Macron recibirá al Papa con una ley de eutanasia que divide a Francia y se impone por la fuerza

(ZENIT Noticias / París, 02.07.2026).- Francia ha dado otro paso decisivo hacia la legalización del suicidio asistido tras la aprobación por la Asamblea Nacional de un controvertido proyecto de ley sobre el final de la vida, que se ha convertido en una de las reformas sociales más polémicas del mandato del presidente Emmanuel Macron. La medida regresa ahora al Senado, pero si la cámara alta la rechaza una vez más —como ya ha ocurrido en dos ocasiones—, el gobierno planea someterla a votación final en la Asamblea Nacional el 15 de julio, donde se espera que sus partidarios logren su aprobación.

La última votación, celebrada el 30 de junio, concluyó con 295 votos a favor, 232 en contra y 35 abstenciones, poniendo fin a años de debate parlamentario que han generado más de 1.800 enmiendas desde que surgió la propuesta. Macron se comprometió a impulsar la legislación sobre el suicidio asistido durante su exitosa campaña de reelección en 2022, convirtiendo este tema en una de las cuestiones éticas clave de su presidencia.

Según el proyecto de ley, el suicidio asistido estaría disponible para adultos que padecen una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal, siempre que un equipo médico multidisciplinario confirme el diagnóstico, determine que el sufrimiento del paciente no puede aliviarse adecuadamente y verifique que la solicitud se ha realizado de forma libre y voluntaria. Durante las deliberaciones parlamentarias, se eliminó el sufrimiento psicológico como único requisito.

Para prevenir el llamado «turismo de la muerte», la elegibilidad se limitaría a ciudadanos franceses y residentes legales mayores de 18 años. En la mayoría de los casos, los pacientes se administrarían ellos mismos la sustancia letal prescrita, y los profesionales sanitarios solo podrían intervenir cuando el paciente sea físicamente incapaz de hacerlo.

Si bien el proyecto de ley busca establecer garantías legales, ha provocado una fuerte oposición de líderes religiosos, profesionales médicos y numerosos legisladores, quienes argumentan que la legislación altera fundamentalmente la concepción social de la medicina, la atención médica y la dignidad humana.

Los obispos católicos franceses han sostenido consistentemente que ampliar el acceso a cuidados paliativos de alta calidad ofrece una respuesta más humana al sufrimiento al final de la vida que la introducción de la muerte asistida por un médico. El arzobispo Laurent Ulrich de París reiteró este llamamiento tras la votación parlamentaria, argumentando que la razón y la fraternidad exigen un compromiso nacional mucho mayor con los cuidados paliativos. Haciéndose eco de declaraciones anteriores de la Conferencia Episcopal Francesa, insistió en que la sociedad necesita «más ayuda para vivir, no para morir».

El arzobispo Vincent Jordy de Tours, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, advirtió asimismo que el debate va mucho más allá de la reforma legal. En su opinión, autorizar el suicidio asistido representaría un profundo cambio antropológico, transformando la manera en que la sociedad comprende la enfermedad, la dependencia, el sufrimiento y la muerte misma. Instó a los legisladores a no equiparar cada cambio social propuesto con un progreso real, señalando que la historia contiene muchos ejemplos de innovaciones inicialmente celebradas como avances, pero posteriormente reconocidas como perjudiciales.

Los obispos también animaron a los católicos de toda Francia a participar en una novena nacional de oración antes de las elecciones parlamentarias, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine las conciencias y fortalezca el respeto por la dignidad de toda vida humana.

Fuera del Parlamento, la controversia ha movilizado a miles de manifestantes. Una gran concentración provida tuvo lugar en París la víspera de la votación, después de que un tribunal anulara un intento administrativo previo de prohibir la concentración. Los participantes exigieron una mayor inversión en cuidados paliativos en lugar de la legalización del suicidio asistido.

La legislación también ha generado debate sobre la objeción de conciencia. Según la versión aprobada por la Asamblea Nacional, los profesionales sanitarios que se nieguen a participar pueden invocar una cláusula de conciencia, pero deben derivar a los pacientes a otro profesional dispuesto a realizar el procedimiento. Los críticos argumentan que esta obligación de derivación sigue implicando a los profesionales médicos en actos que consideran moralmente inaceptables, mientras que los defensores sostienen que equilibra la libertad de conciencia con los derechos legales de los pacientes.

El proceso parlamentario aún no ha concluido. Está previsto que los senadores debatan el proyecto de ley a partir del 7 de julio. Si lo rechazan por tercera vez, la Constitución francesa permite que la Asamblea Nacional —la cámara baja elegida directamente— tenga la última palabra. Se espera que la votación decisiva tenga lugar el 15 de julio.

El momento elegido tiene un peso simbólico particular. Si la legislación finalmente se convierte en ley, entraría en vigor poco antes de la prevista visita de Estado del Papa León XIV a Francia, lo que garantizaría que uno de los debates bioéticos más importantes de Europa siga estando en el centro de la atención nacional e internacional.

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