5 mayo 2001 (ZENIT.org).- El pasado 1 de mayo, La Comisión de Libertad Religiosa en el ámbito Internacional de Estados Unidos hizo público su informe anual. En una rueda de prensa celebrada el 30 de abril, el presidente de la Comisión, Elliott Abrams, comentó que la función de la Comisión no es proporcionar una visión país por país sobre cada violación de la libertad religiosa. Esta tarea la realiza el Informe Internacional sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado, que se hace público cada año en septiembre. «Nuestro trabajo es estudiar este informe y reunir información adicional…, y poner en práctica soluciones políticas creativas que el Gobierno de Estados Unidos pueda implementar para promover la libertad religiosa en el exterior», explicó Abrams.
La Comisión de Libertad Religiosa en el ámbito Internacional (USCIRF) fue establecida mediante la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998. Está encabezada por Elliott Abrams, presidente del Instituto de Ética y Política. El vicepresidente es Firuz Kazemzadeh, consejero especial de la Asamblea Espiritual Nacional de los Baha´is de Estados Unidos. Entre los miembros del USCIRF están el cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington D.C., el rabino David Saperstein, director del Centro de Actividades Religiosas del Judaísmo Reformado, y Nina Shea, directora del Centro de Libertad Religiosa en Freedom House.
En su presentación, Abrams indica que los países del informe no son todos los que integran el elenco de graves violadores de la libertad religiosa y no todos lo son en la misma manera. Los problemas también difieren ampliamente entre sí. En Indonesia y Nigeria, indica Abrams, el problema no es un gobierno central que viole la libertad religiosa, sino los funcionarios locales y estatales, y los ciudadanos, que violan las normas del gobierno central.
Informe por países
El USCIRF indica que el año pasado el Gobierno chino «ha ampliado la represión de las comunidades religiosas no registradas y ha intensificado el control de las organizaciones religiosas oficiales». Aparte de aumentar la represión contra los seguidores de Falung Gong, el Gobierno ha confiscado y destruido más de tres mil edificios y lugares religiosos no declarados, en el sudeste de China. En este tiempo, los controles gubernamentales sobre las Iglesias protestante y católica se han incrementado y los funcionarios siguen poniendo obstáculos a la instrucción y selección de dirigentes religiosos y del clero.
Respecto a India, la Comisión señala un «inquietante aumento en los últimos años de la violencia grave contra las minorías religiosas en este país». Esta violencia ha coincidido con el incremento de la influencia política de un conjunto de grupos nacionalistas hindúes, entre los que se encuentra el actual partido en el poder, el Bharatiya Janata Party (BJP).
El informe admite que India, «en general, respeta la libertad religiosa», pero añade que «existe la preocupación de que el Gobierno no esté haciendo todo lo que podría para perseguir a los autores de los atentados y contrarrestar el preponderante clima de hostilidad».
En el caso de Indonesia, la Comisión informó que se han producido muchos enfrentamientos en los que la religión o la libertad religiosa es un factor. La situación es especialmente grave en las Molucas, donde, desde el estallido en enero de 1999 de los combates entre las comunidades musulmana y cristiana, han muerto entre cinco mil y ocho mil personas.
Además «hay numerosos informes de que elementos del Ejército indonesio y de la policía local han hecho muy poco para detener los combates. Más bien, se afirma que han contribuido a ellos e incluso quizá los han iniciado».
Fuera de Asia, el USCIRF se centra en Irán, de donde se afirma que «la libertad religiosa es muy escasa», especialmente respecto a las minorías religiosas que no están oficialmente reconocidas por el Estado, y las que se considera que intentan convertir a los musulmanes. Miembros de las minorías no musulmanas oficialmente reconocidas -cristianos, judíos y seguidores de Zoroastro- son objeto de discriminación legal y otras formas de aislamiento oficial, indica el informe. Los musulmanes también sufren, indica el informe, incluyendo a algunos altos dirigentes religiosos chiítas que se han opuesto al Gobierno y han sido, en consecuencia, objeto de represión estatal.
