LONDRES, sábado, 14 enero 2006 (ZENIT.org).- La eutanasia es legal sólo en unos pocos países, pero incluso donde está prohibida los jueces son cada vez más reacios a castigar a quienes quebrantan las leyes. Un ejemplo reciente es el caso de un padre inglés, Andrew Wragg.
El hijo de 10 años de Wragg, Jacob, sufría de una enfermedad degenerativa, el síndrome de Hunter, y tenía múltiples discapacidades. El 24 de julio de 2004, Jacob fue asfixiado por su padre, llamando después a la policía para decirles que había matado a su hijo, informó el 12 de diciembre la BBC.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que el acto de Wragg había sido un «asesinato egoísta» llevado a cabo porque él ya no podía hacer frente al cuidado del chico. Pero la jueza Anne Raferty afirmó que el caso era «excepcional» y que no se ganaba enviando a la cárcel al padre. Wragg fue sentenciado a una pena de cárcel, que fue suspendida.
Tres meses antes ocurrió un caso similar. El 3 de septiembre el Times informaba de que Donald Mawditt admitió haber ayudado a matar a su esposa dándole antidepresivos, asfixiándola después. Su mujer, Maureen, sufría de hemocromatosis, una enfermedad que provoca demasiado hierro en la sangre, dañando el hígado y el páncreas y causando el fallo cardiaco. Se le dijo que sólo tenía un 50% de posibilidades de vivir más de dos años.
Durante el procedimiento, las evidencias mostraron que la pareja había hecho un pacto al casarse para poner fin a la vida del otro si sufrían de una enfermedad terminal. El juez Thomas Crowther decidió que el caso era «excepcional» y le ahorró el finalizar su condena de prisión. Mawditt recibió una sentencia de condicional por tres años.
Otro caso en 2005 fue el de Brian Blacburn, que se declaró culpable de homicidio involuntario de su esposa, Margaret. El periódico Guardian del 15 de enero del año pasado informó que Blackburn mató a su esposa, y luego intentó suicidarse.
Su esposa sufría de un caso avanzado de cáncer de estómago y habría muerte en semanas. El juez Richard Hawkins afirmó que el caso tenía «circunstancias excepcionales», y se suspendió la pena de cárcel de Blackburn.
Clemencia judicial
En casos similares, los jueces australianos también les están ahorrando a cárcel a los parientes. Un ejemplo es el caso de Catherine Anne Prior, en el estado de Tasmania.
Pryor fue juzgada culpable de intentar asesinar a su madre y se declaró culpable de ayudar a su padre a suicidarse, informó el 20 de diciembre el periódico local Mercury. En marzo de 2003, dio a su madre una inyección de insulina, y cerca de 8 meses después inyectó a su padre insulina y petidina, y puso una bolsa de plástico en su cabeza hasta que dejó de respirar.
Se dijo al tribunal que ambos padres tenían una salud endeble. Anne Grant tenía 77 años y estaba en las primeras etapas de la demencia y Peter Grant, 79, y sufría de cáncer terminal. Pryor recibió dos sentencias de cárcel que fueron suspendidas. El juez Michael Hill declaró que, según él, «la comunidad no quería que fuera a la cárcel», informaba el artículo.
En el primer caso de esta clase en el estado de Nueva Gales del Sur, un magistrado local, Alan Railton, dejó libre a Fred Thompson después de que este asesinara a su esposa, Katerina. Según el Sydney Morning Herald del 21 de febrero, le dio seis tabletas de pastillas para dormir, y luego la asfixió.
Sufría de una esclerosis múltiple avanzada. Inicialmente, las autoridades pensaron que había sido una muerte natural pero, más tarde, Thompson mismo admitió el hecho ante la policía.
No es una prueba de amor
Algunos comentaristas criticaron la clemencia mostrada en el caso de Andrew Wragg en Inglaterra. En las páginas de opinión del Telegraph del 18 de diciembre, Mary Wakefield escribía que, mientras el veredicto oficial en el caso fue que Wragg sufría de «responsabilidad disminuida», el argumento que realmente sacudió al tribunal fue que la motivación que le impulsó a matar su hijo fue el amor.
