SANTIAGO DE CHILE, 6 ene 2001 (ZENIT.org).- El obispo castrense, monseñor Pablo Lizama, y el secretario de la Conferencia Episcopal Chilenia, Camilo Vial, entregaron ayer al presidente del país, Ricardo Lagos, un informe sobre el paradero de detenidos que desaparecieron durante la dictadura del General Augusto Pinochet.
Monseñor Vial se hizo portador de los 38 informes redactados por la Iglesia en el que se recoge el posible paradero de detenidos desaparecidos tras el golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973.
Los datos han sido reunidos gracias a informaciones recibidas por sacerdotes y obispos bajo total discreción. Se trata de elementos que, según aclaró posteriormente monseñor Vial, pueden servir para saber dónde podrían haber sido enterrados o desenterrados algunos desaparecidos.
El secretario del episcopado chileno, tras entregar la documentación, invitó a los familiares de los detenidos desaparecidos a confiar en la justicia chilena y consideró que «la reconciliación nacional se logrará con verdad, justicia, perdón y reparación».
Monseñor Lezama, por su parte, entregó el informe elaborado por las Fuerzas Armadas y los Carabineros sobre los desaparecidos.
La búsqueda formó parte de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos creada en agosto de 1998 por iniciativa del Gobierno del presidente Eduardo Frei y en la que por primera vez confluyeron militares y abogados de derechos humanos, aunque los familiares de las víctimas se mantuvieron al margen.
Los compromisos alcanzados en esa sede desembocaron en una ley que establecía el 6 de enero del año 2001 como fecha límite para recopilar los datos que permitan encontrar los restos de estas personas. La misma ley garantizó el anonimato a los informantes.
Monseñor Lizama calificó el trabajo de investigación realizado como «un esfuerzo muy serio» por parte de todos los implicados, y aclaró que ahora corresponde al presidente chileno evaluar la utilidad de los datos tal como la ley lo estipula.
«Nosotros no vamos a hablar del caso, es un tema confidencial que el señor presidente tendrá que evaluar y ver cuáles son los datos que aportar», precisó.
Estaba previsto que el presidente chileno, Ricardo Lagos, entregara hoy sábado a la justicia estos informes, así como las investigaciones presentadas por la Iglesia evangélica, las asociaciones judías y la Masonería.
Según los cálculos más optimistas, la información recopilada permitiría aclarar hasta unos 400 casos de desaparecidos, sobre un total de 1.192, aunque también han surgido versiones que reducen esa cifra a no más de 200.
