GUADALAJARA, 21 septiembre 2003 (ZENIT.org).- El cardenal de Guadalajara (México) Juan Sandoval Íñiguez y el resto de los involucrados en la investigación por lavado de dinero que ha puesto en marcha la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra, han presentado una queja ante el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
José Antonio Ortega Sánchez, representante legal del cardenal, presentó el miércoles pasado el documento en el que manifiesta posibles violaciones a sus garantías por parte de las autoridades de la PGR, según informa «El Universal».
Además del purpurado y del propio Ortega Sánchez, se documentan las posibles violaciones contra la familia de Sandoval Íñiguez y del diputado Fernando Gómez Pérez-Peláez, como parte de los 16 involucrados en la averiguación previa que inició el ministerio público federal por posibles actividades con recursos de procedencia ilícita.
El vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago –obispo de León–, denunció recientemente una dura campaña de grupos interesados en desprestigiar a la Iglesia (Cf. Zenit, 15 de septiembre de 2003).
Como ejemplo, el prelado citó las infundadas acusaciones sobre lavado de dinero que se han lanzado contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, sucesor del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado en 1993.
Por su parte, Ortega Sánchez asegura que detrás de esta investigación existe el intento de frenar a un sector que ha exigido el esclarecimiento del asesinato del cardenal Posadas, ya que existen sospechas de que el crimen pudo ser fruto de una conspiración. De hecho, el caso se reabrió en el 2001 ante los indicios que apuntaban a esa hipótesis.
