ROMA, 15 noviembre 2002 (ZENIT.org).- La intervención de Juan Pablo II de este jueves ante el Parlamento Italiano constituye un acto sin precedentes: por primera vez en la historia un obispo de Roma es recibido por las dos Cámaras, en presencia de todas las autoridades del Estado.
Se trata de un gesto que décadas atrás hubiera sido imposible, pues el origen histórico del Estado italiano provocó profundas tensiones con la Santa Sede a causa de la anexión de los Estados Pontificios, así como de la ideología de algunos de los protagonistas de la unificación italiana (1870).
Los momentos más difíciles de las relaciones entre Italia y la Iglesia católica se vivieron precisamente durante el papado de san Pío IX (1846-1878).
En 1865, Pío IX escribió al primer monarca de Italia Víctor Manuel II (había sido proclamado rey en 1861) para denunciar la difícil situación que atravesaba la Iglesia católica en el país que se estaba unificando. 108 sedes episcopales de 229 estaban vacantes; 80 obispos, entre ellos 9 cardenales, fueron detenidos, procesados y condenados a la cárcel o al exilio.
El 7 de julio de 1866 se quitó todo reconocimiento jurídico a 1089 órdenes, congregaciones, y corporaciones religiosas, y sus bienes pasaron a ser propiedad del Estado. En 1867 se suprimieron 25 mil entidades eclesiásticas.
El 20 de septiembre de 1870, las tropas fieles al rey ocuparon los Estados Pontificios. Pío IX se encerró en el Vaticano y se declaró prisionero. El Papa consideraba una injusticia histórica la manera en que habían sido expropiadas las propiedades de la Iglesia y temía que con la independencia temporal perdiera también su independencia para ejercer su labor espiritual universal.
Por este motivo, en 1871, el Papa Pío IX pronunció el «Non Expedit» por el cual se impedía a los católicos tomar parte activa en la vida política de la Italia unida. En concreto, no debían votar. Surgió así una de las divisiones más profundas experimentadas por la historia de Italia.
La cuestión fue superada con los Pactos de Letrán de 1929 entre el Reino de Italia y la Santa Sede, en los que se zanjó la conciliación entre el Estado y la Iglesia católica. Aquellos pactos garantizaron la reconstrucción del Estado Pontificio, marcando los límites actuales de la Ciudad del Vaticano. Los dos Estados reconocieron la mutua soberanía. La religión católica fue reconocida como religión de Estado.
Al recordar el centenario de anexión de los Estados Pontificios, el Papa Pablo VI reconoció que históricamente supuso la «liberación» de la Iglesia del peso del poder temporal.
En 1984, la República Italiana y la Santa Sede firmaron un nuevo Concordato con el que el catolicismo dejó de ser la religión de Estado y la enseñanza religiosa en las escuelas asumió el carácter opcional. Se introdujo, además, un nuevo sistema de financiación a la Iglesia, según el cual, el ciudadano que quiere puede destinar a una religión reconocida el 8 por mil de sus impuestos personales.
El pasado de la historia italiana explica el motivo por el cual el Parlamento Italiano no había invitado nunca a un Papa a intervenir ante las dos Cámaras, así como el sorprendente interés que ha generado en el país.
En su discurso de este jueves ante el Parlamento, Juan Pablo II reconoció que la relación entre Italia y la Iglesia católica «ha pasado a través de fases y vicisitudes muy diferentes entre sí, que no han quedado fuera de las vicisitudes y contradicciones de la historia».
«Pero debemos reconocer al mismo tiempo que el desarrollo en ocasiones tumultuoso de los acontecimientos ha suscitado impulsos sumamente positivos ya sea para la Iglesia de Roma, y por tanto para la Iglesia católica, ya sea para la querida nación italiana», concluyó.
