Obligados a morir: las presiones a favor de la eutanasia continúan

Las medidas de salvaguarda prometidas no funcionan

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Por el padre John Flynn, L. C.

ROMA, domingo 24 de julio de 2011 (ZENIT.org). – Los defensores de la eutanasia siguen presionando a favor de su casa a pesar de haber sufrido varias derrotas recientes, como la votación que tuvo lugar en el senado francés, el pasado mes de enero, en contra de una propuesta para legalizar la eutanasia.

Esta derrota y otros contratiempos no han parado las presiones, como advertía el abogado Hugh Scher en su discurso al Tercer Simposio Internacional sobre Eutanasia y Suicidio Asistido, celebrado en Vancouver, Canadá.

El 4 de junio, Scher, que es asesor legal de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia, habló de algunos casos judiciales de Canadá, informaba B. C. Catholic el 16 de junio.

Actualmente, la Asociación para las Libertades Civiles de la Columbia Británica, junto a la familia Carter, está en plena batalla legal para defender que evitar el suicidio asistido constituya una violación de derechos y, por tanto, sea inconstitucional. Tienen la esperanza, señalaba Sher, de que su caso llegue al Tribunal Supremo de Canadá.

Poco después de estas palabras, las fuerzas pro vida de Canadá obtuvieron una victoria ante el Tribunal de Apelación de Ontario, al dictaminar este que el Centro Sanitario Sunnybrook no podía suspender de modo unilateral el soporte vital, informaba el periódico Star el 29 de junio.

Los médicos de Hassan Rasouli, en estado vegetativo, querían poner fin a su ventilación y alimentación en contra de los deseos de la familia.

El tribunal sentenció que, en tales casos, los médicos necesitan la aprobación de un comité médico provincial antes de poder ignorar los deseos de la familia.

Estados Unidos ha sido también escenario de varios enfrentamientos por la eutanasia. Un artículo en el National Catholic Register del 27 de marzo señalaba que, en fechas recientes, ha habido debates sobre la eutanasia en las cámaras legislativas de Hawai, Montana, New Hampshire y Vermont.

Desde entonces, en Oregón, donde el suicidio médico es legal, se han prohibido los kits de suicidio. El gobernador John Kitzhaber firmaba una ley que prohibía estos kits, al considerar que animaban a la gente a quitarse la vida, informaba el 29 de junio el periódico Register Guard.

Comisión en el Reino Unido

Inglaterra también ha sido escenario de una encendida disputa por la eutanasia. En junio, la BBC emitía un documental realizado por el escritor Terry Pratchett. Sufre de Alzheimer, y ha llevando adelante una campaña para cambiar la ley sobre suicidio asistido.

El documental narra la situación de Peter Smedley, que sufría una enfermedad neuromotora, por lo que viajó a Suiza para morir en las instalaciones de la organización Dignitas. El ex obispo de Rochester, Michael Nazir Ali, decía que el documental “glorificaba el suicidio”, informó el 14 de junio la BBC.

En una reseña del documental hecha el 19 de junio, Robert Epstein señalaba que, en la misma noche de su emisión, la BBC recibió 898 quejas contra él.

El programa se emitió precisamente cuando una comisión de iniciativa privada – la Comisión para la Muerte Asistida – está llevando a cabo una investigación sobre el suicidio asistido.

La preside un antiguo Lord Canciller, Lord Falconer. La financiación proviene de Terry Pratchett y del empresario Bernard Lewis, informaba el 30 de noviembre pasado el periódico Guardian.

Los críticos observaban que difícilmente será imparcial, teniendo en cuenta la participación de Pratchett, que es un activo promotor del suicidio asistido.

Los acontecimientos posteriores han confirmado estas dudas. George Pitcher, un sacerdote anglicano que tiene un blog en la página web del periódico Telegraph, comentaba un programa de radio que entrevistó a Lord Falconer.

En su post del 26 de junio Pitcher señalaba que Lord Falconer se vio obligado a admitir que nueve, de los 12 miembros de la comisión, tenían todo un historial de declaraciones a favor de cambiar la ley de suicidio asistido.

Poco después la British Medical Association (BMA) aprobaba una moción que criticaba la falta de imparcialidad de la comisión.

Según un reportaje del 6 de julio del Christian Institute, esta moción señala que una gran mayoría de los miembros de la comisión está a favor del suicidio asistido.

