BOSTON, 6 de diciembre de 2003 (ZENIT.org).- La decisión del 18 de noviembre del Tribunal Supremo de Massachussets que otorgaba el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo ha avivado el debate. Sea cual sea el proceso legislativo que se adopte, se adopte o no la equivalencia plena con el matrimonio, todavía queda por definir la manera en que los políticos afrontarán este espinoso tema.
Un factor que hace la vida más difícil a los defensores del concepto tradicional de matrimonio es la forma en que han sido formulados los términos del debate. En lugar de un conflicto sobre los méritos o deméritos de la homosexualidad, o un debate sobre los valores familiares, los activistas homosexuales han tenido éxito al presentar sus aspiraciones como una cuestión de derechos civiles.
Un artículo del 21 de noviembre en el Christian Science Monitor observaba que la presidenta del Tribunal Supremo de Massachussets, la juez Margaret Marshall, que fue quien escribió la opinión de la mayoría, afirma que ha vivido dos revoluciones –la caída del apartheid en su nativa Sudáfrica, y el avance de las mujeres en Estados Unidos. Ahora ella ha comenzado la tercera revolución.
Neil Rudentine, antiguo rector de la Universidad de Harvard, que dio empleo a Marshall como consejera general antes de su nombramiento para el tribunal, afirmó de sus raíces sudafricanas: «La experiencia de ver a tanta gente privada de derechos la ha dotado de una especial sensibilidad».
Marshall está casada con el columnista retirado del New York Times, Anthony Lewis. En sus editoriales, el Times y su periódico hermano The Boston Globe han abrazado la retórica de los derechos civiles para lograr el estatus de matrimonio para las uniones del mismo sexo.
Un editorial del New York Times del 20 de noviembre hacía un paralelismo con la batalla para superar el racismo. «Cuando los derechos de los grupos perjudicados se reconocen por primera vez, hay con frecuencia oposición, parte de ella feroz, y el camino que se abre puede ser duro», afirmaba. «Pero como las primeras sentencias de los tribunales que acabaron con la segregación, esto da la sensación de que es el comienzo de una revolución legal».
La columnista del Boston Globe, Eileen McNamara, en un comentario del 19 de noviembre, escribía: «El derecho a una licencia matrimonial no es un tema de moralidad ni de religión ni de ética sino de igualdad ante la ley».
Alan Hirsch, consultor principal para el Proyecto Williams sobre la Ley de Orientación Sexual y Política Pública, en la facultad de derecho de la Universidad de California-Los Angeles, también ve similitudes con temas de derechos civiles del pasado. Escribiendo el 19 de noviembre en el Los Angeles Times, Hirsch puso la decisión de Massachussets a la misma altura que la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Loving v. Virginia, que acabó con las leyes que prohibían el matrimonio interracial.
Y puesto que algunos legisladores de Massachussets están considerando dar el reconocimiento de uniones civiles a las parejas del mismo sexo, pero no de matrimonio, un editorial del 25 de noviembre del Boston Globe advierte contra esta medida, diciendo que sería «degradar a todos los ciudadanos sea cual sea su orientación sexual». El editorial advertía: «No pueden ni deben comprometerse los derechos civiles fundamentales».
«No es una elección de forma de vida»
Sin embargo, un editorial del Chicago Tribune del 20 de noviembre observaba que igualdad de derechos para los homosexuales en el contexto del empleo y otros temas es una cosa, pero lo del «matrimonio es una institución que va más allá del gobierno y entra en el campo de las instituciones religiosas y sociales».
«Reservar el matrimonio al un hombre y una mujer nunca ha supuesto una exclusión mezquina», explicaba Douglas Kmiec, en una artículo para el Los Angeles Times el 19 de noviembre. Kmiec, profesor de derecho constitucional en la Universidad Pepperdine, explicaba que el matrimonio heterosexual se basa en miles de años de experiencia, y que «el matrimonio es una institución cultural, no es una mera elección de forma de vida».
