Durante el XIV Encuentro Nacional de la Comisión [de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé, CEAST] para la Justicia, la Paz y las Migraciones –la pasada semana en la capital, Luanda- se evidenció la preocupación por el aumento de la violencia de carácter político en diversas partes del país africano.
Los responsables de las comisiones diocesanas –según se hace eco el órgano informativo «Fides» del dicasterio misionero- han referido en tal convocatoria el clima de tensión que se vive en varias zonas del país.
Deriva de la actitud de algunas fuerzas políticas que, en vista de las elecciones generales del año que viene, «están acentuando la presión política y psicológica sobre los ciudadanos».
Al aumento de la tensión han contribuido algunos episodios no aclarados, como la muerte de varias personas acusadas de brujería en varias provincias del país, en especial en la de Malange.
En esta zona, hace algunos meses, fue asesinado el catequista de Pungo Adongo y otras personas, apunta «Fides».
El tema de la difusión de creencias ligadas a la brujería había sido también afrontado en el documento final del encuentro –del pasado junio en Luanda– de los misioneros italianos en Angola, promovido por la Conferencia Episcopal Italiana y la CEAST.
«La feitiçaria (brujería), de consecuencias frecuentemente dramáticas, parece una tendencia que afecta cada vez más a muchos angoleños», expone el comunicado.
Se trata de «una situación que provoca a los fieles cuestionarse hasta qué punto es posible ser cristianos de manera auténtica presentando atención a creencias tradicionales que les apremian a varios niveles», añade.
«Cuando la fe no se hace vida real, o queda circunscrita a los aspectos más doctrinales, o no lleva a preocuparse de la vida del prójimo, hasta quien ha aceptado el cristianismo desde hace más tiempo no logra descubrir la fuerza sanadora de Jesucristo y, dominado por el miedo, no se sustrae a la llamada de las tradiciones ancestrales por asegurarse el deslumbramiento de una seguridad inmediata. Es en este campo en el que en Angola se registran muchos casos de sincretismo religioso», sintetiza.
De acuerdo con los responsables de «Justicia y Paz», otro motivo de preocupación está en la violencia ligada a cuestiones agrarias con «la expropiación de las tierras de los campesinos por parte de quienes detentan el poder político».
Todo esto genera en las poblaciones de las zonas del interior del país «un fuerte sentimiento de abandono y aislamiento», considera la citada Comisión.
Igualmente hubo oportunidad en el encuentro de afrontar el tema de las crecientes violaciones de los derechos humanos, el aumento de la violencia en los núcleos urbanos, el excesivo recurso a la prisión preventiva y la falta de acceso a la información por parte de la mayoría de la población.
Un millón y medio de muertos y cuatro millones de desplazados: es el balance de veintisiete años de guerra civil que se cerraron en Angola en 2002.
A pesar de sus riquezas naturales, las condiciones de vida en el país, pues, son dramáticas: el panorama de destrucción es enorme, hay millones de minas activas en su territorio y numerosísimos prófugos y combatientes que reinsertar en sus lugares de origen.
La población total actual ronda los 12 millones de habitantes.
