LÉRIDA, lunes, 12 octubre 2009 (ZENIT.org).- Padres objetores de conciencia han denunciado que el Gobierno de Cataluña, España, niega a los centros la posibilidad de poder adaptar el contenido de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) a su propio ideario.
José Jaime Rico, abogado y portavoz de los padres leridanos que recurrieron contra la denegación de su derecho a la objeción de conciencia, informó de la respuesta del Departamento de Educación al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la posibilidad de adaptar la EPC al ideario de los centros privados y concertados.
En el escrito remitido por el Departamento –informa a ZENIT Ignacio Pascual, de Profesionales por la Ética de Cataluña– se dice que las bases ordenadoras de esta materia son competencia del Estado, y que son de obligado cumplimiento por las Comunidades Autónomas.
Así mismo afirma que la EPC forma parte de las áreas que se han de impartir en todos los centros, sin perjuicio del principio de autonomía pedagógica, pero a partir del marco curricular establecido. El proyecto educativo ha de contener la concreción y el desarrollo de los currículos. La flexibilidad y autonomía curricular se ha de hacer en la aplicación del currículo, de manera que sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y realidades de cada centro.
En el documento también se dice que los libros de texto y los materiales didácticos se han de adaptar al currículo aprobado por la Administración educativa, y han de reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales y estatutarios y se han de adecuar a lo que establece el Decreto que regula la ordenación de las enseñanzas correspondientes y a las prescripciones del Departamento de Educación para su aplicación, así como a los valores recogidos en la Ley de Educación de Cataluña.
José Jaime Rico ha destacado la importancia de este documento, dado que «no garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones».
Rico considera que , a pesar de que otorga una autonomía formal, «el texto supone un ataque frontal al proyecto educativo de cada centro porque impone que el proyecto tenga un contenido concreto».
El gobierno autonómico recuerda que cada uno de los distintos proyectos educativos debe permitir obligatoriamente la aplicación del currículo, que es considerado como instrumento válido para dar respuesta a las características y a las diferentes realidades de cada centro.
Lo cierto -señala el letrado objetor- es que «la Generalidad propone que un único currículum adoctrinador se imponga a una multitud de idearios formalmente libres, lo que significa que todo proyecto educativo en Cataluña vive en libertad ficticia, libertad frustrada por los grilletes del currículo».
Por su parte Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña recordó que los Decretos de la Generalidad dictados en desarrollo de los Decretos de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación «tienen un contenido aún más adoctrinador que la normativa estatal», y que «interfieren gravemente sobre el carácter propio de los centros educativos de iniciativa social».
Así mismo destacó que todavía no se ha resuelto el recurso interpuesto contra los citados Decretos.
«No es tampoco admisible -añadió- que se pretenda impartir de acuerdo con determinados principios, valores, libertades, derechos y deberes del nuevo Estatuto, o con algunos de los valores recogidos en la Ley de Educación de Cataluña que muchos ciudadanos no comparten (laicismo en la educación, ideología de género, etc…)».
«Por dichos motivos –dijo- los padres y los colegios han de luchar contra esta materia por las vías que consideren adecuadas. En particular mediante la objeción de conciencia, un derecho que recientemente ha sido reconocido en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».
«Es preciso denunciar todos aquellos contenidos, libros de texto o profesores que adoctrinen, ejercitando las acciones judiciales correspondientes, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que ni la Administración educativa, ni los centros docentes, ni los concretos profesores puedan imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas», concluyó.
