CIUDAD DEL VATICANO, 31 julio 2003 (ZENIT.org).- La Santa Sede aclara en un documento publicado este jueves que todas las leyes que buscan el reconocimiento legal de las uniones homosexuales constituyen un acto «gravemente inmoral» y no pueden recibir el voto de los políticos católicos.
«Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva», afirma el texto redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El documento, «de carácter doctrinal», de tan sólo diez páginas, lleva por título «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales» y está firmado por el cardenal Joseph Ratzinger y por el arzobispo Angelo Amato, respectivamente prefecto y secretario de la Congregación vaticana.
«No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia», afirma el documento que se caracteriza por la firmeza de sus afirmaciones.
«El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural –asegura–. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso».
Ahora bien, el mismo documento recuerda la enseñanza de la Iglesia, según la cual, «los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza». Pide, al mismo tiempo, evitar «todo signo de discriminación injusta».
«Tales personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir la castidad –recuerda–. Pero la inclinación homosexual es objetivamente desordenada, y las prácticas homosexuales son pecados gravemente contrarios a la castidad».
Las «Consideraciones» no sólo se proponen a los creyentes, sino a toda persona de buena voluntad, pues su juicio ético no sólo se fundamenta en la Revelación cristiana, sino sobre todo en la recta razón.
De hecho, el documento fundamenta su oposición al reconocimiento de las parejas homosexuales en cuatro argumentaciones: de orden racional, orden biológico y antropológico, orden social, y orden jurídico.
El argumento «de orden racional», expuesto en las «Consideraciones», considera que «las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas análogas a las de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo».
El comportamiento homosexual, aclara, puede ser un fenómeno privado o público –«legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico»–. En el segundo, «podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social».
En ese sentido, considera, «la legalización de las uniones homosexuales estaría destinada por lo tanto a causar el obscurecimiento de la percepción de algunos valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial».
Según la argumentación «de orden biológico y antropológico», el documento vaticano constata que «en las uniones homosexuales está completamente ausente la dimensión conyugal», abierta «a la transmisión de la vida».
«Como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la paternidad», afirma.
La adopción de niños por parte de homosexuales «se pondría en abierta contradicción con el principio, reconocido también por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos del Niño, según el cual el interés superior que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa».
La argumentación «de orden social» recuerda que «la sociedad debe su supervivencia a la familia fundada sobre el matrimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento legal de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institución que, en su esencia legalmente reconocida, pierde la referencia esencial a los factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y educativa».
Por último, el argumento «de orden jurídico» explica que el no otorgar reconocimiento jurídico a las parejas homosexuales no es un acto de discriminación, pues por su convivencia homosexual, no pierden «los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco».
El documento concluye explicando que «si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la responsabilidad que les es propia».
En caso de que ya exista una ley de este tipo y que no fuese posible abrogarla completamente, aclara, el parlamentario católico «puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública, con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal absoluta oposición a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo».
Las «Consideraciones» pueden leerse íntegramente en la sección de documentos de la página web de Zentit (http://www.zenit.org).
