BERLÍN/ROMA, viernes, 22 junio 2007 (ZENIT.org).- La «Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad» -promovida por las Naciones Unidas- podría llegar a conculcar los derechos de aquellos a quienes pretende proteger, alerta la asociación italiana «Cristiai per Servire».
Berlín acogió –el pasado 11 y 12 de junio, promovida por la presidencia alemana de la UE-, la Conferencia Internacional por las personas discapacitadas, una convocatoria dirigida principalmente a una posible y urgente operatividad de la citada Convención.
La asociación italiana «Cristianos para servir» (http://digilander.libero.it/cristianiperservire ) ha expresado su preocupación por tal acuerdo internacional, confirma su presidente, Franco Previte, a Zenit.
«Ha manifestado con una Petición al Parlamento italiano, el 28 de mayo (pasado), las reservas y las preocupaciones sobre la «confusión involuntaria cultural» que se determina acerca de las modalidades y las interpretaciones que el «Documento» podría introducir, no valorando la evidente discriminación respecto a las personas con perturbaciones psíquicas», explica.
En el Preámbulo de la «Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad», aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas –en Nueva York, el 6 de diciembre de 2006-, los 191 Estados firmantes han acordado, entre otros puntos, el reconocimiento de la «diversidad de las personas con discapacidad», recuerda Previte.
Y subraya que la Convención, en su artículo 1, reconoce que las personas con discapacidades «psíquicas, mentales, intelectuales o sensoriales de larga duración» pueden presentar obstáculos «en su plena y efectiva participación en la sociedad en un criterio de igualdad respecto a los demás»; el artículo 3.b apunta el principio general de la «no discriminación», y por su parte el artículo 4 pide a los Estados la adopción de «medidas legislativas adecuadas» «para la implementación de los derechos reconocidos» en el texto.
Así que la Convención tiene el objetivo «de afirmar con notable énfasis que todos los ciudadanos discapacitados, especialmente los más vulnerables, deben disfrutar de los mismos derechos», sintetiza Previte.
Pero alerta de que no se puede compartir la Convención «en los puntos que tratan de la reproducción y la planificación familiar [artículos 23.b y 25.a]», pues «en cuanto al acceso a los servicios reproductivos o salud reproductiva podrían promover la contracepción, favorecer el aborto, la limitación de nacimientos, la esterilización, la no responsabilidad en las relaciones sexuales que aumenta la difusión de la epidemia del Hiv/Sida, descuidando la procreación responsable u otros temas».
Advierte de que todo ello está en contraste «con el articulo 10 por el «inalienable derecho a la vida», con el artículo 15 en el que «nadie deberá ser sometido a experimentos médico-científicos», y con el artículo 16 en el que se está en contra de «toda forma de explotación, violencia o abuso»».
Según Previte, tales métodos parecen remitirse a una ideología de eugenesia.
«La comunidad social -considera- debería ser el lugar donde la persona humana en condiciones de enfermedad, ya sea física o mental, encuentre solidaridad, defensa y protección, más que la expresión de los que reconocen más el valor de los animales y sitúan al hombre al mismo nivel, ¡o por debajo!».
