WASHINGTON, 9 noviembre 2002 (ZENIT.org).- En los últimos meses se han intensificado las conversaciones de paz entre el gobierno islámico y las fuerzas rebeldes en Sudán. Pero los reveses siguen minando el proceso, y cobrándose vidas humanas.
Como nota positiva, los dos bandos han acordado permitir a las agencias humanitarias que accedan a la población afectada por el conflicto, informaba Agence France-Presse el 28 de octubre. El acuerdo estará en vigor hasta el 31 de diciembre y afecta no sólo a las agencias de las Naciones Unidas sino también a otras 41 organizaciones de ayuda que trabajan bajo la coordinación de la Operación Salvar Vidas en Sudán (OLS) de Naciones Unidas. “Ésta es una oportunidad única como nunca ha habido para llegar hasta la gente y ocuparnos de sus necesidades”, afirmaba Ronald Sibanda de la OLS.
El acuerdo tuvo lugar poco después de que Catholic Relief Services (CRS), la Cáritas de Estados Unidos, pidiera en un comunicado del 10 de octubre el fin de la obstrucción de las operaciones humanitarias por parte del gobierno sudanés. El 27 de septiembre, las autoridades hicieron pública una prohibición en contra de los vuelos aéreos humanitarios de Naciones Unidas en el sur de Sudán, hogar de 800.000 personas, y CRS advertía de las graves consecuencias de que continuaran bloqueados los esfuerzos de ayuda.
Según el personal de campo de CRS, las últimas campañas de bombardeo han tenido como objetivo a civiles, y se han vuelto más letales al usar el gobierno de Jartum bombas más mortíferas y aviones militares más sofisticados. Nuevas ganancias del petróleo han permitido al gobierno aumentar sus gastos militares.
El pasado 20 de julio, el gobierno sudanés y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA) firmaron un protocolo de paz en Machakos, Kenya. Las conversaciones de paz se han desarrollado durante años sin éxito. El nombramiento por Estados Unidos de John Danforth como enviado especial de paz a Sudán en septiembre del 2001, y el aumento de la presión internacional sobre las partes para que negociaran, ha ayudado a la formulación del reciente acuerdo, observaba Amnistía Internacional en una declaración del 5 de agosto.
Pero la puesta en práctica del acuerdo del 20 de julio se ha visto truncada. La BBC informaba el 2 de septiembre que el gobierno sudanés suspendió las conversaciones de paz después de que los rebeldes capturaran la mayor ciudad del sur del país, Torit.
La delegación del gobierno se quejó a la organización regional, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que está mediando en las conversaciones de paz en Kenya, por el ataque a Torit y lo que describe como un intento del SPLA de cambiar el protocolo de paz de Machakos.
De hecho, en septiembre se han visto numerosos conflictos, según un comunicado del 28 de septiembre de Human Rights Watch. Las agencias de ayuda en el sur de Sudán informaron de que el gobierno había bombardeado a civiles en varias ciudades. En Mundri, por ejemplo, 11 personas fueron asesinadas y 10 heridas en un ataque contra el campo de refugiados. Las fuerzas del SPLA, por su parte, atacaron varias aldeas al sur de Mayom y ejecutaron sumariamente a un número desconocido de soldados en Torit.
Después, en octubre, después de que las tropas de gobierno volvieran a tomar Torit, se retomaron las conversaciones de paz. El 15 de octubre el gobierno anunciaba que había acordado un nuevo cese el fuego con el SPLA, informaba el New York Times al día siguiente.
Sin embargo, continúan todavía los enfrentamientos, y sólo 10 días después del nuevo cese el fuego tanto el gobierno como los rebeldes se acusan mutuamente de haber violado el acuerdo, informaba el 26 de octubre Associated Press.
El teniente general Lazaro Sumbeiwo de Kenya –un enviado de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, que media en las conversaciones– afirmaba que no era consciente de las últimas peticiones. Afirmaba que las conversaciones “habían ido muy bien”, pero que el gobierno sudanés advertía que los enfrentamientos podrían amenazar el acuerdo de alto el fuego.
