SIGUATEPEQUE, lunes, 8 junio 2009 (ZENIT.org).- Los miembros de la Comisión Nacional de Pastoral de Honduras se reunieron en Siguatepeque la semana pasada y emitieron un comunicado este 4 de junio en el que advierten que se está debilitando la democracia en el país.
Reunidos en Siguatepeque, los días 1 y 2 de junio para la sesión ordinaria, los miembros de la Comisión Nacional de Pastoral, analizaron la situación del país, que afirman ver «con profunda preocupación».
La Comisión denuncia estar «viviendo una catástrofe de mayor intensidad que el sismo que removió muchas estructuras físicas en el territorio y, casi como un símbolo, afectó el puente de La Democracia que lleva a la ciudad de El Progreso y al Palacio de Justicia de San Pedro Sula».
«Vemos cómo se hunde cada día más el sistema democrático con la pérdida de credibilidad y confianza de la población en sus instituciones: la Constitución de la República, los partidos políticos, los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, el Tribunal Superior de Cuentas, etc.», añade.
Pareciera, subraya la Comisión, «que se ha olvidado al pueblo y el bien común, razón para la cual existen el Estado, los partidos políticos y todas las demás instituciones. Se busca solamente el beneficio personal o de grupos, mientras las grandes mayorías siguen viviendo con problemas agudos, fruto de un sistema injusto y sin equidad.
Lo más triste de esta realidad es la pasividad, indolencia e indiferencia con que la mayoría de la población mira esta situación, dejando de ser protagonista de su historia».
Ante esta situación, la Comisión realiza su propia reflexión pastoral: «Creemos que el bien común está por encima de cualquier bien particular, y que el ‘Estado existe para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social’ (Constitución de la República de Honduras, Art. 1). ‘El bien común, al que la autoridad sirve en el Estado, se realiza plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos’ (Redemptor Hominis 17g)».
«Nuestra fe nos enseña que la justicia no puede eludir la defensa del pobre, del débil y del oprimido y que quienes tuercen el derecho y violan o manipulan las leyes atentan contra la vida y la dignidad de la persona humana creada por Dios», añade.
Recordando el magisterio de la Iglesia, la Comisión considera que: «El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 168). Con la tan llevada y traída ‘cuarta urna’, se pone en evidencia una prolongada crisis política. El Estado se está debilitando: las leyes no siempre se respetan, las instituciones no funcionan bien y los responsables no siempre cumplen con sus obligaciones. En pocas palabras parece que se está eliminando al Estado y debilitando la Democracia».
Por ello, la Comisión hace sus propuestas de acción: «Dada la situación actual del país, consideramos que el diálogo entre todos los sectores es el único camino que nos puede garantizar un verdadero Estado de Derecho. El insulto y la imposición de criterios y cualquier ideología, utilizando la intimidación o el dinero, es un abuso de poder, por eso estamos llamando urgentemente al diálogo».
«Una sociedad libre y soberana -añade- sólo se puede construir con la participación de todos, en donde nos sintamos corresponsables del país. La verdadera soberanía del pueblo se dará cuando se le devuelva el poder de pensar, decidir y elegir su futuro, escoger el bien común y velar por los más necesitados, sin ser engañado por otros intereses. Un verdadero cauce de participación no se puede hacer en contra de las mismas leyes».
La Comisión considera que «las promesas sobre el respeto a la fecha de las elecciones y la transición al nuevo Gobierno es la voluntad del pueblo y deben ser respetadas de acuerdo con las leyes».
Recordando las palabras de Jesucristo «la verdad os hará libres», pide «transparencia y coherencia en todas las acciones del gobierno, de los medios de comunicación y de todos lo que generan opinión pública, para que se diga la verdad sobre las reales u ocultas intenciones por las que se desea convocar a una Asamblea Constituyente».
Sin negar que existan elementos de la Carta Magna que podrían ser mejorados para responder a los intereses de todos, subraya la Comisión, «falta un análisis profundo y sereno para conocer los elementos que necesitan cambios, y especificar qué artículos de la constitución no están conduciendo a la justicia, la libertad y la calidad de vida».
Considera así mismo que «los caminos que se están siguiendo con la improvisación y a toda prisa, pueden conducir a la anarquía, la violencia y al deterioro de la paz».
Detrás de todo este problema, la Comisión descubre «la urgente necesidad de desarrollar la capacidad, conciencia y responsabilidad ética de los dirigentes políticos y todo funcionario público. La transparencia en la rendición de cuentas es su obligación y un derecho del pueblo para controlar y auditar a quienes ha elegido».
Una propuesta para solucionar la crisis actual, sugiere la Comisión, «podría ser que el Congreso de la República apruebe una Ley Orgánica para las figuras del Plebiscito y el Referendum ya existentes en nuestra Constitución».
Y concluye pidiendo «que la sabiduría divina nos ilumine para buscar mejores caminos de la paz y que Nuestra Señora de Suyapa, madre de todos los hondureños proteja siempre a nuestro pueblo».
Por Nieves San Martín
