NUEVA YORK, jueves 20 de octubre de 2011 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la intervención sobre desarme y seguridad internacional pronunciada por el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, el arzobispo Francis Chullikatt, el pasado 11 de octubre ante la Primera Comisión de la 66ª sesión de la Asamblea General de la ONU sobre el punto 87.
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Señor Presidente,
La paz debe ser construida a través del derecho y el derecho se puede concretar si en cada una de las cuestiones individuales prevalece la razón. El “diálogo razonado” se funda en el reconocimiento de que, con el objetivo de construir una paz duradera, ¡la fuerza de la ley debe prevalecer siempre sobre la ley de la fuerza!
A este respecto, el mensaje de la Santa Sede siempre ha sido fuerte y claro. La Santa Sede está convencida de la necesidad de basar los cimientos de la paz reconociendo la importancia del diálogo y reforzando las relaciones de amistad. Este ha sido también el mensaje propuesto por la Jornada Interreligiosa de Asís de 2011, con el que el Papa Benedicto XVI, junto a una amplia coalición de líderes religiosos, desea poner de relieve la idea de que las religiones no representan un factor de conflicto, sino de pacificación entre los pueblos y que son capaces de realizar una importante contribución a la construcción de un humanismo integral que atribuya un lugar privilegiado a la dignidad trascendente de la persona humana.
En este contexto, la paz es también fruto de la justicia, de la solidaridad y del desarrollo. Existe un vínculo íntimo entre el desarrollo y el desarme; en el marco de una sociedad edificada sobre el derecho, el desarme genera desarrollo, y el desarrollo humano integral tiene repercusiones profundas y benéficas sobre la construcción de la paz y la resolución de las cuestiones relacionadas con la seguridad.
Desde esta perspectiva, la Santa Sede afirma con firmeza su crítica a la carrera armamentística y pretende desarrollar su análisis en la esfera de las relaciones internacionales según el criterio de que la ley debe prevalecer siempre sobre la violencia. Desgraciadamente, el gasto militar en el mundo continua creciendo, según las estadísticas más recientes -las del 2010- giraba en torno a los 1.630.000 millones de dólares americanos, con un crecimiento constante con respecto al año anterior (1.569.000 millones de dólares americanos). Este dato contradice de un modo evidente los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, como hemos repetido en diversas ocasiones, contrasta claramente con la Carta de Naciones Unidas, que compromete a los Estados con el mantenimiento “de la paz y de la seguridad internacional con el mínimo dispendio de los recursos humanos y económicos mundiales para el armamento” (Carta de las Naciones Unidas, art. 26).
La comunidad internacional debe, por tanto, confrontarse con la urgente necesidad de poner un freno a esta deplorable carrera armamentística y promover un corte importante a los gastos militares. Claro que este recorte podría ser posible sólo en un clima de menor miedo y mayor confianza. Un recorte a los gastos militares podría dar mayor credibilidad a la prohibición de usar la fuerza en las relaciones internacionales, permitiendo, así, el poder asegurar un mayor respeto del derecho internacional y radicar la paz en la justicia, ya sea en las relaciones entre las naciones, ya sea en el interior de cada nación; además hace posible garantizar la seguridad en condiciones mejores y destinar las enormes sumas de dinero ahorradas a fines pacíficos.
Es, por tanto, necesario además de urgente que la comunidad internacional dedique su atención a estas cuestiones y que, consecuentemente, actúe de acuerdo a los importantes y laudables objetivos que se ha planteado.
Señor Presidente,
Estas reflexiones adquieren mayor importancia si se observa que en 2010, como también en 2011, ha habido pocos progresos en el ámbito del desarme, del control de las armas y de la reducción o de la reconversión de los gastos familiares a favor del desarrollo pacífico de los pueblos. Emblemático de esta preocupante situación es el hecho de que, desde hace demasiados años, la Conferencia sobre el Desarme parece atravesar una crisis que impide su actividad y su eficacia.
La situación, sin embargo, no carece de algún signo de esperanza. Un factor positivo revelado en 2010 fue la reducción estratégica real de las armas nucleares. Sin embargo, para ser plenamente eficaz, debe ser apoyada por una perspectiva política clara y positiva. Los recientes desastres, especialmente el dramático episodio de Fukushima en Japón, nos obligan a realizar una reflexión seria y amplia sobre el uso de la energía nuclear tanto en el ámbito civil como en el militar. A este respecto, es necesario retomar el trabajo sobre el Tratado de prohibición del material fisible y al mismo tiempo es necesario poner remedio a la inexistente entrada en vigor del Tratado para la prohibición de las pruebas nucleares: la obligación de abstenerse a realizar estas pruebas, así como el desarme nuclear, son las condiciones necesarias para persuadir a los Estados que todavía no poseen armas nucleares a respetar las normas de la no proliferación.
