Cuando se votó la primera ley sobre las esterilizaciones en 1934, las personas discapacitadas o en ocasiones simplemente inadaptadas eran percibidas como individuos que deterioraban la sociedad y que costaban dinero, recuerda la Fundación Jérôme Lejeune (http://www.genethique.org).
Hizo falta esperar a los años setenta para que cambiara la ley. A finales de junio, 1700 víctimas han sido indemnizadas con 19.200 euros por persona, pero consideran que el Estado también debería pedir perdón. Muchas de las peticiones de indemnización no han sido aceptadas pues las víctimas no han podido probar que la esterilización fue forzada.
Es lo que piensa Barbro Lysen, esterilizada por la fuerza en 1946 y obligada a abortar pues el médico consideraba que padecía de epilepsia (y que, por tanto, era «idiota», según la opinión de la época). Un médico en los años setenta demostró que el diagnóstico de epilepsia había sido equivocado.
