ESTRASBURGO, miércoles 30 de junio de 2010 (ZENIT.org).- Joseph Weiler, judío observante, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, ha defendido este miércoles el Crucifijo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Su defensa fue escuchada por 17 jueces, entre quienes se encontraba Jean-Paul Costa, presidente del Tribunal, durante una audiencia extraordinaria convocada tras la sentencia de 3 de noviembre, en la que el tribunal establecía que el Crucifijo constituye un atentado a la libertad de conciencia y al derecho del ciudadano a recibir una formación según sus convicciones religiosas o filosóficas.
De ese modo, la Corte dio razón a una ciudadana italiana, originaria de Finlandia, Soile Lautsi, que había pedido en 2002 que el Crucifijo fuera retirado de las escuelas de sus hijos en Abano Terme, provincia de Padua.
Weiler, quien es también profesor honorario de la Universidad de Londres, representó en la audiencia a los gobiernos de Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, la Federación Rusa y San Marino, que se había presentado cada uno de ellos ante el tribunal como «amicus curiae» (es decir, «tercera parte»).
Ante todo, el profesor Weiler explicó que en Europa no existe un único modelo en las relaciones Iglesia-Estado: basta ver las diferencias entre la laicidad francesa o el caso británico, donde la Reina es jefe de la Iglesia Anglicana. Otros casos son el de Suecia, Dinamarca o Grecia…
«En muchos de estos Estados ‘no-laicos’, amplios sectores de la población, incluso la mayoría, ya no son religiosos –constató el profesor–. Y sin embargo, la continua presencia de símbolos religiosos en sus lugares públicos y estatales es aceptada por la población como parte de la identidad nacional, y como un acto de tolerancia hacia los compatriotas».
«Quizá un día, los británicos, ejerciendo su soberanía constitucional, se despojarán de la Iglesia de Inglaterra, como lo hicieron los suecos. Pero es una decisión que les corresponde a ellos, no a este distinguido Tribunal», aclaró el profesor.
«Los países de la Europa de hoy han abierto sus puertas a muchos nuevos residentes y ciudadanos. Les debemos todas las garantías de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Les debemos respeto, bienvenida y no discriminación. Pero el mensaje de tolerancia hacia el otro no debería ser traducido como un mensaje de intolerancia hacia la propia identidad», añadió Weiler.
En su arenga, ante los jueces, el representante del Estado italiano, Nicola Lettieri, explicó que «no hay ningún prejuicio real en eta cuestión. Si uno mantiene una relación privilegiada con una religión, si expone símbolos religiosos, no va en contra de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. La única frontera que no hay que superar es la de buscar el adoctrinamiento o el proselitismo».
«Si el crucifijo está presente en las aulas, el motivo no es el adoctrinamiento, sino que es una expresión de un sentimiento popular que constituye el fundamento de la identidad nacional», añadió.
El representante legal de la señora Lautsi, Nicolò Paoletti, quien fue el primero en exponer las argumentaciones, afirmó que «no se puede considerar el crucifijo como un símbolo mudo y pasivo. Los hijos (de Soile Lautsi) han vivido una situación de marginación, se han sentido en una posición minoritaria».
Por este motivo, los abogados de Lautsi han denunciado el riesgo de una «tiranía de la mayoría».
En la audiencia quedó involucrado Gregor Puppinck, director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (European Centre for Law and Justice, ECLJ), pues esta institución fue reconocida oficialmente como «tercera parte», junto a 79 miembros de Parlamentos.
En declaraciones concedidas a ZENIT, Puppinck confiesa que «el Centro confía en que el Tribunal haya entendido que el derecho de los no creyentes a no creer puede eclipsar el derecho de los creyentes».
El Centro «espera también que el Tribunal entienda que no se puede exigir que un Estado renuncie a su identidad más profunda en nombre de la tolerancia».
«El pluralismo debería comenzar con el respeto entre los países», según Puppinck, quien considera sumamente significativo el que catorce Estados miembros del Consejo de Europa se hayan opuesto a la sentencia y hayan apoyado a Italia.
Además de los diez países representados por Weiler, que participan oficialmente en el caso, otros Estados han dado su apoyo oficial al Crucifijo: Ucrania, Moldavia, Albania y Serbia.
El número de Estados participantes no tiene precedentes, aclara el director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, lo que demuestra la importancia de este caso para toda Europa.
La decisión del Tribunal será pronunciada en otoño o incluso quizá en Navidad.
Por Jesús Colina