Hay también algunos aspectos positivos en el ámbito de las armas convencionales. Me refiero en particular a la Convención sobre las armas de racimo, firmemente apoyada por la Santa Sede, además del concepto fundamental, comprendido en la Convención, de la primaria importancia de la asistencia a las víctimas. En este contexto es necesario darle el mérito a la preciosa labor desarrollada, junto a algunos Estados, por algunas ONG. Esta cooperación debería ser valorada cada vez más y considerada un signo alentador de la vitalidad del compromiso de la sociedad civil con los valores de la justicia y de la paz.
Señor Presidente,
Hay otra observación que la Santa Sede desea realizar y es en referencia al proceso del Tratado sobre el comercio de armas, para el que el 2012 será un año importante, ya que la prevista Conferencia debería conducir a la redacción de un texto. En este contexto, las armas ligeras y de pequeño calibre no deben ser consideradas como una mercancía cualquiera que se pone a la venta en los mercados globales, regionales o nacionales. La producción, el comercio y la posesión de las mismas tienen implicaciones éticas y sociales. Deben ser reglamentadas de acuerdo a principios específicos de naturaleza moral y legal. Es necesario realizar todo esfuerzo necesario para prevenir la proliferación de todos los tipos de armas, que alientan las guerras locales y la violencia urbana y cada día asesinan a demasiadas personas en el mundo. De aquí la urgencia de adoptar algún instrumento legal, que la Santa Sede apoya plenamente, con medidas legalmente vinculantes para el control del comercio de armas y municiones convencionales a nivel global, regional y nacional.
La Santa Sede ha reconocido, a menudo, la gran importancia del actual proceso para el Tratado sobre el comercio de armas, ya que afronta de forma especial el grave coste humano producido por el comercio ilícito de armas. Un comercio de armas no reglamentado y no transparente, además de la ausencia de sistemas eficaces de control del comercio de armas a nivel internacional, producen graves consecuencias humanitarias, retrasando un desarrollo humano integral, minando el Estado de derecho, aumentando los conflictos y la inestabilidad en todo el mundo, ponen en peligro los procesos de construcción de la paz en los distintos países y difunden una cultura de violencia y de impunidad. Por esto, debemos tener siempre presentes las graves repercusiones que el comercio ilegítimo de armas tiene sobre la paz, sobre el desarrollo, sobre los derechos humanos y sobre la situación humanitaria, y especialmente, su fuerte impacto sobre las mujeres y los niños. Estas cuestiones pueden ser resueltas
de modo eficaz sólo a través del compartir las responsabilidades por parte de todos los miembros de la comunidad internacional.
El resultado del actual proceso para el Tratado sobre el comercio de armas pondrá a prueba la voluntad política de los Estados de asumir sus propias responsabilidades morales y legales, con el fin de reforzar ulteriormente el régimen internacional sobre el comercio de armas no reglamentado que existe actualmente. El hecho de prestar atención al inmenso número de personas afectas y sufrientes a causa de la difusión ilegítima de armas y municiones debería desafiar a la comunidad internacional a llegar a un Tratado para el comercio de las armas eficaz y viable. Su objetivo principal no debe ser sólo la reglamentación del comercio de armas convencionales o frenar el mercado negro de las mismas, sino sobre todo el de proteger la vida humana y construir un mundo más respetuoso con la dignidad humana.
La Santa Sede está convencida de que un Tratado sobre el comercio de armas puede dar una contribución importante a la promoción de una cultura de la paz verdaderamente global, a través de la cooperación responsable de los Estados, en colaboración con la industria de armas y en la solidaridad con la sociedad civil. Desde esta perspectiva, los esfuerzos actuales para adoptar un Tratado para el comercio de armas podría convertirse verdaderamente en un signo propicio de la voluntad política de las naciones y de los Gobiernos, tan necesaria, que asegure más paz, justicia, estabilidad y prosperidad en el mundo.
[Traducción de la versión italiana publicada en L’Osservatore Romano realizada por Carmen Álvarez]
