MADRID, miércoles, 26 noviembre 2008 (ZENIT.org).- El cardenal arzobispo de Sevilla, España, Carlos Amigo Vallejo aseguró este martes que eliminar de las escuelas públicas el crucifico, «que es un signo de nuestra cultura tan arraigado, no favorece ni mucho menos la convivencia de las personas».
También el arzobispado de Valladolid abogó por el recurso ante un fallo judicial que obliga a retirar los crucifijos de una escuela pública en esta capital catellano-leonesa.
Las declaraciones a los medios del cardenal Amigo Vallejo, en un intervalo de la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra en Madrid, se producen a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, que ordena retirar los crucifijos del colegio público Macías Picavea de la capital castellano-leonesa.
La sentencia afirma que la presencia de símbolos religiosos en la escuela vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución.
El cardenal Amigo se declaró en desacuerdo con este fallo judicial, dado que «la convivencia se construye con el respeto a las personas, no solamente tirando por la borda la riqueza cultural de un país». «Creo que las medidas drásticas redundan en las personas –dijo el cardenal–. Lo importante es que se enseñe a esos niños de Valladolid a respetar los signos religiosos de cualquier religión».
Insistió en que, en relación a los signos religiosos, «lo importante no es tirarlos por la borda, sino ayudar a las personas a respetarlos, sean de la religión que sean». Añadió que «me parece bien que se escuche» a la sociedad, «pero a todos, no sólo a un sector y a veces minoritario». «Con esto de los signos –recordó– hemos tenido problemas; recordemos lo del velo islámico, que incluso motivó leyes enteras en Francia».
Fernando Pastor, de la Asociación Cultural Escuela Laica y promotor de la reclamación, instó a la retirada de los crucifijos «para que se cumpla la ley y se respeten los derechos de todos los ciudadanos», y reconoció que, cuando acudió a los juzgados hace tres años, no calibró las consecuencias que podría tener una resolución favorable.
La polémica se produce en un momento en el que en España se dan casos anecdóticos de declaraciones de apostasía, depositadas en los obispados, exigiendo que se borre el propio nombre del registro de bautismo, todo ello ante las cámaras y los micrófonos. Algo que varios obispos han negado, por ser un hecho histórico el bautismo. Todo lo más que han declarado poder hacer es añadir una anotación al margen de la inscripción en el libro de bautizados, con la citada declaración de apostasía del susodicho.
Asimismo, se está observando en estos días en España otro hecho insólito: se crean asociaciones de ateos militantes con una declarada intención de erradicar todo lo que huela a religioso en nuestra sociedad.
No es ya la increencia o agnosticismo, sino una militancia agresiva contra los signos religiosos en los espacios públicos. Una especie de salida de la tumba de todos los intolerantes que propiciaron la persecución religiosa de la II República española, en los años treinta del siglo XX en este país.
La Junta de Castilla y León ha mostrado su disposición a recurrir el fallo: «Yo no puedo compartir una parte de la argumentación de la sentencia, según la cual la presencia de un signo religioso, como es el crucifijo, sea en la España de hoy un elemento de agresión, un elemento de vulneración de derechos y libertades», declaró el presidente Juan Vicente Herrera.
El arzobispado de Valladolid abogó por el recurso porque, de no hacerlo, se podría incurrir en un «evidente perjuicio» para la ciudadanía, según su portavoz, Jorge Guerra, que afirmó que la resolución parte de un concepto muy reducido y simple: «El crucifijo, según otras resoluciones de los tribunales, es algo más, porque representa la dignidad y la tolerancia de las personas», y la presencia de la cruz en espacios públicos «tampoco obliga a las personas a manifestar ningún tipo de creencia».
Por su parte, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y de Familia de Andalucía (CONFAPA), hizo pública una nota, este 25 de noviembre, firmada por su presidente, Juan Mª del Pino Mata, en la que se dice que, «ante la situación que se está creando en otras regiones de España con respecto a la presencia de símbolos religiosos en los colegios públicos» y «respetando profundamente la opinión de los órganos judiciales, no logramos entender qué aportación negativa tiene la presencia de Jesús en la escuela».
«Defenderemos –añade– que la retirada de los crucifijos esté amparada por las decisiones mayoritarias que tomen las asociaciones de padres de cada centro, y que sin ese requisito no sean impuestas en el ámbito escolar las valoraciones de minorías sin peso específico en nuestra sociedad mayoritariamente cristiana». Y concluye haciendo notar que «alrededor de este asunto, están interviniendo asociaciones muy politizadas, que no aportan a la vida escolar nada para su mejora y que en vez de preocuparse por la verdadera calidad en la enseñanza para todos, solamente nos traen actitudes de radicalidad y crispación».
Estamos en un tiempo litúrgico, preadviento, en que, de nuevo, como sucede esporádicamente todos los años, empezarán las declaraciones de padres de alumnos en escuelas públicas, solicitando que no se realice nada que tenga que ver con la Navidad: ni belenes, ni escenificaciones por los alumnos, ni nada que remotamente recuerde que a finales de año se celebra el nacimiento de Jesús.
Por Nieves San Martín