Este juicio podría animar a otros a pensar que la ley es clemente con la muerte piadosa, comentaba Wakefield. Por otra parte, parecía que «Andrew Wragg no amaba a Jacob lo suficiente para querer seguir con la rutina de cuidarle cada día hasta el final natural de su vida; él sólo lo quería lo suficiente como para matarle», observaba.
Muriel Gray, escribiendo en el periódico escocés Sunday Herald el 18 de octubre, observaba que Jacob fue «inocente de todo menos de haber nacido con una deficiencia cromosómica». Jacob sufría de su enfermedad, pero el juez se centró más en el sufrimiento de sus padres, afirmaba Gray.
Observaba además que el juez justificó la decisión del marido de matar a su hijo, incluso aunque el no era el tutor primario; era la esposa de Wragg quien tomó la principal responsabilidad en el cuidado de Jacob. Lo que la decisión significa, continuaba Gray, es que «nuestras vidas de niños discapacitados son considerablemente menos valiosas que las de quienes están sanos».
También ha continuado la presión a favor de la ley de la eutanasia en Gran Bretaña. El año pasado, en la Cámara de los Lores, Lord Joel Joffe promovió una ley que permitiera al enfermo terminal pedir ayuda para suicidarse.
Comentando la propuesta, Mons. Peter Smith, presidente del departamento para la responsabilidad cristiana y la ciudadanía de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, afirmó que lo que se necesita en su lugar es mejores cuidados paliativos.
«Las personas terminales necesitan que se las cuide de forma apropiada, dejando claro que sus vidas tienen valor, y que la sociedad no les desea muerto», afirmaba el arzobispo en una nota de prensa el 9 de noviembre. «Necesitan que se les cuide, no que se les mate».
El desastre holandés
Han seguido llegando noticias inquietantes de Holanda, el país pionero en la eutanasia legal. El 7 de mayo, el British Medical Journal informaba de que el sistema asistencial holandés ha aprobado, por primera vez, una petición de suicidio asistido de un paciente con enfermedad de Alzheimer.
El 9 de septiembre, el periódico Irish Examiner informaba que un estudio llevado a cabo por investigadores del Erasmus Medical Center de Rótterdam había encontrado que los médicos están ayudando a acelerar la muerte de niños enfermos de diversos modos, en ocasiones actuando al filo de la ley.
El estudio fue publicado en septiembre en Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. Consideraba 64 muertes de niños enfermos durante un periodo de cuatro meses. De ellos, 42 casos implicaron decisiones médicas que podrían haber acelerado su muerte.
El 29 de septiembre, Associated Press informó de que el gobierno holandés se propone ampliar su política de eutanasia, fijando las directrices para que los médicos puedan poner fin a las vidas de recién nacidos enfermos terminales con el consentimiento de los padres.
Estas directrices fueron elaboradas en 2004 por los doctores del centró médico de la Universidad de Groningen. Contemplan permitir la eutanasia en casos en los que el niño sea enfermo terminal sin perspectivas de recuperación; cuando sufra fuertes dolores; cuando dos equipos de doctores estén de acuerdo en que la situación es desesperada; y cuando los padres den su consentimiento.
El 10 de diciembre, el British Medical Journal aportó más detalles sobre los cambios. Los doctores que pongan fin a las vidas de los bebés serán juzgados por un comité de expertos médicos y legales al que se debe informar de todos los casos.
Terminar con la vida de un bebé sigue siendo ilegal, pero si los doctores se atienen a los criterios establecidos es poco probable que se les procese. Según la revista médica, desde 1997, la fiscalía pública fue puesta en conocimiento de 22 casos de doctores qu
e pusieron fin a la vida de recién nacidos. Tras dos absoluciones en los años 90, todos han sido desestimados.
El Catecismo de la Iglesia Católica explica que se pueden usar analgésicos para aliviar el sufrimiento del moribundo, incluso aunque se acorte su vida (No. 2279). Pero la eutanasia directa que busca poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas «es moralmente inaceptable», advierte el catecismo en el No. 2277. Un mensaje que los legisladores y los jueces cada vez pasan más por alto.