La Asociación Nacional para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad también precisó que están en juego mucho más que los derechos civiles. «El estado tiene el derecho de promover la familia tradicional, que tiene su raíz en el matrimonio», afirmaba el vice-presidente de la organización, A. Dean Byrd, en una nota de prensa el 19 de noviembre. «Los niños crecen de forma ideal en un hogar con una madre y un padre – no con dos ‘padres’ o dos ‘madres’».
La declaración también apuntaba que no sólo están implicados los derechos de los adultos. «Las parejas gays plantean un verdadero peligro para la seguridad y bienestar emocional de los niños», declaraba la nota de prensa.
Contradicción en términos
Los obispos de Estados Unidos en su declaración del 12 de noviembre sobre el matrimonio del mismo sexo explicaban que el hombre y la mujer se complementan el uno al otro y que esta complementariedad, que incluye la diferenciación sexual, «les une en una unión de amor mutuo que debería abrirse siempre a la procreación de hijos».
En el ámbito de la revelación, la Biblia proporciona amplia evidencia de que el matrimonio está reservado para la unión de los sexos opuesto. El hombre «dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo cuerpo» (Génesis 2:24). Jesús confirma este texto diciendo: «Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne» (Marcos 10:6-8).
Así, «una unión del mismo sexo contradice la naturaleza del matrimonio», afirman los obispos. Las uniones del mismo sexo no sólo no están basadas en la complementariedad natural del macho y de la hembra, sino que tampoco pueden cooperar con Dios para crear una nueva vida, añaden.
Pero restringir el matrimonio a las parejas heterosexuales no es sólo una cuestión de fe, observa el documento. «A través de las épocas, de las culturas, y de muy diversas creencias religiosas, el matrimonio es el fundamento de la familia», dice. «La familia, a su vez, es la unidad básica de la sociedad. Así, el matrimonio es una relación personal con significación pública».
Los obispos también observaban que el matrimonio entre un hombre y una mujer proporciona las mejores condiciones para la crianza de los hijos. De ahí que «el estado reconozca con razón esta relación como una institución pública en sus leyes puesto que la relación realiza una contribución única y esencial al bien común».
Es importante mantener un estatus privilegiado para el matrimonio heterosexual, añade el documento. «Las leyes desempeñan un papel educativo en cuanto conforman patrones de pensamiento y comportamiento, especialmente sobre lo que es socialmente permisible y aceptable». Además, negar el mismo status legal a las uniones del mismo sexo no constituye una injusticia, «puesto que el matrimonio y las uniones del mismo sexo son realidades esencialmente diferentes».
Los obispos de Canadá también trataron la cuestión de las uniones del mismo sexo. El matrimonio es una «institución natural que precede a todos los sistemas sociales, legales y religiosos», apuntaban en una declaración publicada el 10 de septiembre.
El matrimonio, observaban, «tiene un papel fundamental e irreemplazable en la construcción de las sociedades y las civilizaciones». Y por esta razón ha sido protegido en el pasado como institución. El matrimonio es la base de la familia y proporciona «un ambiente estable y positivo en el que criar a los hijos y educar así a las generaciones futuras».
«El matrimonio de un hombre y una mujer no es sólo una forma de asociación o modelo instituci
onal entre otros», explicaban. «La relación creada por el matrimonio de una mujer y un hombre es una realidad humana fundamental que está en la base de la comunidad social».
Y en cuanto a las leyes del estado, continuaban los obispos canadienses, éstas «deben desarrollarse no sólo según su impacto en los individuos, sino también según su impacto en el tejido social». Por esta razón, el estado tiene perfecta justificación al dar reconocimiento y preferencia al matrimonio heterosexual, dada su contribución al bien común de la sociedad. «No es discriminatorio tratar realidades diferentes de modo diferente», añadían. Ahora, la tarea para los defensores del matrimonio es conseguir que este mensaje llegue al público.
