BRUSELAS, 21 julio 2003 (ZENIT.org).- Pax Christi Internacional ha pedido una ampliación de las operaciones de la ONU y de la Unión Europea en Ituri –al noreste de la República Democrática del Congo–, expresando la necesidad de que estas intervenciones formen parte de un esfuerzo más amplio por la paz.
Así se lee en las cartas del 17 de julio que el arzobispo de Kisangani y vicepresidente de Pax Christi Internacional –Laurent Monsengwo Pasinya– y Etienne De Jonghe, secretario general de la organización, enviaron al secretario general de la ONU, Kofi Annan.
A Chirs Patten, comisario europeo para Asuntos Exteriores, y Javier Solana –alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea— se les han remitido misivas en el mismo sentido.
El mandato de la MONUC (Misión de las Naciones Unidas en el Congo) terminará a finales de julio y la misión ARTEMIS de la Unión Europea finalizará el 1 de septiembre del 2003.
La primavera pasada Bunia (cabeza de partido de Ituri) fue el centro de fuertes combates entre las milicias Hema y Lendu. La Unión Europea, de acuerdo con las Naciones Unidas, desplegó una fuerza de interposición para proteger a la población civil en este punto.
«La necesidad de una fuerte presencia de la ONU para prevenir un genocidio es evidente en Bunia, pero intervenciones como la de ARTEMIS deberían formar parte de un esfuerzo más amplio por la paz», afirman los representantes de Pax Christi.
«Esperamos que la actual misión en Bunia sea la base de un mandato más amplio de la MONUC en el noreste de la República Democrática del Congo», expresan.
El texto enviado expone que una operación de la UE y/o de la ONU en la región de Ituri y en todo el país debería insertarse en un contexto que prevea el desarme de los niños-soldado, las milicias y otros implicados en el conflicto, así como el refuerzo de la sociedad civil y de las iniciativas de reconciliación entre los diferentes grupos y pueblos.
También afirma que debería contemplar «el desarrollo de un proceso político de paz más general que incluya a todos los países africanos de la región de los Grandes Lagos» y señala la urgencia de reconstruir las infraestructuras básicas para la vida de la sociedad.
La «necesidad de desarrollar nuevos instrumentos de Derecho Internacional para contrarrestar las causas económicas y estructurales del conflicto –o bien frenar el círculo vicioso de la explotación de los recursos y la importación de armas–, así como ejercer «la presión política necesaria sobre los gobierno de Ruanda y Uganda» son otros de los puntos solicitados.
Finalmente, se pide «detener la impunidad: los “señores de la guerra” y los líderes irresponsables de los grupos combativos deberían ser conducidos ante las instancias judiciales nacionales y/o internacionales».
La tragedia que se consuma en el Congo desde 1998 se ha cobrado dos millones y medio de vidas. En la zona, las potencias de la región de los Grandes Lagos se disputan el control de los inmensos recursos naturales del territorio.
La difícil situación en el noreste será una de las prioridades que el nuevo gobierno de unidad nacional, que tomó posesión el jueves pasado en Kinshasa, deberá afrontar.
El ejecutivo está dirigido por el actual presidente, Joseph Kabila, apoyado por cuatro vicepresidentes: Jean-Pierre Bemba, jefe del Movimiento de Liberación Congolés (MLC), Azarias Ruberwa, líder de la Unión Congoleña para la Democracia (RDC), Abdoulaye Yerodia Ndombasi, ex ministro de Exteriores del precedente gobierno y Arthur Z’ahidi Ngoma, en representación de la oposición política no armada.
El gobierno de unidad nacional se formó según el acuerdo de Sun City (Sudáfrica) del pasado mes de abril. De acuerdo con lo suscrito, después de dos años de la toma de posesión del gobierno de transición se celebrarán elecciones políticas y presidenciales.
