MADRID, jueves 23 de septiembre de 2010 (ZENIT.org).- Los derechos de los padres españoles y el conflicto ocasionado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) protagonizaron la 15 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, celebrada este martes.
Grégor Puppinck, director de la organización no gubernamental European Center for Law and Justice, que tiene carácter consultivo en varias instituciones de la ONU, puso de manifiesto que el conflicto español de EpC vulnera los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
En su intervención, Puppinck recordó que más de 50.000 padres han objetado contra EpC, una asignatura obligatoria que estos padres consideran que “afecta a los valores y a la intimidad de los alumnos y sus familias”, según un comunicado de Profesionales para la Ética.
El director del ECLJ indicó, dice el comunicado, “que estas materias escolares entran en conflicto con las convicciones y la religión de numerosos padres, lo que ha dado lugar a 2.300 denuncias judiciales reclamando el derecho a objetar a EpC, obteniendo sentencias favorables en la mayoría de los casos”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo español negó a los padres ese derecho en febrero de 2009.
Puppinck concluyó su exposición calificando este hecho de “grave problema de libertad de conciencia”, y pidió al Consejo de Derechos Humanos que inste al Gobierno español “a rectificar su posición” en el conflicto frente a estos padres objetores, dado sigue vigente en el curso escolar que acaba de comenzar.
El ECLJ, con sede en Estrasburgo, es una de las entidades que representa a más de 300 españoles en su demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el conflicto de Educación para la Ciudadanía.
Para Leonor Tamayo, portavoz de Profesionales por la Ética, “es la primera vez que se presenta el conflicto español de EpC en una institución de la ONU, lo cual tiene una resonancia internacional sin precedentes”.
Tamayo recordó que Profesionales por la Ética apoya a los padres objetores que han llevado su caso a Estrasburgo y en breve presentará esta situación en otros organismos europeos relacionados con los derechos fundamentales.