ROMA, miércoles, 31octubre 2007 (ZENIT.org).- Como voz oficiosa de la Santa Sede, «L’Osservatore Romano» se suma este miércoles al llamamiento a los gobiernos de todo el mundo por una lucha contra las violencias que sufren millones de niños y niñas.
El diario lleva a portada y extiende en su interior la denuncia de «Save the children – Italia», organización no gubernamental (ONG) promotora, junto a la Comisión parlamentaria italiana de infancia, de un seminario en Roma, celebrado el martes, sobre la cuestión: «La violencia sobre niños y niñas».
Este drama «carece de fronteras geográficas o sociales», alerta en «L’Osservatore Romano» Valerio Neri, director general de la citada ONG; «golpea a millones de menores también de los países denominados avanzados porque hunde sus raíces en una cultura y en comportamientos que no reconocen al niño como portador de derechos y como persona a la que hay que escuchar con gran atención».
Las formas que puede asumir la violencia contra los niños son múltiples; por ejemplo trabajo forzado, matrimonio obligado o enrolamiento militar.
Las cifras que cita el diario hablan de más de 250 mil niños y niñas «soldado»; 275 millones de niños que cada año asisten a episodios de violencia doméstica («con consecuencias psicológicas devastadoras que pueden marcarles de por vida»); 218 millones de niños obligados a trabajar –por lo tanto, sin posibilidad de dedicarse al estudio–; más de 126 millones utilizados en actividades peligrosas y, por lo tanto, intrínsecamente violentas; en particular 5,7 millones de niños forzados a trabajar como pago de deudas, 1,8 millones involucrados en prostitución y pornografía, y 1,2 millones víctimas del tráfico de menores con tal fin.
«Es necesario combatir, pero también prevenir cualquier forma de violencia; por lo tanto pedimos a los gobiernos que prohíban explícitamente todas las formas de violencia contra niños y niñas, incluidos los castigos corporales y humillantes, en todo contexto, también el doméstico, e invitamos a desarrollar un sistema de promoción de la infancia a nivel nacional, financiándolo adecuadamente», expresa Valerio Neri en el diario de la Santa Sede.
En el seminario sobre este flagelo se ha puesto de manifiesto que gran parte de los menores del mundo no disfruta de adecuada protección y tutela jurídica. Apuntan las páginas romanas la violación de la Convención de la ONU sobre los derechos de la infancia –en vigor desde 1990–.
Y es que 78 países aún admiten el castigo corporal de menores en el marco de medidas disciplinarias, mientras que 106 no prohíben por ley tales medidas en la escuela.
Significa que más de 1.250 millones de niños viven en naciones donde estos castigos, de parte de los docentes, carecen de impedimento legal.
«Y se trata en este punto de los aspectos menos dramáticos, si bien en cualquier caso condenables, de un fenómeno en el que concurren comportamientos terribles, como los abusos y la explotación sexual, la tortura, el trabajo forzado, practicas tradicionales perjudiciales para la salud –como las mutilaciones sexuales–, matrimonios precoces, estupro, homicidio, actos graves de [acoso escolar], además de los castigos físicos», precisa el diario.
Entrevistado sobre este drama de la infancia, el cardenal Renato Raffaele Martino –presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz– igualmente denuncia en «L’Osservatore Romano» que permanezcan sin resolverse o «incluso se agraven algunos terribles aspectos como el tráfico de niños, el trabajo de menores, el fenómeno de los «niños de la calle», la utilización de menores en conflictos armados, el matrimonio forzado de niñas, el uso de los pequeños en el comercio de material pornográfico».
«Combatir tales actos criminales sigue siendo una tarea prioritaria e irrenunciable de toda autoridad», alerta.
Por su parte, la Iglesia y la Santa Sede «desde siempre están comprometidas en promover en la comunidad internacional y en las comunidades locales la tutela de la infancia», protección que «aún está lejos de ser satisfactoria», recuerda el purpurado italiano.
«Ratificando –y se contó entre los primerísimos en hacerlo– la Convención de los derechos de la infancia», «la Santa Sede solicitaba a los máximos niveles una adecuada acción de oposición a las terroríficas condiciones relacionadas con la falta de servicios sanitarios, de una alimentación adecuada, de posibilidades de recibir un mínimo de de formación escolar y de un hogar».
«La acción concreta de las comunidades eclesiales en estos campos es imponente y constante», confirma.
