CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 10 de marzo de 2010 (ZENIT.org–El Observador).- Monseñor Víctor Rene Rodríguez, obispo auxiliar de Texcoco y secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), y monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y vicepresidente del mismo organismo constataron las carencias de justicia, paz y respeto a la dignidad de las personas en México, especialmente a las mujeres y grupos vulnerables, y advirtieron que de no ser atendidas generarán más tensión en el tejido social del país.
En el marco de una conferencia de prensa, los prelados mexicanos constataron «el crecimiento de la violencia, asaltos secuestros, corrupción, extorsión y asesinatos que día a día llenan de dolor a las familias».
Expusieron que estas circunstancias «se están volviendo cotidianas en nuestra sociedad, por otro lado está la impotencia frente a la pobreza, la desigualdad, la inequidad en la distribución de la riqueza, la falta de oportunidades, de estudio, empleo y desarrollo se refleja en los ciudadanos».
Tras lo anterior, los obispos pidieron trabajar por un Estado de Derecho que garantice los derechos individuales y colectivos, así como la protección y la seguridad en bien de los ciudadanos.
Legionarios de Cristo
Los representantes eclesiásticos se pronunciaron sobre el caso de la congregación de los Legionarios de Cristo, en respuesta a las numerosas preguntas de los periodistas, suscitadas por revelaciones sobre la vida de su fundador, el padre Marcial Maciel, y por la visita apostólica que en nombre de la Santa Sede están realizando cinco obispos.
«Al ser una institución de derecho pontificio, la Santa Sede, a través de la Congregación para la Vida Consagrada tiene toda la autoridad para definir el futuro de los Legionarios de Cristo, y los obispos acataremos la decisión del Vaticano», expresaron.
En las instalaciones de la secretaria general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo auxiliar de Texcoco y arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, dejaron en claro su apoyo a las víctimas de la pederastia –calificada como delito grave–, e invitaron a estas personas «a denunciar estos actos, porque no se puede comprar un silencio que no beneficia a nadie».
«Nunca se puede cerrar el paso a la justicia. Todas las víctimas tienen el deber y el derecho de denunciar cualquier acción que haya lastimado su vida o a sus familiares, y ningún obispo debe ser obstáculo para la aplicación de la ley, de ningún modo se debe encubrir situaciones que vayan en el bien de las personas», aseguraron tajantemente los miembros del episcopado mexicano.
Aclararon que «no se debe arreglar nada en los oscuro y que se proceda conforme a Derecho, porque en el caso la pederastia es un delito abominable y se debe castigar, y si algún obispo se opusiera actuaría de manera equivocada a normatividad establecida por la Iglesia».
Por Sergio Estrada
