PARÍS, martes 1 de febrero de 2011 (ZENIT.org).- El Consejo Constitucional de Francia, órgano que en ese país tutela la constitucionalidad de las leyes, hizo pública, el pasado viernes 28 de enero, su respuesta a la llamada “Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad” (QPC), planteada por dos mujeres lesbianas, Corinne Cestino y Sophie Hasslauer, y estableció que la actual prohibición del matrimonio homosexual es conforme a la Constitución del país.
Según las dos mujeres, que conviven casi 15 años y que están ya unidas por el PACS o Pacto Civil de Solidaridad, el único modo de tutelar al máximo los cuatro hijos que crecen con ellas es el matrimonio. Con el apoyo activo de los grupos de derechos de los homosexuales SOS Homophobie y la Asociación de padres y futuros padres gays y lesbianas (APGL), las dos mujeres pedían, por el bien de sus hijos, el derecho de poderse casar, cosa que los legisladores han negado hasta ahora.
La actual prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y especialmente los artículos 75 y 144 del Código Civil, decían las dos mujeres, serían contrarios a los derechos y libertades que la Constitución francesa garantiza en su artículo 66, especialmente el derecho a la libertad de matrimonio, al derecho de una vida familiar normal y al principio de igualdad ante la ley.
En su respuesta, que se puede consultar en la web del organismo*, los “sabios” (como se conoce a los miembros del Conseil Constitutionnel), reiteran que el artículo 66 de la Constitución, que prohíbe la detención arbitraria, no es aplicable al matrimonio. “El principio de la acusación basado en la violación del artículo 66 de la Constitución no es válido”, escribe el Consejo en su sentencia.
Los “sabios” observan, por otro lado, que los artículos 75 y 144 del Código Civil no obstaculizan la libertad de las parejas homosexuales de vivir en concubinato o beneficiarse del marco jurídico que ofrece el PACS. Además “el derecho a tener una vida familiar normal no implica un derecho a casarse para las parejas del mismo sexo”.
El Consejo confirma además la sentencia del 13 de marzo de 2007 emitida por el Tribunal de Casación, que había anulado el “matrimonio” gay celebrado en mayo de 2004 por el alcalde ecologista de Bègles, Nöel Mamère, y establece que los dos artículos “implicados” del Código Civil están de acuerdo con la Constitución. Según los “sabios” la ley es muy concreta y no deja ninguna duda. “Según la ley francesa el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer”, dice.
Por este motivo, continúa la sentencia, “el legislador, en el ejercicio de sus funciones […], ha valorado que la diferencia de situaciones entre las parejas del mismo sexo y las parejas compuestas por un hombre y una mujer puede justificar una diferencia de tratamiento en cuanto a las reglas del derecho de familia”.
La sentencia ha decepcionado a la pareja demandante y ha amargado a las asociaciones pro derechos gay. Corinne Cestino y Sophie Hasslauer hablan de una sentencia “escandalosa”. “Las máximas instancias del Estado institucionalizan la homofobia”, dijeron (Le Monde, 28 de enero). La abogada de las asociaciones SOS Homophobie y APGL. Caroline Mécary, declaró en un comunicado que “el Consejo Constitucional ha malgastado una oportunidad histórica para poner fin a una discriminación que se ha vuelto intolerable para más de tres millones de personas gays y lesbianas en Francia”. Probablemente es necesario “esperar a una alternativa política en 2012, de manera que los partidos de izquierdas, que son favorables a la apertura del matrimonio y de la adopción para parejas del mismo sexo, inicien una reforma” (Agence France-Presse, 28 de enero).
Mientras que la Asociación Act Up-Paris habla incluso de una “furia homofóbica”, para Nöel Mamère, que en 2004 había celebrado el primer matrimonio gay de Francia (que después fue anulado), la sentencia no es una sorpresa sino que además es “interesante porque no cierra la puerta a la apertura del matrimonio para parejas del mismo sexo” (Le Monde).
Christine Boutin, presidenta del Partido Cristiano-Democrático (PCD), ha alabado la sentencia y ha hablado de una “decisión que respeta nuestra tradición jurídico-política”. “Aquellos que han pensado obtener satisfacción a través la multiplicación de pequeños procedimientos, encuentran hoy la respuesta: en Francia, el derecho no es el objeto de tal o tal lobby” (AFP, 28 de enero).
También para el Collectif pour l’Enfant ha expresado su satisfacción por la sentencia “Si, en nombre de la libertad individual, se autoriza a las personas a casarse con una persona del mismo sexo, ¿por qué razón se podría mantener la prohibición relativa a la poligamia? Esto sería discriminatorio hacia todas las personas que se aman”, dijo la portavoz del organismo, Béatrice Bourges (Chrétienté.info, 28 de enero).
La pregunta que queda es la siguiente ¿qué sucederá ahora? Se podría interpretar la sentencia del pasado viernes como una invitación de parte del Consejo Constitucional a los legisladores para legislar y modificar el Código Civil. Este es el temor de François de Lacoste Lareymondie. “A primera vista se podría estar satisfecho con la respuesta que han dado los ‘sabios’ a la cuestión prioritaria de constitucionalidad”, observó el vicepresidente de la Association pour la Fondation de service politique (Décryptage, 28 de enero).
Pero lo que le preocupa al autor es que en la sentencia del 28 de enero, el Consejo Constitucional ha hecho “exactamente el mismo razonamiento” que cuando en 1975 validó la ley Veil sobre el aborto y confirmó “su rechazo a considerar las bases de toda sociedad política y de inclinarse hacia las cuestiones ontológicas”. Podemos apostar, continúa el autor, a que en el Parlamento pronto aparecerá la propuesta a favor del reconocimiento del matrimonio homosexual y sobre todo que el Consejo Constitucional no censurará está ley, sino que la aprobará ya que casi se ha comprometido a hacerlo.
Por Paul de Maeyer
[Traducción del italiano por Carmen Álvarez]
