, recalcó “la necesidad de asegurar un ámbito propicio para el ejercicio de sus funciones.”
“Es necesario garantizar la protección y seguridad física y psicológica de los operadores de justicia, victimas, testigos y defensores de derechos humanos involucrados en los procesos judiciales, a fin de que puedan llevar adelante sus funciones sin miedo a intimidaciones o represalias”, añadió la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
Por su parte, el Grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias advirtió sobre los riesgos del uso abusivo del recurso de amparo a fin de retrasar los procesos judiciales. “Si bien el amparo es una figura legítima de tutela de los derechos humanos, su uso no debe suponer un obstáculo a la efectiva realización de justicia”, indicaron los expertos.
“Los tribunales tienen la responsabilidad de resolver de manera independiente e imparcial la calificación jurídica de los hechos, con base en las pruebas presentadas durante el juicio y la ley aplicable”, agregó Knaul.
Los expertos destacaron la importancia del proceso actual que se vive en Guatemala al llevar a juicio a los autores intelectuales de las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto armado interno y que constituyeron actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, incluidas las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, las violaciones y el desplazamiento forzado de personas.
Al respecto, el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias recalcó el carácter de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y respecto a las desapariciones forzadas recordó que “los tribunales deberán continuar con las investigaciones hasta que cese la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de ese crimen”.
“Éste es un juicio histórico por cuanto es la primera vez que un ex jefe de Estado es procesado por crimen de genocidio, en una corte nacional, por autoridades nacionales y en el país en donde las violaciones tuvieron lugar –recordó De Greiff–. También representa un paso adelante en el largo proceso de justicia transicional en Guatemala, luego de años de estancamiento de los procesos judiciales, y un paso fundamental para la consolidación tanto del Estado de Derecho como del proceso de paz”.
Los expertos de la ONU exhortaron al Estado y la sociedad guatemalteca a aprovechar esta importante oportunidad para reforzar el Estado de Derecho y continuar con la reconstrucción del tejido social a partir de una política comprehensiva de justicia transicional que incluya la verdad, las reparaciones, la justicia penal y las garantías de no repetición.
