FÉNIX, miércoles 10 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- Los obispos de Arizona ha hecho un llamamiento a las autoridades gubernamentales en defensa de los más vulnerables: los no nacidos, niños, mayores y expresan preocupación por los proyectos de ley sobre inmigrantes.
La Conferencia Católica de Arizona emitió este lunes una declaración en la que los prelados afirman que sus “oraciones están con todos aquellos de nuestros representantes estatales que afrontan decisiones muy difíciles en un número de asuntos importantes”.
Entre estos asuntos, los obispos subrayan las necesidades económicas del estado, urgiendo a los funcionarios gubernamentales a “conservar siempre en la mente a los más vulnerables de entre nosotros –los no nacidos, niños, mayores y todos aquellos que están luchando por subsistir a duras penas”.
La declaración, firmada por los obispos Thomas Olmsted de Fénix, Gerald Kicanas de Tucson, y James Wall de Gallup, Nuevo México, expresan especial preocupación acerca de ciertas propuestas gubernamentales relativas a los inmigrantes.
“En particular –afirman–, entendemos que la SB 1070 y la HB 2632 son proyectos de ley idénticos encaminados a requerir un mayor refuerzo de las leyes de inmigración por parte de la policía local”.
“Algo que puede impedir que los crímenes sean declarados o perseguidos solamente hará que permanezcan en las calles peligrosos criminales, haciendo nuestras comunidades menos seguras”, señalan.
La declaración subraya otro aspecto de las normas, que haría de Arizona “el primer estado en el país que codifica que su propia ley de inmigración ilegal requiera que las personas que están aquí ilegalmente en términos de ley federal sean acusadas de entrada ilegal”, bajo la ley estatal.
“El proyecto de ley mismo no delimita la coerción de personas sospechosas de actividad criminal –señalan- mientras que deja la posibilidad de criminalizar la presencia de incluso niños y jóvenes introducidos en el país por sus padres”.
Los prelados aseguran que estos proyectos de ley “podrían llevar a la separación de los miembros de la familia que no debería producirse bajo la actual ley federal”.
“Creemos que sería mejor retirar estos proyectos de ley que correr el riesgo de una sanción punitiva e injusta”, afirman.
Los obispos reconocen que los problemas de los sistemas de inmigración son “complejos” y expresan la esperanza de que el Congreso legisle una “reforma de inmigración completa”.
“Mientras tanto –concluyen–, estamos preocupados por que la legislación local no cree nuevos problemas para las familias o tenga un impacto negativo en la seguridad pública”.
Traducido del inglés por Nieves San Martín
