LIMA, 3 septiembre 2002 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal Peruana ha salido en defensa del cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, arzobispo de Lima, citado a declarar por el Poder Judicial en un gesto considerado como un acto de «venganza» de esa institución.
El juez anticorrupción peruano José Luis Lecaros citó el pasado miércoles al cardenal Cipriani, en calidad de testigo, tras escuchar las declaraciones del ex ministro de Justicia Alberto Bustamante, quien dijo que escuchó decir al ex asesor del ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, que el cardenal tuvo conocimiento de un grave crimen.
Se trata del asesinato en 1992 de nueve alumnos y un profesor de la universidad limeña La Cantuta por un grupo paramilitar.
La citación tuvo lugar 48 horas después de que el purpurado denunciara aparentes abusos por parte de la Justicia en la lucha contra la corrupción, por lo que la prensa local considera que este gesto constituye un acto de «venganza».
El arzobispo descalificó estas acusaciones el 31 de agosto en una celebración en la que participó el presidente de Perú, Alejandro Toledo, y afirmó que no dejará «que se pisotee» su dignidad, ni la de la Iglesia católica.
Revelando que se presentará a declarar, dijo: «Estaré presente en donde sea necesario y quiere hoy la prensa que los juicios se hagan en público. No tengo nada que ver con lo que se afirma».
Por su parte, la Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado con el título «No levantar falso testimonio ni mentir» en el que critica esta sorprendente citación del Poder Judicial y denuncia el mal uso de la justicia.
«Es necesaria una investigación de la infidencia que ha permitido que el testimonio reservado de un ex ministro se haga público, dañando el honor y el buen nombre del señor cardenal Juan Luis Cipriani –explica el comunicado episcopal–. Quien es capaz de quebrantar la reserva que exige un proceso judicial, se hace incapaz de ser miembro de un Tribunal».
«El Estado de Derecho exige la autonomía de los Poderes del Estado y que cada uno de ellos se ciña a la Constitución y las leyes –añade el texto–. Es fundamental que el Poder Judicial, no sólo sea justo y eficaz, sino también que en el ejercicio de sus funciones, se gane la confianza de la sociedad por su equidad, sin acepción de personas y guardando las reservas que cada caso exija durante el proceso».
El arzobispado de Lima, publicó también un comunicado público en el que «rechaza la campaña que iniciada principalmente por el Grupo editorial «El Comercio», manipula la información –inclusive mediante supuestos documentos privados del Poder Judicial, lo cual supone una gravísima falta– con distorsiones que afectan el honor del señor cardenal e inducen a una falsa percepción de su persona, pretendiendo causar un daño a su buen nombre y buena fama».
Finalmente, el comunicado recuerda que las declaraciones del cardenal que desataron la irritación del actual Poder Judicial y de quienes buscan atacarlo «hacían eco al Mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2002: «No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón»» de Juan Pablo II.