En Africa, la Comisión eligió a Nigeria y a Sudán para un examen más detenido. El informe observa que «las amenazas a la libertad religiosa, incluyendo las noticias sobre la discriminación religiosa, son serias y aumentan». Además, los acontecimientos recientes indican un mayor deterioro de la libertad religiosa. Los estallidos de violencia entre musulmanes y cristianos «amenazan con dividir todavía más al pueblo según las líneas religiosas y minar los fundamentos de la libertad religiosa en Nigeria».
Mientras que en Sudán la situación, informan los miembros de la Comisión, ha empeorado el año pasado. El informe muestra su disconformidad con que «el tema de Sudán, en su mayor parte, quede relegado en la política de Estados Unidos». La Comisión urge a la Administración Bush a iniciar una «campaña sostenida» de protesta contra las violaciones cometidas por el Gobierno de Sudán.
El USCIRF considera que en Rusia «el futuro de la libertad religiosa sigue siendo incierto en un momento crítico en la historia de este país». La decisión gubernamental de no ampliar el plazo de presentación de solicitudes de registro bajo una ley de 1997 que exige a las organizaciones religiosas inscribirse para poder actuar como entidades legales, ha llevado a que unas 1.500 organizaciones religiosas no registradas hayan sido objeto de «liquidación» por parte del Estado.
Además, sigue el informe, el Gobierno del presidente Putin «aún tiene que establecer un modo efectivo para asegurar que las leyes, las políticas y las prácticas locales y regionales no recorten la libertad religiosa».
Recomendaciones
Aparte de las medidas específicas contempladas para cada país, la Comisión ha recomendado también que Estados Unidos use su peso en los mercados financieros para promover la libertad religiosa. El informe indica que la información sobre las empresas que hacen negocios en «países que preocupan especialmente» está siendo retenida por parte de las inversión de los ciudadanos de Estados Unidos. Además las empresas extranjeras pueden aumentar su capital en los mercados de Estados Unidos sin revelar sus intereses comerciales en estos países.
El informe hace un llamamiento a cada estadounidense o emisor extranjero de valores que esté haciendo negocios en un país designado como «País de Especial Preocupación», a revelar la naturaleza y alcance del negocio que él y sus filiales llevan cabo.
Las empresas deberían también proporcionar información sobre si ellos o sus filiales, directa o indirectamente, apoyan las prácticas de discriminación religiosa de las autoridades locales. En el tema de las sanciones económicas, el informe recomienda que el Gobierno de Estados Unidos examine en qué medida la estructuración de las transacciones de valores, o la manipulación de las relaciones empresariales por parte de emisores no estadounidenses, puede ser usada para contravenir las sanciones económicas estadounidenses.
El informe observa también que hay violaciones significativas de la libertad religiosa en algunos países que reciben ayuda de Estados Unidos. La Comisión recomienda que no se proporcione ayuda exterior a cualquier gobierno u organización privada que, en cualquier momento en los 24 meses precedentes, haya cometido acciones violentas contra individuos por motivo de su creencia o práctica religiosa, o haya servido como instrumento de las políticas oficiales gubernamentales de discriminación religiosa.
Al final de
l informe, la Comisión deja claro su disgusto por la falta de acción, el año precedente, de la entonces secretaria de Estado, Madeleine K. Albright, contra países notoriamente violadores de la libertad religiosa. El informe subraya también que Robert A. Seiple, el primer embajador para la Libertad Religiosa en el ámbito Internacional, se retiró del cargo y su puesto ha permanecido vacante.
El mandato de los miembros de la Comisión expira el 14 de mayo, y el presidente Bush debería nombrar pronto a sus sucesores, así como a un nuevo embajador. Será interesante ver cuales son las prioridades de la nueva administración en esta materia.
