CIUDAD DE GUATEMALA, 3 noviembre 2002 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Guatemala ha publicado un «Comunicado» en el que pide que la justicia siga su curso para aclarar el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, monseñor Juan José Gerardi Conedera.
Al concluir la reunión plenaria ordinaria este 30 de octubre, los obispos se han vuelto a dirigir a los fieles católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para recordar la labor pastoral y social a favor de los Derechos Humanos, del prelado, asesinado el 26 de abril de 1998.
«Su muerte fue para Guatemala entera una gran pérdida que condenamos radicalmente. Desde entonces hemos pedido reiteradamente el esclarecimiento de los hechos», recuerdan.
«Reconocemos que este proceso ha sido largo –añaden–, pero mantenemos la esperanza de que se llegue a conocer plenamente la verdad».
«Buscar la justicia en Guatemala implica hoy enfrentarse con la impunidad que condiciona la independencia y la libertad de quienes están encargados de administrar justicia», afirma el comunicado.
«Comprobamos que a lo largo del proceso judicial seguido para el esclarecimiento del asesinato contra monseñor Juan José Gerardi Conedera se ha puesto de manifiesto que existen todavía grupos de poder sumamente interesados en ocultar la verdad», reconocen los obispos.
«Por ello nos preocupa y sorprende la sentencia recientemente dictada por la Sala Cuarta de Apelaciones», en la que se anuló la primera sentencia contra los supuestos asesinos y cómplices del asesinato.
Por un «vicio de forma», un tribunal de apelación de Ciudad de Guatemala anuló a inicios de octubre las condenas impuestas en primera instancia a tres militares y un sacerdote por el asesinato de monseñor Gerardi.
La justicia ha ordenado ahora un nuevo juicio a los militares, el coronel retirado Disrael Lima Estrada, el capitán Byron Lima Oliva y el sargento Obdulio Villanueva, y el sacerdote Mario Orantes.
Los jueces de primera instancia habían condenado en junio de 2001 a los tres militares a 30 años de prisión por «ejecución extrajudicial» y al padre Orantes a 20 años por «complicidad».
El primer veredicto calificó además el móvil del homicidio como «político», en relación al trabajo realizado por monseñor Gerardi en el marco del proyecto diocesano REMHI (Informe Para la Recuperación de la Memoria Histórica, «Guatemala, Nunca Más»).
Ante esta situación, los obispos de Guatemala manifiestan en el comunicado su «total respaldo a las acciones legales emprendidas por el Arzobispado de Guatemala», afirman.
«Pedimos a todas las instancias relacionadas con este caso, mantengan valientemente la independencia y el apego a la verdad que su labor requiere –añaden–. Apoyamos a quienes realizan un trabajo profesional a favor de la verdad y la justicia, aún muchas veces con el riesgo de su propia vida».
«Al pedir a todos los guatemaltecos mantener su atención sobre este caso –concluyen–, invocamos del Señor por intercesión de la Santísima Virgen María del Rosario, que nos conceda caminos de paz, justicia y reconciliación para Guatemala».