La postura de la BMA refleja el hecho de que la mayoría de los médicos se oponen a la eutanasia y al suicidio asistido por un médico. Un artículo publicado el 9 de marzo en Science Daily señalaba que un repaso a las investigaciones sobre este tema, realizadas durante los últimos 20 años, muestra que los médicos del Reino Unido no han estado nunca a favor del suicidio asistido.

Realizaron el estudio los doctores Ruaidhrí McCormack, Clifford M y M. Conroy, todos ellos miembros del Departamento de Medicina Paliativa del Centro Médico Milford, de Limerick, Irlanda. Analizaron 16 estudios publicados en el periodo 1990-2010.

Ilusión

Esta oposición al suicidio asistido por parte de los médicos recibía el respaldo de un artículo publicado en la revista Current Oncology: “Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la ilusión de la seguridad y el control”. El artículo de J. Pereira está en el vol. 18, edición número 2.

Pereira analizaba la experiencia de las garantías jurídicas en aquellos países europeos que han legalizado la eutanasia – Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Pereira, que se dedica a cuidados paliativos en Ottawa, Canadá, descubrió que en muchos casos estas garantías eran ineficaces o ignoradas. También examinó la situación en el estado norteamericano de Oregón.

En Holanda, en el 2005, más de 560 personas murieron sin haber dado su consentimiento explícito. Esto significa que por cada cinco personas que recibieron la eutanasia, una no había dado su consentimiento explícito, algo que exige la ley. Pereira comentaba que, a pesar de esta proporción, los intentos de llevar estos casos a juicio han resultado inútiles.

Esto, decía, ofrece “evidencias de que, con el tiempo, el sistema judicial se ha vuelto más tolerante con estas transgresiones”.

La situación en Bélgica es incluso peor. Pereira citaba un estudio reciente que examinaba la parte flamenca de Bélgica. Hubo 66 de 208 casos de eutanasia, es decir, el 32%, que se llevaron a cabo sin que se solicitase o sin el consentimiento del paciente.

El motivo más común para hacerlo es que la persona esté en coma o tenga demencia.

También encontró deficiencias en lo que respecta a la notificación obligatoria de casos de suicidio asistido. En Bélgica, Pereira descubrió que no se informaba de casi la mitad de todos los casos. No es de sorprender que también descubriera que no se cumplían los requisitos legales en los casos de los que no se informaba.

Las leyes establecen también que el acto del suicidio asistido únicamente lo puede realizar un médico. Sin embargo, un estudio en Flandes mostraba que, de las 120 enfermeras que cuidaban a pacientes de suicidio asistido, el 12% había llevado a cabo eutanasias. Este porcentaje se elevaba hasta el 45% en aquellos casos en los se realizaban sin consentimiento.

También se ordenaba que hubiera una consulta a un segundo médico. Y, en caso de que la persona no sea un enfermo terminal, en Bélgica es necesario que un tercer médico examine el caso. Según Pereira hay pruebas de que en Bélgica, Holanda y Oregón esto no es de aplicación universal.

Pereira también contaba cómo las restricciones se han ido progresivamente relajando en los últimos años. Cuando los defensores de la legalización de la eutanasia empezaron con sus presiones en Holanda, decían que esta se aplicaría a un pequeño número de casos d
e sufrimiento insoportable.

En el 2006, la Real Asociación Médica Holandesa declaró que la eutanasia debería estar abierta a todos los mayores de 70 años y cansados de vivir. Otra evidencia de esta pendiente resbaladiza fue la decisión de permitir la eutanasia a partir de los 12 años, cuando antes estaba limitada a los adultos.

«La gente gravemente enferma no necesita la eutanasia», afirmaba Nicholas Tonti-Filippini, en un artículo publicado el 5 de julio en el periódico australiano Age. Lo que la gente necesita son mejores cuidados paliativos, señalaba.

Tonti-Filippini, decano adjunto del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia de Melbourne, explicaba que el sufrimiento no le es nada extraño ya que padece una enfermedad autoinmune y es enfermo crónico.

«Lejos de proteger la dignidad de las personas gravemente enfermas y que sufren, una ley de eutanasia atentaría contra su dignidad minando el sentido de nuestro valor como individuos, independientemente de nuestro sufrimiento o nuestra discapacidad», argumentaba. Palabras a tener en mente mientras continúe el debate.

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ZENIT Staff

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