ESTRASBURGO, 25 septiembre 2003 (ZENIT.org).- El pleno del Parlamento Europeo rechazó este miércoles incluir en el texto de la futura Constitución de la Unión Europea (UE) una referencia a las raíces «judeocristianas» de Europa.
La propuesta fue rechazada por 283 votos, recibió el apoyo de 211, mientras que 15 parlamentarios se abstuvieron.
La votación buscaba aclarar la posición del Europarlamento ante la conferencia intergubernamental que se inaugurará en Roma el 4 de octubre en la que debería aprobarse el futuro Tratado constitucional.
La propuesta fue presentada por el Partido Popular Europeo (PPE) para pedir una «referencia particular» en el texto a las «raíces judeocristianas» de Europa, sin proponer una formulación específica del enunciado.
El mismo resultado obtuvo otra enmienda presentada por el grupo Unión Europea de las Naciones (UEN) en la que se pedía el «reconocimiento expreso del legado del cristianismo inscrito en la historia y en la identidad cultural de Europa», propuestos por el Partido Popular Europeo.
A pesar del que el PPE es mayoría en el Parlamento Europeo no pudo alcanzar consenso para lograr la mayoría. Contó con el apoyo del UEN, pero incluso en el seno del PPE faltó el apoyo de los conservadores británicos y de algún otro parlamentario.
Votó en contra el segundo grupo parlamentario, el Partido Socialista Europeo, así como el resto de los grupos minoritarios, junto a 30 diputados no inscritos a ningún grupo.
«Sabíamos que los números eran éstos, pero no podíamos eximirnos de la responsabilidad de presentar con fuerza la posición en la que creemos firmemente», explicó la portavoz del PPE, Katrin Ruhrmann.
El presidente del PPE, Hans-Gert Pöttering, ha «lamentado» el rechazo de la enmienda, pero ha recordado que el borrador de Constitución presentado por la Convención Europea hace referencia al patrimonio religioso en el Preámbulo.
Además, añade, el artículo 51 del proyecto de constitución reconoce de manera específica el estatuto de las Iglesias y de las comunidades que comparten una fe común.
Ruhrmann explica que la palabra pasa ahora a los gobiernos de la Unión Europea. «Si quieren, tienen la posibilidad de modificar el borrador de Constitución en el sentido en que nosotros deseamos».
