BUENOS AIRES, jueves, 7 junio 2007 (ZENIT.org).- Con el título, «No existe un derecho a causar la muerte de los propios hijos», la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha hecho pública una declaración, el 5 de junio, en relación a algunos proyectos de despenalización del aborto.
«Como Pastores a quienes se les ha confiado el Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, y ante la existencia de diferentes proyectos que pretenden reglamentar la posibilidad de realizar prácticas abortivas, queremos reiterar, una vez más, nuestra palabra sobre este doloroso tema», inician su declaración los obispos argentinos.
Los prelados indican que, en este momento es bueno tener presente, que, en primer lugar, «el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional».
En segundo lugar, señalan que «no existe en nuestra legislación norma alguna que autorice a los gobiernos o a las legislaturas provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, a legislar sobre cuestiones de fondo».
En tercer lugar recuerdan que «tampoco existe acto administrativo o norma alguna que pueda excluir del control de los jueces el estudio de un caso en el que se ponga en juego el derecho a la vida».
«Nunca el aborto es una solución –añaden los obispos–. La opción será siempre la vida. Estamos convencidos de esta verdad. Llamamos a cada ciudadano y ciudadana a sumar su apoyo en la defensa de la vida, y a los legisladores y legisladoras a defender la Constitución».
Y concluyen: «Que la Virgen María nos proteja y sostenga en la defensa de la vida de cada ser humano».
Por su parte, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica ha hecho pública también una Declaración en el mismo sentido, en la que expone una serie de principios legales para afirmar que «no existe un derecho a causar la muerte de los propios hijos».
«El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta garantizado por la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 323:1339, entre muchos) derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional», afirma la declaración.
En el mismo sentido, se expresa una carta dirigida por el abogado Jorge Scala, en nombre del Secretariado Nacional para la Familia a los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.
