BUENOS AIRES, martes, 15 marzo 2005 (ZENIT.org).- La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina ha pedido en una declaración publicada este martes a los legisladores que no aprueben un protocolo facultativo que introduciría el aborto en contra de lo que prevé la Constitución del país.
Se trata del Protocolo Facultativo del Comité sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que está a punto de ser votado por el poder legislativo.
Lo que despierta la polémica no es el contenido del protocolo, en el que se proclama que todos los seres humanos «nacen libres e iguales en dignidad y derechos», sino la existencia del Comité CEDAW, integrado por 23 países, que recientemente se ha pronunciado a favor del «aborto seguro», recomendando la despenalización y su promoción en los hospitales.
La declaración, que lleva por título «Apostemos siempre por la vida», comienza recordando que «la defensa de los derechos humanos fundamentales debe ser preocupación de todos los ciudadanos».
«El primero de ellos es precisamente el derecho a la vida, que debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte natural. En cuanto ciudadanos y en cuanto cristianos, nos sentimos urgidos a dar testimonio de esta verdad», aclara la declaración publicada en la primera jornada de reuniones de la Comisión Permanente del episcopado.
«La ciencia nos enseña que la concepción genera una nueva vida humana con su propio código genético, distinto al de los padres. Si hay código genético distinto, hay una vida humana distinta que tiene la misma dignidad que la de sus progenitores», subrayan los obispos.
«La creatura humana que se desarrolla en el seno de la madre no es una parte de su cuerpo, de la cual pueda disponer a voluntad. Cortar ese proceso natural por medio del aborto equivale a destruir una vida cuyo desarrollo es autónomo, continuo y progresivo. Por lo tanto su destrucción voluntaria constituye un crimen», añaden.
«La ley argentina –sigue diciendo la declaración, que establece las pautas básicas de convivencia entre los ciudadanos, fundamenta con claridad la defensa de la vida y considera al aborto un delito».
Los prelados consideran que los argumentos esgrimidos para legalizar el aborto «reflejan los lineamientos neocolonialistas que algunos organismos internacionales intentan imponer a nuestro país y a toda América Latina».
«No podemos dejar de pensar en el célebre “Informe Kissinger” –confiesan–, que ya en la década de 1970 advertía sobre las “consecuencias del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar”».
«Por lo demás, nuestro compromiso a favor de los derechos de la mujer no puede depender de acuerdos o recomendaciones que pretenden garantizar la práctica del aborto como un servicio público», indican.
«A este propósito advertimos particularmente a nuestros legisladores sobre el peligro de dependencia cultural que entrañaría la inminente ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW», advierten.
«Invitamos a todos a no dejarse engañar por argumentaciones y estadísticas nunca comprobadas que respaldan las tendencias abortistas. La muerte provocada no puede ser camino de solución para nuestros problemas», exhortan los obispos. «Defendamos la vida, cuidemos la vida, apostemos siempre por la vida».
