la eliminación del delito de ofensa religiosa es vista como un retroceso en la protección de los derechos de los creyentes

la eliminación del delito de ofensa religiosa es vista como un retroceso en la protección de los derechos de los creyentes Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Gobierno Socialista de España impulsa “eliminar” el delito de odio contra los sentimientos religiosos del Código Penal

Para muchos juristas católicos, la eliminación del delito de ofensa religiosa es vista como un retroceso en la protección de los derechos de los creyentes. Advierten que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, esta debe equilibrarse con el respeto a las sensibilidades religiosas en una sociedad plural.

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(ZENIT Noticias / Madrid, 13.01.2025).- El Partido Socialista de España (PSOE) registró en el Congreso una Proposición de Ley Orgánica que busca, según su planteamiento, garantizar la protección frente a “acciones judiciales abusivas”. Sin embargo, una de las medidas más controvertidas de la propuesta es la derogación del artículo 525 del Código Penal, que actualmente sanciona las expresiones de “escarnio” contra los dogmas, creencias o ritos de una confesión religiosa, si se realizan con intención de ofender.

El artículo, en vigor desde hace décadas, protege a los creyentes de actos que ridiculicen públicamente sus creencias con ánimo ofensivo. Su eliminación ha generado una fuerte reacción por parte del asociacionismo católico de España, desde HazteOír y la Fundación Española de Abogados Cristianos hasta el Instituto de Política Social (IPSE), quienes consideran que esto deja de modo particular a los católicos desprotegidos frente a ataques contra su fe en un contexto cultural y político cada vez más hostil.

Argumentos de la propuesta 

Según el PSOE, esta reforma se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que defiende que la libertad de expresión incluye ideas que “pueden ofender, conmocionar o perturbar”. De este modo, se argumenta que las personas religiosas deben aceptar las críticas a sus creencias como parte de una sociedad democrática.

Además, los artículos 422 y 524 del Código Penal, que garantizan el derecho a la práctica religiosa sin impedimentos ni actos que interrumpan ceremonias o cultos, no se ven afectados por la propuesta. Según el Gobierno, esto asegura que los creyentes sigan protegidos contra agresiones directas en el ejercicio de su fe.

Reacciones del movimiento católico más fuerte de España 

La propuesta ha encendido las alarmas de Abogados Cristianos, que señalan que eliminar el artículo 525 abre la puerta a un aumento de actos públicos ofensivos contra la fe católica sin consecuencias legales. La presidenta de la fundación, Polonia Castellanos, calificó la iniciativa como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los cristianos” y añadió que se trata de un intento de normalizar “la burla y el desprecio hacia los católicos”.

Por su parte, HazteOír ha emitido un comunicado en el que asegura que “se está desmantelando la protección legal que cualquier democracia debería ofrecer a sus ciudadanos frente a actos de odio contra su identidad religiosa”. La organización considera que la derogación del delito de ofensa religiosa es un reflejo de una tendencia creciente hacia la marginación de los creyentes en el espacio público.

El caso Lalachús y la polémica con RTVE 

La polémica coincide con el revuelo provocado por la actuación de la cómica Laura Yustres (Lalachús) durante las campanadas de fin de año en RTVE, cuando mostró una estampita religiosa del Sagrado Corazón de Jesús con la forma de la vaquilla del programa “Grand Prix”.

La Fundación Abogados Cristianos presentó una denuncia contra la cómica y RTVE, calificando la actuación como un posible delito de odio y de ofensa religiosa.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, salió en defensa de la cómica, asegurando en redes sociales que la denuncia formaba parte de una “campaña de odio ultras” y anunciando que la derogación del artículo 525 es una respuesta necesaria para proteger la libertad de expresión.

Sin embargo, Abogados Cristianos argumenta que el problema no reside solo en el acto en sí, sino en que se realizó en un medio público financiado con los impuestos de todos, incluidos los católicos. “Esto no es libertad de expresión, es una falta de respeto institucional”, ha declarado la líder Polonia Castellanos.

Implicaciones de la derogación 

Para muchos juristas católicos, la eliminación del delito de ofensa religiosa es vista como un retroceso en la protección de los derechos de los creyentes. Advierten que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, esta debe equilibrarse con el respeto a las sensibilidades religiosas en una sociedad plural.

En un comunicado reciente, HazteOír alertó que la derogación del artículo 525 podría aumentar la polarización social y la normalización de discursos que inciten al odio contra comunidades religiosas, especialmente la católica, que históricamente ha sido blanco de burlas en España.

Por otro lado, los defensores de la propuesta aseguran que el delito de ofensa religiosa ha sido utilizado en ocasiones para limitar la crítica legítima o la sátira, y consideran que su eliminación favorece una mayor libertad de expresión en el país.

En el horizonte 

La propuesta del PSOE será debatida en el Congreso en las próximas semanas, en medio de un clima de intensa discusión pública. Mientras el Gobierno argumenta que la reforma busca garantizar derechos fundamentales, los grupos católicos advierten que esta medida puede dejar a millones de creyentes desprotegidos frente a ataques a su fe.

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Pablo Hertfelder Garcia-Conde

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