(ZENIT Noticias / Phoenix, 02.07.2026).- Por segunda vez en tres años, fracasó un intento de obligar a los sacerdotes católicos de Arizona a revelar información obtenida durante la confesión sacramental, preservando así una de las obligaciones más antiguas y protegidas del derecho canónico católico, a la vez que se pone de relieve un debate cada vez más polémico sobre la relación entre la libertad religiosa y la obligación de denunciar el abuso infantil.
Con la clausura de la sesión legislativa de Arizona de 2026, el Proyecto de Ley 2039 de la Cámara de Representantes expiró sin convertirse en ley. Patrocinado por la representante estatal demócrata Stacey Travers, la propuesta habría obligado a los sacerdotes a denunciar información que sugiriera abuso infantil en curso o previsto, incluso si dicho conocimiento se hubiera obtenido exclusivamente a través del Sacramento de la Reconciliación.
El proyecto de ley proponía severas sanciones para el clero que se negara a cumplir. Una primera infracción habría constituido un delito grave de Clase 6, con multas de hasta 150.000 dólares y penas de prisión de hasta dos años. Las reiteradas negativas podrían haber expuesto a los sacerdotes a penas de prisión considerablemente más largas.
La legislación también contenía una disposición que suscitó críticas particulares por parte de los defensores de la libertad religiosa. Si bien la ley de Arizona ya reconoce el privilegio de confidencialidad entre clérigo y penitente, el proyecto de ley habría eliminado dicha protección siempre que un ministro creyera que el abuso o la negligencia continuaban o podrían ocurrir en el futuro. Los opositores argumentaron que tal lenguaje obligaría a los sacerdotes a especular sobre eventos futuros, al tiempo que los forzaría a violar la absoluta confidencialidad de la confesión.
La representante Travers defendió la propuesta argumentando que las instituciones religiosas no deberían invocar el secreto sacramental para proteger información relacionada con el abuso infantil. Sostuvo que la responsabilidad legal debería prevalecer sobre la práctica eclesiástica en situaciones que impliquen un posible daño a menores.
Sin embargo, los críticos rechazaron la premisa de que la legislación fuera necesaria. Arizona ya exige que el clero denuncie los casos sospechosos de abuso infantil en prácticamente cualquier circunstancia fuera del confesionario. La cuestión en disputa no era, por lo tanto, si se debía denunciar el abuso, sino si el Estado podía obligar a los sacerdotes a revelar lo que escuchan durante un sacramento que la Iglesia Católica considera inviolablemente confidencial.
Entre los opositores más acérrimos de la medida se encontraba el representante republicano Quang Nguyen, un legislador católico que también había contribuido a la derrota de una propuesta similar presentada en 2023. Argumentó que el proyecto de ley se centraba en una práctica exclusivamente católica en lugar de abordar una laguna real en las leyes de protección infantil. Según Nguyen, los requisitos de denuncia obligatoria vigentes ya proporcionan a las autoridades amplias herramientas legales, lo que hace innecesario el intento de regular la confesión sacramental.
El debate en Arizona forma parte de una tendencia nacional más amplia. En los últimos años, varios estados de EE. UU. han considerado legislación que busca restringir o eliminar las protecciones legales para las comunicaciones religiosas confidenciales cuando hay denuncias de abuso infantil. Si bien algunas propuestas no han prosperado durante el proceso legislativo, otras han avanzado.
El estado de Washington se convirtió en la primera jurisdicción en promulgar una legislación de este tipo tras varios intentos. Sin embargo, su implementación enfrentó de inmediato desafíos legales, y un juez federal bloqueó posteriormente su aplicación mientras continúan los litigios sobre cuestiones constitucionales relativas a la libertad religiosa y el libre ejercicio de la religión.
Montana consideró una medida similar en 2025. Si bien la representante demócrata Mary Ann Dunwell revisó su propuesta tras conversaciones con la Conferencia Católica de Montana, la legislación siguió generando inquietudes, ya que habría exigido al clero informar sobre la información obtenida en ciertos contextos de consejería pastoral. La propuesta revisada finalmente no se convirtió en ley.
Para la Iglesia Católica, la cuestión va más allá de la confidencialidad profesional. El secreto de confesión se considera absoluto y no admite excepciones. Según el derecho canónico, un sacerdote que revele directamente la identidad de un penitente o el contenido de una confesión sacramental incurre en excomunión automática, reservada a la Santa Sede. Dado que la obligación se considera inherente a la naturaleza misma del sacramento, se espera que los sacerdotes preserven la confidencialidad incluso bajo amenaza de prisión u otras sanciones civiles.
Esta distinción suele sorprender a quienes desconocen la doctrina católica. A diferencia del secreto profesional entre abogado y cliente o la confidencialidad médico-paciente, que son protecciones legales establecidas por el derecho civil y pueden incluir excepciones legales, la Iglesia entiende el secreto de confesión como una obligación sagrada que, en última instancia, se debe a Dios y no solo al penitente. El sacerdote no actúa como propietario de información confidencial, sino como ministro, a quien se le prohíbe revelarla.
Por lo tanto, las recurrentes iniciativas legislativas reflejan una compleja cuestión legal y ética que trasciende las fronteras de Arizona.
Por ahora, los legisladores de Arizona han mantenido el equilibrio actual. Los requisitos de denuncia obligatoria siguen siendo plenamente aplicables al clero en prácticamente todos los contextos, excepto en la confesión sacramental, preservando así una disposición legal que sus defensores consideran una salvaguarda esencial para la libertad religiosa y que sus detractores siguen viendo como un obstáculo en la lucha contra el abuso infantil.
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