CARACAS, martes, 9 marzo 2004 (ZENIT.org).- La presidencia del episcopado venezolano lanzó la semana pasada «con angustia» un nuevo llamamiento al gobierno, al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los actores políticos y a los ciudadanos para reflexionar sobre los últimos acontecimientos, que están sembrando en el país caos, represión, muerte y desapariciones.
La reciente decisión del CNE de rechazar un elevadísimo número de firmas presentadas por la oposición para avalar un referéndum revocatorio del poder del presidente Hugo Chávez ha elevado la tensión en Venezuela. A las protestas el gobierno ha respondido con la represión.
Desde el 27 de febrero, la Guardia Nacional ha ejercido una fuerte represión de algunas manifestaciones opositoras, en las que se han registrado algunas muertes.
El sábado pasado en Caracas, una vez más, miles de ciudadanos se echaron a las calles –rodeados de un cordón de seguridad– para manifestarse contra el gobierno de Chávez; mientras los líderes de la oposición pidieron otra vez «que se permita la realización del referéndum revocatorio».
El ex coronel de los «parás» Hugo Chávez, autor en 1992 de un intento de golpe, amnistiado y posteriormente elegido jefe de Estado en 1998, hace tiempo que es acusado de haber llevado al país a la peor crisis económica, política y social de los últimos 50 años.
Para lograr la convocatoria de un referéndum revocatorio se necesitan 2,4 millones de firmas. La oposición había presentado 3,4 millones, pero el CNE (de cinco miembros, tres de ellos son considerados pro gobierno) ha declarado válidas sólo 1 millón 800 mil, según cifras citadas por «Avvenire», diario católico que describe Venezuela «al borde de la guerra civil».
La oposición habla de una «estrategia dilatoria» que apunta a superar el 19 de agosto: desde ese momento, incluso si Chávez perdiera el referéndum, según la Constitución –que hizo aprobar él mismo– le tocaría al vicepresidente José Vicente Rangel concluir el mandato. Chávez conservaría el derecho de volver a presentarse como candidato presidencial en el 2006.
Si la consulta popular se celebrara antes de esa fecha –que marca la entrada en el cuarto de los seis años del periodo presidencial– y Chávez resultara revocado, entonces la Constitución ordena la celebración de comicios presidenciales inmediatos.
De acuerdo con el presidente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Central de Venezuela, Boris Bunimov, la decisión de invalidar las firmas, las acciones de represión y la dejadez del poder judicial ante los abusos de autoridad muestran que Venezuela está «en una situación pre-totalitaria».
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana advirtió –Cf. Zenit, 4 marzo 2004— que el CNE «tiene la obligación de garantizar y facilitar el ejercicio de la voluntad ciudadana, en concreto, con relación a la solicitud de referendos revocatorios dentro de los parámetros de la constitución y las leyes».
«Sin embargo –denuncian los obispos– se traslucen serias sombras en los vaivenes, contradicciones y cambios extemporáneos en el reglamento, en las reglas de juego a lo largo del proceso, en las dilaciones en cuanto a los tiempos estipulados y, sobre todo, en la subversión de dos principios básicos en toda estructura legal y ética: la no-retroactividad de leyes y reglamentos, y la presunción de buena fe de quien expresó su voluntad al firmar».
Los prelados venezolanos recuerdan además el derecho a que los miembros de la sociedad se puedan manifestar «pública, pacífica y organizadamente» y a las autoridades su deber de reconocer y permitir tal derecho, facilitado por la presencia de la fuerza pública, cuya función es «respetar y salvaguardar a las personas» y en caso de ilegalidad ejercer la disuasión, «que es bien distinto al de una acción represiva».
«Cuando ésta aflora o se instaura, con desmesura y hasta ensañamiento, como lo estamos viendo en estos días –alertan–, se desvirtúa el papel de la fuerza pública».
La oposición acusa de «violación de las leyes y de los derechos humanos» a los militares de la Guardia Nacional, habla de «detenciones ilegales» de la «Disip» (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención) y denuncia el uso de armas de fuego por parte de milicias clandestinas («escuadrones fantasma») refiriendo once muertes y decenas de heridos desde el inicio de las protestas.
De acuerdo con la Coordinadora Democrática –la alianza opositora–, hay «80 personas detenidas ilegalmente». Algunas ONG han enviado a «Amnistía Internacional» una lista de «prisioneros políticos» con los nombres de 177 hombres y mujeres arrestados durante las protestas en Caracas y en 12 Estados del interior bajo acusaciones poco claras.
Además de los «prisioneros», la lista contiene los nombres de 18 personas «asesinadas o desaparecidas».