Legislación de Estados Unidos
El 21 de octubre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmaba como ley el Acta de Paz para Sudán, dirigida a facilitar una solución a la guerra en Sudán. Según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano, la ley autoriza 300 millones de dólares, durante tres años, para ayudar a las áreas fuera del control gubernamental. La ayuda intenta preparar a la población para la paz, incluyendo apoyo para la administración local, la educación, la salud y la agricultura.
La ley obliga al presidente a certificar, en los seis primeros meses de su puesta en marcha y, después, cada seis meses, que el gobierno de Sudán y el SPLA están negociando de buena fe y que las conversaciones continuarán. Si no se logra tal certificación, el presidente tomará una serie de medidas, incluyendo la propuesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de un embargo de armas al gobierno sudanés y ordenar a los organismos oficiales de Estados Unidos que se opongan a los préstamos que las instituciones financieras internacionales dan a Sudán.
El ministro de Finanzas y Economía de Sudán, Ahmed Majzoub Ahmed, consideró la nueva ley “injustificada”, según un reportaje de Voice of America del 22 de octubre. Pero el portavoz del SPLA, Samson Kwaje, mostró su contento. “El gobierno de Sudán cree en una victoria militar sobre el SPLA, por lo que estamos encantado de que esta legislación pueda forzarles, al menos, a negociar de manera seria”, afirmaba.
La importancia de mejorar las condiciones de la población de Sudán quedó clara en un informe hecho para las Naciones Unidas por Gerhart Baum, observador especial de la Comisión de Derecho Humanos. El informe, presentado el 20 de agosto y hecho público por las Naciones Unidas el 25 de octubre, establecía que la población ha sufrido gravemente por los enfrentamientos, que ha causado grandes desplazamientos internos.
El observador también recibió “información alarmante que apuntaba a que continuarían los graves abusos de derechos humanos ligados a la explotación del petróleo, dirigidos a asegurar el control de las despobladas áreas ricas en petróleo”. Varios testigos contaron cómo se han usado tácticas de tierra quemada para limpiar las zonas petrolíferas. El informe observaba que las medidas incluían la creación de campos de minas antipersonal alrededor de los lugares con agua y a lo largo de los senderos donde está disponible el alimento.
Cristianos en la mira
Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó recientemente el “Informe sobre la libertad religiosa, 2001”. Su sección dedicada a Sudán hace notar que el conflicto tiene como causa varios factores. Está la cultura: los árabes contra los negros – los “esclavos” como los llaman ellos. Están también los recursos: el rico pero árido norte quiere el petróleo y el agua del fértil sur. Y está la religión: musulmanes contra cristianos.
A pesar de las dificultades, la Iglesia católica no ha perdido la esperanza. “El increíble sufrimiento que han traído tantos años de guerra, hambre y enfermedad, ha llevado a un fuerte y justo florecimiento de la vida de la iglesia entre la población de sur de Sudán”, observa el informe. “La fuerza de esta fe viene del hecho de que han estado bajo tal ataque”, explicaba el obispo Erkolano Lodu de Yei.
El conflicto, sin embargo, ha hecho difícil el conseguir vocaciones al sacerdocio. Debido a la guerra y al deseo de proteger a su gente y sus hogares, pocos hombres tienen la oportunidad o la inclinación de prestar atención a una vocación. Incluso quienes lo hacen, encuentran con frecuencia imposible estudiar en el seminario.
Una gran parte del clero más anciano de Sudán ya ha muerto, dejando pocos sac
erdotes jóvenes inundados de trabajo. Por esta razón los laicos católicos están desempeñando un papel cada vez más importante. Hablando sobre los catequistas locales, el obispo Cesare Mazzolari de Rumbek decía: “Muchos de ellos son tan buenos como los sacerdotes. Son reconocidos como líderes espirituales de sus comunidades”. Tras décadas de matanzas, los sudaneses necesitan toda la ayudan que puedan conseguir.
