ROMA, 14 septiembre 2001 (ZENIT.org).- La batalla se ha pospuesto, pero los temas en discusión siguen en pie. En efecto, la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada a la Infancia no podrá celebrarse del 19 a 21 de septiembre, como estaba previsto, a causa de los atentados que han flagelado Nueva York, ahora bien, los debates preparatorios, en particular sobre el aborto, seguirán adelante.
El documento que se ha ido redactando en las asambleas preparatorias de la Cumbre con la participación de las delegaciones nacionales ha suscitado el escándalo en diferentes sectores: algunos pasajes del texto, en lugar de concentrarse en el objetivo de salvar millones de pequeñas e inocentes vidas humanas, se convierte en una reivindicación del aborto libre y de la difusión entre adolescentes de medios anticonceptivos sin informar a sus padres.
Estas dos propuestas han sido defendidas en las reuniones preparatorias de la Asamblea en particular por los gobiernos de la Unión Europea y por los de América Latina. Estos últimos, en la inmensa mayoría de los casos, han defendido sus propuestas en violación flagrante de sus propias constituciones nacionales, que reconocen el derecho a la vida.
Dos delegaciones han pedido rechazar estas reinvidicaciones, pues de hecho no forman parte del objetivo de la Cumbre. Estados Unidos y la Santa Sede han propuesto concentrarse en la ayuda concreta a la dramática situación de la infancia (un niño de cada doce en el mundo no llegará a celebrar su quinto cumpleaños, según el informe publicado por UNICEF este jueves).
Además, 17 países islámicos se han declarado totalmente contrarios a medidas que priven a los padres de familia de su autoridad sobre sus hijos.
Unicef (United Nations International Childen´s Emergency Fund, que después cambió en United Nation Children´s Fund) nació en 1946 con el objetivo preciso de atender a los niños víctimas de la guerra de Europa y de China.
A partir de los años sesenta adoptó las teorías maltusianas, la promoción de contraceptivos, la difusión de la práctica de la esterilización y el apoyo a los programas de reducción de los nacimientos.
En mayo de 1966, el entonces director ejecutivo Henry R. Labouisse sometió al Consejo directivo un informe titulado «Posible papel de Unicef en la planificación familiar» («Possibile role of Unicef in Family Planning»).
El debate llevó a una ruptura en el ejecutivo. Las delegaciones de Suecia, India y Pakistán apoyaron la idea de que Unicef participara en programas de control de la población; mientras que las delegaciones de los países católicos se opusieron. Las naciones africanas, a excepción de Nigeria también respondieron con un claro «no», afirmando que se trataba de programas racistas.
Hilaire Willot, quien dirigía la delegación belga, denunció el programa de control de nacimientos aplicado en India pues, según constató, «se ofrecían incentivos para aceptar abortos y esterilizaciones». En ello basó su oposición a la nueva línea de Unicef.
Para evitar la división del ejecutivo, la propuesta se congeló y se decidió afrontar caso por caso el problema de la participación e los programas de planificación familiar.
Más tarde, como también ha sucedido con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de propuestas se aceptaron con una estratagema: se cambió el nombre a los programas de reducción de los nacimientos por el de «salud reproducitva» de madres y niños.
En 1970, el mismo Labouisse recomendó al Ejecutivo que «autorizara a Unicef la inclusión de la difusión de anticonceptivos en los programas de ayuda a los gobiernos». La recomendación se acogió a pesar de muchas oposiciones.
El representante de la delegación francesa consideró que «era necesario garantizar al menos la libre voluntad de las familias»; sin embargo, Labouisse respondió que este «era un problema de los gobiernos y no de Unicef».
En 1966, Unicef gastó 700.000 dólares en programas de planificación familiar. En 1971, 2,4 millones de dólares y, en 1973, 4,2 millones de dólares en 30 países.
Con el pasar de los años, ha aumentado además la colaboración entre Unicef y la International Planned Parenthood Federation (IPPF), la asociación más poderosa del mundo en la promoción del aborto y de la anticoncepción.
En 1978, la John Hopkins University de Baltimore publicó «The Population Reports» en el que se informa de manera detallada sobre todos los proyectos de control de la población en los que participó hasta la fecha Unicef.
Entre 1987 y 1990 Unicef participó de manera sustancial en programas de planificación familiar en Nepal, Malawi, Jamaica, Burundi, Kenia, Capo Verde, Tanzania y China.
En 1987 en la Conferencia Internacional para mejorar la salud de mujeres y niños a través de la planificación familiar, celebrada en Nairobi (Kenia), Unicef apoyó abiertamente el aborto como «servicio legal, de buena calidad y accesible a todas las mujeres».
En 1992, Unicef hizo presiones para legalizar el aborto en los países en los que es ilegal. Estas presiones ya se habían constatado en 1990, motivo por el cual en la sesión del 16 de abril de 1990 el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, el arzobispo Renato Martino, denunció estas prácticas.
El 17 de abril, Martino, frente al Ejecutivo del Fondo de la ONU para la Infancia denunció que Unicef se ha convertido en una promotora del aborto.
La reiterada participación de Unicef en programas de reducción de los nacimientos llevó a la Santa Sede a retirar en 1996 la simbólica contribución anual que realizaba y que buscaba alentar la generosidad de los católicos.
El anuncio tenía lugar después de que un comunicado de prensa de Unicef anunciara que había distribuido sustancias abortivas en Ruanda y Zaire.
Tras este reconocimiento, Martino consideró que Unicef en lugar de destinar estos fondos a ayudar a los niños, los destina para acabar con vidas humanas.
En particular, la Santa Sede denunció:
–La publicación por parte de Unicef de un manual en el que se recomienda la distribución de productos abortivos para los refugiados.
–Las presiones que ejerce Unicef ante algunos países para que cambien la legislación que prohíbe el aborto.
–La participación en programas de distribución de anticonceptivos.
Si bien negó algunas de las acusaciones de la Santa Sede, Unicef presentó en el informe anual de ese año la planificación familiar (que incluye el aborto) como «uno de los medios más eficaces para combatir la pobreza».
Desde 1996 hasta hoy el contraste entre la Santa Sede y Unicef no se ha resuelto, es más, ha aumentado, a causa de las posiciones radicales asumidas por Carol Bellamy, quien desde 1995 es directora ejecutiva de Unicef.
Bellamy, siendo senadora del Partido Demócrata en el Estado de Nueva York, se dio a conocer como una de las más radicales promotoras del aborto. Batió records de votaciones a favor de propuestas legislativas a favor de su liberalización.
En septiembre de 1999, estando todavía en la Casa Blanca Bill Clinton, Bellamy fue reconfirmada como directora ejecutiva de Unicef por un segundo mandato que concluirá en abril de 2005.
