NUEVA YORK, martes, 30 octubre 2007 (ZENIT.org).- La Santa Sede ha pedido que la organización de las Naciones Unidas pueda desempeñar un papel clave para asegurar el respeto a los tratados internacionales.
Así lo expresó el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, el pasado 26 de octubre en la 62 Asamblea General, en su intervención sobre el primado de la ley en el ámbito nacional e internacional.
«El papel de Naciones Unidas en la creación y aplicación de los tratados internacionales es fundamental. Asegurando que los principios de libre consenso, de la buena fe y del ‘pacta sunt servanda’ (los pactos deben ser respetados), esta organización garantiza que las relaciones entre los estados estén reguladas por tratados internacionales aplicables, y guiadas por la razón, la justicia y negociaciones honestas, en lugar de por el miedo, la fuerza o la manipulación».
«A la hora de hacer respetar estos tratados, Naciones Unidas debe ser un árbitro neutral y debe respetar la intención y el deseo de las partes. Un sistema de tratados que resulte opaco o no fiable para los estados miembros, puede minar el fundamento del primado de la ley y disminuye la credibilidad y la legitimidad de Naciones Unidas, como promotora y garante del derecho internacional», explicó.
El arzobispo Migliore indicó que algunos estados no tienen la «capacidad técnica de afrontar todas sus obligaciones internacionales».
«La asistencia técnica a estos países es por tanto de fundamental importancia, si se deben respetar el derecho internacional y los tratados», dijo.
En cuanto al terrorismo, el arzobispo observó que «el primado de la ley es a veces difícil de aplicar a terroristas que tienen poco respeto a la misma o no lo tienen en absoluto».
«Los estados no deben tomar medidas contrarias a los principios que les dan legitimidad mediante el primado de la ley».
El arzobispo Migliore subrayó que la delegación de la Santa Sede cree que hace falta continuar el debate sobre el modo de tratar con estados u organizaciones que cometen crímenes contra la humanidad.
«Ulteriores progresos se han hecho también en el documento sobre Resultados de la Cumbre Mundial con el que, entre otras cosas, todos los estados miembros afirmaron la responsabilidad internacional colectiva de defender a las poblaciones del genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad, y su voluntad de actuar de modo oportuno y decidido a este fin, a través del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos se revelan inadecuados, y es evidente que las autoridades nacionales no logran hacerlo».
«Mi delegación cree que hace falta proseguir el debate y la codificación jurídica en esta línea, en la que la soberanía no se entiende como un derecho absoluto, que se usa como escudo contra la implicación exterior, sino como responsabilidad no sólo de defender a los ciudadanos sino de promover su bienestar», comentó.
«Mediante la creación de normas, arbitrio de disputas legales, e instituciones de salvoconductos, sobre todo cuando los estados fracasan en su tarea defensiva, la organización de las Naciones Unidas está llamada a ser un foro propulsor para el primado de la ley en cada rincón del planeta», concluyó.
