BUENOS AIRES, martes, 5 junio 2007 (ZENIT.org).- Ante la inminencia del tratamiento de la Ley Provincial de Educación en la Legislatura, los obispos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, han creído oportuno manifestar algunos puntos fundamentales que deberían ser tenidos en cuenta en el texto legal, en unas consideraciones hechas públicas ayer 4 de junio, en La Plata.
Consideran los obispos argentinos en primer lugar que «una Ley Provincial requiere de un debate serio, con tiempo suficiente para lograr una reflexión más acabada a nivel de las comunidades educativas y de la ciudadanía en general, padres de familia, docentes, alumnos y organizaciones comprometidas con la educación».
Reiteran e insisten «en los aportes realizados por el Consejo de Educación Católica, en especial, los que se han propuesto sobre el diagnóstico del sistema educativo que el Gobernador Felipe Solá presentó en abril de 2004, los elevados durante los años 2005 y 2006 en oportunidad de la Consulta sobre la Ley de Educación Nacional y aún los realizados en el transcurso del 2007».
Consideran también que el texto de la Ley Provincial de Educación debiera tener definidos con toda claridad una serie de principios.
En primer lugar, «la inclusión de una educación integral basada en la concepción trascendente de la persona humana y su dimensión espiritual y religiosa. Al respecto, la Ley Provincial no deberá contradecir el precepto de la Constitución Provincial que textualmente en su Artículo 199 afirma: ‘La educación tendrá por objeto la formación integral de la persona con dimensión trascendente y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, formando el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias, en el respeto a los símbolos nacionales y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia’».
En segundo lugar, proponen los obispos de la provincia de Buenos Aires, «debe garantizar explícitamente el principio de libertad de enseñanza establecido por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley de Educación Nacional».
Añaden que «debe reconocer plenamente el derecho inalienable de la familia a elegir para sus hijos una educación conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas, respetando la dimensión espiritual y trascendente de la persona. Este principio vale tanto para los padres que envían a sus hijos a las escuelas de gestión estatal como a las de gestión privada».
Con el fin de valorar cabalmente la vocación docente y la importancia social de su misión, los obispos reivindican «el derecho de la Iglesia y de otras instituciones de gestión privada, a crear y organizar sus propios Institutos de Formación Docente que les permitan asegurar el pleno cumplimiento y aplicación de sus Proyectos Educativos Institucionales».
Proponen «respetar y garantizar de acuerdo al marco jurídico vigente el funcionamiento de un único sistema de educación pública bajo dos gestiones: estatal y privada».
Indican que «para que el sistema pueda cumplir su función en forma eficiente y operativa se requiere de organismos apropiados. Entre ellos, la DIPREGEP, por la importancia que tiene en el sistema educativo provincial la escuela de gestión privada».
Para un pleno ejercicio de la libertad de enseñanza, requieren «que los Institutos de gestión privada accedan a un financiamiento en condiciones equitativas respecto de las Instituciones de gestión estatal, sobre todo aquellos que cumplen una función social en ámbitos de mayor necesidad y riesgo educativo».
«Con espíritu propositivo y de diálogo, sentimos la necesidad de hacer estas aclaraciones con el único objeto de contribuir al bien de la Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina», concluyen los obispos de la provincia de Buenos Aires.
