BOGOTÁ, viernes, 18 junio 2004 (ZENIT.org).- «Profundamente conmovida», la Conferencia Episcopal de Colombia ha condenado «el acto de barbarie» perpetrado presumiblemente por la guerrilla rebelde de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en el corregimiento de La Gabarra (Norte de Santander), cerca de la frontera con Venezuela, donde fueron asesinados 34 campesinos el pasado martes.
El episcopado eleva una plegaria al Señor por los desaparecidos y sus familias –recoge «El Catolicismo», de la archidiócesis de Bogotá– y «hace un llamado a los alzados en armas para que rechacen la violencia, ya que estos procedimientos van en contravía de los esfuerzos que se vienen haciendo en beneficio de la paz».
Igualmente «ora al Señor, para que abone en favor de la paz, la alta cuota de sangre y de sufrimiento que ha pagado el pueblo colombiano».
34 recolectores de coca fueron ejecutados a sangre fría por un grupo de hombres armados en la zona de La Gabarra. Las autoridades calculan que en la región hay sembradas 10 mil hectáreas de coca, cuyos beneficios generan fuertes conflictos entre los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y las FARC.
El ataque fue obra de una treintena de hombres armados que entraron en la finca «La Duquesa» de madrugada. Despertaron a golpes a los recolectores de coca, les ataron, les echaron al suelo y a continuación les dispararon. De las 34 víctimas mortales, dos son menores de edad. Siete resultaron heridos. Otros se salvaron porque huyeron o fingieron estar muertos.
Uno de los campesinos, en declaraciones a las radios colombianas, relató que fueron interrogados sobre su presencia en la finca por los asaltantes –recoge «El Clarín»–: «Les respondimos que trabajamos para mantener la familia, pero él nos dijo que estaba prohibido trabajar en la zona por el conflicto que hay». «No escucharon razones, venían directamente a cometer la masacre», añadió.
El comandante de la policía regional de Catatumbo, Oscar Lozano, atribuyó la masacre a los hombres de Manuel «Tirofijo» Marulanda, quienes atacaron a los recolectores de coca, acusados de trabajar para los paramilitares con los que la guerrilla lucha desde hace tiempo por el control del territorio, rico en plantaciones ilegales.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha condenado «enérgicamente» la masacre y en un comunicado ha calificado la acción «como un crimen de guerra», pidiendo un pronunciamiento del «secretariado» del principal grupo guerrillero colombianos sobre lo ocurrido.
«¡Qué tristeza, cómo degollaron a nuestros campesinos! ¿Qué es eso? ¿Eso es de la vieja guerrilla ideológica? ¿Es eso de la vieja guerrilla idealista? ¿Es eso de la guerrilla que quiso que se le considerara organización política? No, eso es del puro mezquino terrorismo», afirmó el miércoles el presidente colombiano Álvaro Uribe durante un acto en Bogotá.
Fuentes militares citadas por «Misna» sostienen que en Catatumbo opera el Frente 33 de las FARC –unos 300 hombres— y el Bloque Norte de las AUC –unos 900–. Los enfrentamientos por el control de los cultivos de coca han provocado en la región más de 4.000 muertos en los últimos 3 años; sólo en el año 2003, los «desplazados» llegados a los centros de Cúcuta y Ocaña fueron al menos 20 mil.
