CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 29 enero 2004 (ZENIT.org).- El fundamento del apoyo al matrimonio --que debe inspirar toda la actividad de la Iglesia, de sus pastores, de los fieles y de la sociedad civil-- reside en el bien objetivo representado por cada unión conyugal y por cada familia, advirtió Juan Pablo II este jueves.

La cuestión de la presunción de la validez del matrimonio centró la tradicional audiencia del Papa a los prelados auditores, oficiales y abogados del Tribunal de la Rota Romana --tribunal de Apelación de la Santa Sede juzga en segunda instancia las causas de tribunales eclesiásticos-- con ocasión de la apertura del año judicial.

El «favor iuris» --previsto por el derecho canónico-- del que goza el matrimonio, que implica la presunción de su validez mientras que no se demuestre lo contrario, «no representa una excepción respecto a una regla general en sentido opuesto», aclaró el Papa.

Es la aplicación al matrimonio de una presunción «que constituye un principio fundamental de todo ordenamiento jurídico --subrayó--: los actos humanos por sí lícitos y que inciden en las relaciones jurídicas se presumen válidos, estando obviamente permitida la prueba de su invalidez», aclaró.

En la dificultades que en muchos ambientes atraviesa actualmente la institución del matrimonio, hay voces críticas que se cuestionan si no sería más justo presumir la invalidez del matrimonio antes que su validez.

Ante ello, Juan Pablo II subraya que el «favor iuris» es un principio que trasciende la presunción de validez desde el momento en que «informa todas las normas canónicas, tanto sustanciales como procesales, concernientes al matrimonio», porque su fundamento «no es una opción más o menos opinable, sino el aprecio del bien objetivo representado por cada unión conyugal y por cada familia».

«Precisamente cuando está amenazado el reconocimiento personal y social de un bien así de fundamental, se descubre más profundamente su importancia para las personas y las comunidades», reconoció el Santo Padre.

En el encuentro con el Santo Padre, el decano del Tribunal de la Rota Romana, monseñor Raffaello Funghini, citó las palabras del Pío XII al respecto: «Si la tranquilidad, estabilidad y seguridad del comercio humano en general exigen que los contratos no se proclamen con ligereza nulos, esto vale aún más para un contrato como el del matrimonio, cuya firmeza y estabilidad son requeridas por el bien común de la sociedad humana y por el bien privado de los cónyuges y de la prole».

Por todo lo anterior, Juan Pablo II indicó finalmente el «deber de defender y favorecer el matrimonio», que corresponde ciertamente de forma especial «a los sagrados pastores», a la vez que es una responsabilidad «de todos los fieles, es más, de todos los hombres y de las autoridades civiles, cada uno según sus propias competencias».