CIUDAD DEL VATICANO, domingo, 29 febrero 2004 (ZENIT.org).- Juan Pablo II ha recordado que el legislador que se considera católico no puede ofrecer su apoyo a aquellas leyes que atentan contra la vida o el matrimonio.
«Me parece oportuno recordar que el legislador, y el legislador católico en particular, no puede contribuir a formular o aprobar leyes contrarias a las normas primeras y esenciales que regulan la vida moral», afirmó este sábado al recibir al nuevo embajador de Argentina ante la Santa Sede, Carlos Luis Custer.
Estos principios, indicó, son «expresión de los más elevados valores de la persona humana y procedentes en última instancia de Dios, supremo legislador».
Ante todo, exigió de los legisladores cristianos el respeto del «valor de la vida humana misma, sin el cual no sólo se quebranta el derecho de cada ser humano desde el momento de su concepción hasta su término natural, y que nadie puede arrogarse la facultad de violar, sino que se cercena también el fundamento mismo de toda convivencia humana».
El otro «otro pilar de la sociedad» que debe defender todo legislador, añadió, «es el matrimonio, unión de hombre y mujer, abierto a la vida, que da lugar a la institución natural de la familia».
«Ésta no sólo es anterior a cualquier otro orden más amplio de convivencia humana sino que lo sustenta, al ser en sí misma un tejido primigenio de relaciones íntimas guiadas por el amor, el apoyo mutuo y la solidaridad», aclaró.
«Es preciso recordar esto –reconoció claramente el Papa– en un momento en que no faltan intentos de reducir el matrimonio a mero contrato individual, de características muy diversas a las que son propias del matrimonio y de la familia, y que terminan por degradarla, como si fuera una forma de asociación accesoria dentro del cuerpo social».<br>
El 4 de noviembre de 2000, al celebrarse en Roma el Jubileo de los gobernantes, políticos y parlamentarios, el obispo de Roma reconoció que «en la actual sociedad pluralista, el legislador cristiano se encuentra ciertamente ante concepciones de vida, leyes y peticiones de legalización, que contrastan con la propia conciencia».
«En tales casos, será la prudencia cristiana, que es la virtud propia del político cristiano, la que le indique cómo comportarse para que, por un lado, no desoiga la voz de su conciencia rectamente formada y, por otra, no deje de cumplir su tarea de legislador», explicó.
«Para el cristiano de hoy, no se trata de huir del mundo en el que le ha puesto la llamada de Dios, sino más bien de dar testimonio de su propia fe y de ser coherente con los propios principios, en las circunstancias difíciles y siempre nuevas que caracterizan el ámbito político», propuso.
La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 31 de julio pasado una Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales en el que aclaraba que todas las leyes que buscan el reconocimiento legal de las uniones del mismo sexo constituyen un acto «gravemente inmoral» y no pueden recibir el voto de los políticos católicos.
En enero de 2003, el mismo organismo de la Santa Sede publicó una Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política en la que se recuerda que el respeto de la persona humana es el «principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia interior de los mismos fieles».
