"La promoción del desarrollo humano integral en ámbito material y moral requiere una profunda reflexión sobre la vocación de los sectores económicos y financieros y su correspondencia con el objetivo final de lograr la realización del bien común".

Con esta reflexión comienza la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio  que ha firmado el papa Francisco sobre la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En continuidad con la acción ya realizada en este ámbito con el Motu Proprio del 30 de diciembre de 2010 de Benedicto XVI para la prevención y la lucha contra las actividades ilegales en campo financiero y monetario, el papa Francisco desea "renovar el compromiso de la Santa Sede en el adoptar los principios y emplear los instrumentos jurídicos desarrollados por las Comunidades internacionales, adecuando ulteriormente el marco institucional con el fin de la prevención y de la lucha contra el blanqueo de dinero, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva", se puede leer en el texto.

En un comunicado de la sala de prensa del Vaticano explican que en concreto, con el Motu Proprio "se extiende la aplicación de las leyes vaticanas en materia a los Dicasterios de la Curia Romana y a los otros organismos y entes dependientes de la Santa Sede, así como a las organizaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica canónica y sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano". Así mismo "se refuerza la función de vigilancia y regulación de las Autoridades de Información Financiera (AIF) y se instituye la "función de vigilancia prudencial de los entes que desarrollan profesionalmente una actividad de naturaleza financiera, respondiendo así a una recomendación de la Comisión Moneyval del Consejo de Europa, atribuyéndola a las Autoridades de Información Financiera, ya instituida con el Motu Proprio del 30 de diciembre de 2010". Finalmente, se ha instituido un Comité de Seguridad Financiera "con el fin de coordinar las Autoridades competentes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de prevención y de lucha contra el blanqueo de dinero, de la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva".